El diputado (PJ) Julio Borges, le recrimino al gobierno, el pasado 20/12, su presunta aceptación de los derechos colombianos sobre el Golfo de Venezuela. Es un hecho, que bien o mal fundamentado, es saludable. Muestra una preocupación sobre la seguridad estratégica del Estado que no exhibía en el pasado reciente. De hecho, hasta el 15/8, en el marco de la Coordinadora Democrática, participó, activa o pasivamente, en todas las gestiones realizadas por esa coalición opositora para buscar una intervención militar extranjera sobre Venezuela. Se buscó y se obtuvo una injerencia de poderes extranjeros en los procesos internos nacionales, con el potencial de provocar una acción bélica contra el país. Una acción que en el marco estratégico internacional presente, implicaba la actuación del Estado colombiano, que por larga data ha sido agente de los intereses estadounidenses en el ámbito indoamericano. Se habría clausurado de facto el derecho al dominio venezolano sobre el territorio nacional, incluyendo por supuesto el Golfo de Venezuela. E, incluso, se hubiese abierto la posibilidad de fraccionamiento del territorio y la nación por el planteamiento de una guerra civil, tal como ha ocurrido en otras latitudes y ha estado en los planes estratégicos de Washington.
Ciertamente es un regreso a las posiciones conservadoras clásicas, que desde el Congreso de Valencia de 1830 se opuso al dominio neogranadino sobre el país. Una posición que incluyó la renuencia de ese sector a incorporarse en su momento al llamado Pacto Andino en el pasado reciente, y apoyar cualquier proyecto, como el Puerto binacional de Aguas Profundas sobre el Golfo de Venezuela, que pudiese de alguna manera beneficiar al país vecino. De hecho es una posición conveniente para el proceso de desescalar la confrontación que marcó la vida venezolana durante los últimos 3 años. Pero más que eso, es una oportunidad para balancear las posiciones de aquellos que creemos que la unidad indoamericana es un valor muy alto, aun cuando se tengan que pagar costos potencialmente caros por lograrlo. Ciertamente la postura conservadora responde a la “fuerza de la inercia” que defiende la permanencia del status quo que mantiene la naturaleza estática y la estabilidad del estadio instintivo. Una actitud contraria a la actitud creadora que dirige sus esfuerzos para alcanzar, con altos riesgos, valores como la libertad sacrificando la seguridad que es por excelencia la finalidad del comportamiento conservador. Sin embargo, tiene que admitirse que esa relación dialéctica equilibra valores significativos para la gente en particular. Ciertamente hay aspiraciones de cambio en cada individuo miembro de un agregado humano, pero ellas se encuentran con su propio interés en conservar el grupo y el espacio que le proporcionan garantías de supervivencia. Por ello, en el contexto actual es pertinente una oposición conservadora que modere el exceso de idealismo de quienes, ansiosos de acelerar el ascenso de nuestra sociedad, producen costos exagerados en relación con los beneficios que se obtienen.
