Uno de los signos mas esclarecedores de una política económica se sustenta con el marco de las relaciones de producción y en concreto en la materia laboral, donde los distintos factores intervienen de modo que se agudicen las contradicciones entre el capital y el trabajo, esto debe ser común en el sector privado y en el público. Una política económica en esencia está dirigida a beneficiar o, a la masa trabajadora o al capital.
En el caso venezolano estamos lejos de sustentar que estamos sumergidos en el contexto de la democracia revolucionarias en el campo laboral, en particular esto es tanto así, que en la administración pública en todos los niveles hay ausencia de estos contenidos por llamarlos de alguna manera. Se ha dicho que la revolución la hacen los revolucionarios o al menos que piensen y actúen como tales. En los centros de poder en cada organismo público hay dos instancias decisivas para la búsqueda de estos elementos que le otorguen a la política en general nuevos acontecimientos en el terreno de las relaciones laborales, nos referimos a Recursos Humanos y Planificación y Presupuesto, instancias decisivas en lo que se llama La gestión propiamente dicha. Ahora bien, como todos conocemos, una de las características en la Administración Pública es el enorme déficit en el pago de Prestaciones Sociales y el trámite en la solicitud de jubilaciones cumplidos los requisitos exigibles, amén de la solicitudes realizadas por vìa de jubilaciones especiales( enfermedad,etc).
Ojala eso fuera todo, persisten y de manera reiteradas el incumplimiento con cláusulas contractuales de beneficios obtenidos por esta vía, lo que incide por supuesto, en un mayor costo en el momento por ejemplo del pago de fideicomiso y las mismas prestaciones sociales, es decir la administración tiene los mismos vicios heredados de la cuarta república, lo que nos hace vulnerables en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Hablemos de las causas, no de las posibles causas, por tanto, están plenamente identificadas, que su origen obedece a una especie de inercia común, cuya responsabilidad recae en la gerencia pública, por una parte la falta de previsión presupuestaria que ocurre año tras año, lo que obliga en momentos de presión a recurrir a la solicitud de créditos adicionales en un ejercicio determinado. Por otra parte, al adolecimiento de compromiso revolucionario en el contexto de un gobierno que se autocalifica de obrerista, es acà donde la burocracia burguesa hace estragos y se impone al buen ejercicio en materia laboral.
Por último, es bueno destacar, aunque no lo queramos que, aùn persisten y de manera recurrente, comportamientos ajenos al sentir revolucionario, ello, producto en la mayoría de casos a que las instancias administrativas mencionadas con anterioridad están gestionadas por gente ajena al proceso revolucionario, por tanto, aunque quieran, no están en capacidad alguna de adelantar políticas de nuevo carácter en el seno de la administración y le corresponde a la gerencia, dicho sea de paso desde ministros hasta alcaldes tomar cartas en el asunto, diría que es un asunto de Política de Estado.
Economista
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