Los mineros del oro, sobre todo los garimpeiros brasileños, con el patrocinio de las mafias auríferas internacionales de Bélgica, Inglaterra, Holanda, USA, Brasil, Colombia, Guyana y hasta Uruguay han venido devastando de la manera mas atroz los ríos y la selva de la amazonia venezolana, sobre todo en la cuenca alta del Río Orinoco y en la Sierra de Parima. La explotación de aluvión prevalece sobre la de veta. En ella se utilizan motobombas de alto caballaje para horadar hidráulicamente la tierra y producir grandes cantidades de barro, el cual es cribado para separar el oro, mediante el auxilio de grandes cantidades de mercurio que son utilizadas para aglutinar el polvo y las partículas de oro.
De esta manera se remueven varios metros cúbicos de suelo para obtener algunos gramos de oro y la acción vandálica del garimpeiro deja en la selva su marca inconfundible: grandes fosas en el sitio donde antes existía vegetación exuberante. Queda también como secuela una drástica contaminación de los cursos superficiales de agua que ocasiona numerosas enfermedades y decesos en la flora y en la avifauna, alterando además sus ciclos reproductivos. Los daños causados hasta ahora al ecosistema y, fundamentalmente, a la diversidad biológica podrían demandar más de un siglo –a contar del cese de la actividad minera--para ser revertidos. Por si fuera poco, en cuanto concierne al Río Caroní, el arrastre aluvional de sus afluentes acelera la sedimentación de las principales represas de generación eléctrica del país.
Año tras año esta acción vandálica que no tiene licencias ni permisos de ningún tipo por parte del gobierno venezolano, acaba con centenares de hectáreas de vegetación en las zonas más vulnerables, ecológicamente, de nuestra amazonia. En 1992 un enorme operativo de la Guardia Nacional logró expulsar del país alrededor de 500 mineros de una cifra superior a mil que estaban activos en las explotaciones ilegales. Después del operativo volvieron los gobiernos a hacerse la vista gorda ante el problema, hasta que ahora, mediante EL PLAN CAURA, nuestras Fuerzas Armadas han logrado golpear duramente estas organizaciones delictivas. Los hallazgos de los militares en el primer mes de operación, en sólo una pequeña porción del territorio afectado, son espeluznantes: se han decomisado más de 400 motobombas y mas de 100 kilómetros de manguera de 6 pulgadas y se desmanteló un campamento de 800 personas en el cual operaban 14 burdeles. Una de las personas presentes en el campamento dio fé de la ocurrencia de un promedio de 30 muertes semanales en pleitos a machete. Lo mas impresionante fue la incautación de un video promocional que exalta las condiciones de vida del minero, el cual es utilizado en Brasil para captar mano de obra que supla a los garimpeiros que pierden la vida cada semana en los campamentos.
Las mafias internacionales son las autoras intelectuales de este ecocidio. Puesto que no se concibe que un garimpeiro, ni siquiera asociado con otros, pueda pagar en Bolívares ochenta millones por una motobomba, diez millones por unos metros de manguera, cincuenta millones por un rancho de tablas y zinc, un millón por el transporte aéreo entre campamentos, ni los altos costos de los bienes y servicios en los campamentos. Además, en lo profundo de la selva, una individualidad no tendría modo alguno de sacar a la venta el producto de su trabajo.
No basta con expulsar a los garimpeiros de todas las nacionalidades que estan operando ilegalmente en nuestra amazonia y que son los autores materiales de este ilícito ambiental. Nuestra legislación ambiental establece sanciones muy precisas para este ecocidio que deben ser aplicadas con severidad para que se siente el precedente y se desestimule la llegada a futuro de nuevas hordas depredadoras. Sólo podrían concederse atenuantes en las penas a quienes faciliten el enjuiciamiento, en los tribunales internacionales, de las mafias del oro y las piedras preciosas que son las autoras intelectuales de este crimen contra natura: debemos ir por ellas a sus madrigueras ¡!
Esta exitosa acción militar no puede decaer. Debe llegar hasta sus últimas consecuencias e ir estableciendo puestos de control en los sitios ya liberados de la explotación minera para evitar la reincidencia. Por otra parte, se hace necesario generar los instrumentos legales y administrativos para que sea nacionalizada la explotación del oro y de las piedras preciosas y para que sea el Estado quien se encargue de esta actividad, cuyo producto podría ser aplicado, mediante la creación de un fondo especial, a la recuperación del ecosistema y a la cancelación de la deuda externa de nuestro país.
Venezuela reclama que se impongan drásticas sanciones a quienes han venido arrasando inmisericordemente nuestras selvas para obtener, a costa de lo que sea, los altos beneficios de la explotación aurífera. Los daños infringidos a nuestro patrimonio ambiental, la abierta violación de nuestras leyes y el maltrato, el desalojo y muchas veces la muerte de los indígenas venezolanos radicados ancestralmente en esa zona, reclaman la aplicación del poder cohercitivo del estado y que todo el peso de la ley recaiga sobre los culpables, con mayor rigor en nuestros connacionales que resulten comprometidos en este bestial ecocidio.