Que lo haga Pablo Pérez no debe sorprender a nadie, ese no tiene ni el cerebro ni los testículos para actuar de una manera diferente a la que le ordena Rosales, por ello a pesar de ser el gobernador de del estado más rico, poblado y productivo del país es un cero a la izquierda en la oposición. Ahora, que un sector del pueblo venezolano, minoritario pero importante, defienda a los latifundistas, es algo que nos debe llamar a la reflexión sobre el daño que Globovisión y otros medios le hacen a ese sector de la sociedad.
La lucha por la llevar la justicia al campo venezolano ha tomado un nuevo impulso y tal y como lo hiciera en 2002 , la oligarquía se ha declarado en guerra en defensa de los terratenientes y esgrime una de sus mejores armas: Globovisión.
Cierto es que no tienen la fuerza para impedir que el gobierno avance en su lucha contra un terrible flagelo heredado de la colonia denominado latifundio, pero usan sus medios para sembrar odios contra éste, acusándolo de enemigo de la propiedad privada y victimizando a uno explotadores, defensores y practicantes del esclavismo.
El latifundio está allí con su crueldad e ineficiencia, pero en Globovisiòn (y en ningún medio de la oligarquía) usarán jamás esa palabra. Ello significaría el reconocimiento de una realidad que no les conviene ver ni difundir.
Aceptar la existencia y defender el latifundio implicaría quitarse la máscara de “defensores de la constitución” que se pusieron hace poco más de un año, pues la constitución nacional en su artículo 307 establece textualmente que “El régimen latifundista es contrario al interés social. La ley dispondrá lo conducente en materia tributaria para gravar las tierras ociosas y establecerá las medidas necesarias para su transformación en unidades económicas productivas, rescatando igualmente las tierras de vocación agrícola”
Esa es la razón por la cual apelan al ridículo argumento de que se trata de “humildes trabajadores del campo que con gran esfuerzo y el trabajo de toda una vida, producen los alimentos que consumen todos los venezolanos.
Resulta obvio que no podíamos esperar una reacción diferente de una oligarquía heredera de unos derechos antihumanos sobre la tierra y los campesinos, pero tampoco podía ella esperar una actitud diferente de un gobierno revolucionario y de profunda sensibilidad social. Llegó entonces la hora de resolver un problema de vieja data, de dar respuesta al sueño de millones de campesinos explotados y de rendir con la acción, tributo a los miles de campesinos muertos en manos de una oligarquía que se ha impuesto en el campo a sangre y fuego… bienvenida, pues, la resurrección de una lucha y unas ideas que se vieron menguadas después del asesinato del general Zamora. .
Llegó el momento de poner fin a una situación que ya para 1937 tenía el 90% de las tierras en manos de 3000 “propietarios”, de los cuales sólo 400 poseían 7.500.000 hectáreas y otro pequeño grupo de, como diría Pablo Pérez: diez humildes trabajadores del campo, poseían dos millones de hectáreas. Todo esto en un terrible contraste con la condiciones de 2.500.000 campesinos que solo eran dueños de su miseria.
Esa realidad no varió con la cacareada Reforma Agraria promulgada por Rómulo Betancourt, pues en sus primero ocho años, según el investigador de la Universidad Central de Venezuela Ramón Losada Aldana, la tenencia de la tierra en manos de los latifundistas sólo fue afectada en 1,76%, pronosticando que a ese ritmo se requerirían 454 años para resolver el problema de la tenencia ilegal de la tierra en Venezuela.
El agro venezolano fue y es improductivo. Resulta ridículo, además de grotesco, que se pretenda hablar de productividad del agro cuando históricamente hemos importado todo lo que consumimos. No es la productividad lo que defiende la oligarquía venezolana, son los privilegios que el latifundio les otorga. Lo propio hicieron los esclavistas y los señores feudales cuando se planteó la abolición de tan terribles sistemas de explotación.
Por ello no puede asombrarnos su posición ni el uso de los medios de comunicación para sembrar odios contra los que se plantean y luchan por un sistema más justo para los campesinos y la soberanía alimentaria de la patria.
Parasitario, como siempre ha sido, el latifundio busca no amasar enormes fortunas agregando valor a la explotación de la tierra, sino utilizándolas para obtener subsidios, créditos bancarios y contratos que tienen como objeto depredar la propiedad y el presupuesto público.
Esto se explica porque el latifundio, además de contrario al interés de cualquier nación, es ineficiente y especulativo por definición. En Venezuela su escasa productividad (y por supuesto baja inversión) permite a los terratenientes obtener ventajas de una producción deficitaria, transformándola en altos precios de los productos del campo.
Por último, y volviendo al tema legal, le preguntamos a usted, amigo lector, por qué será que con todo el apoyo que los terratenientes tienen de los medios de comunicación, no se ha presentado ni uno solo a mostrar los documentos que lo acreditan como dueño de la tierra que el gobierno le ha confiscado. Si no tiene la respuesta, permítame que le sugiera una: porque no son dueños, de nada, simplemente se apropiaron de las tierras a la fuerza, con base a su fortaleza económica y poder político.
areme@cantv.net
