La campaña legislativa para las elecciones de septiembre 2010, se desarrolló con la promesa de llevar el pueblo a la Asamblea Nacional, para legislar; esto es como actor principal; arribamos a la Asamblea Nacional el pasado 5 de enero con la consigna “El Pueblo Legislador a la Asamblea Nacional”; asumimos que todas y todos tenemos claro nuestro deber de evitar que dicha consigna se quede solo en intención, el proceso revolucionario exige que la misma sea materializada. Todos y todas tenemos el compromiso ineludible de asumir el reto planteado y convertirnos en verdaderos hacedores de las leyes de la Revolución, leyes socialistas, más preventivas que represivas.
Es hora de que consolidemos el papel protagónico que nos otorgó el constituyente del 99 al transversalizar la constitución Bolivariana con la participación popular, garantizando la iniciativa popular en la formación de las leyes con el 0,1 % de los electores inscritos en el Registro Electoral; pero más allá de ello, tenemos la oportunidad de elaborar instrumentos jurídicos populares que recojan las verdaderas necesidades colectivas.
El planteamiento de convertir al pueblo en legislador, nos da la oportunidad de comenzar a invertir la pirámide, del ejercicio del poder, tendiendo a construir plataformas horizontales, que permitan que el poder constituido se nutra de la sabiduría popular, nacida en el seno de las comunidades; que las iniciativas y las leyes socialistas, recojan el sentir comunitario y no lo que los legisladores creen que sienten las comunidades o lo que quieren que sienta el pueblo venezolano.
Del seno de las comunidades es de donde deben salir las propuestas, pues son éstas quienes conocen sus necesidades y tienen la capacidad de establecer sus prioridades; es hora de que las comunidades asumiendo su rol, sean capaces de imponerle a los poderes constituidos sus urgencias, acabando con el absurdo de que quienes dirigen los poderes constituidos, sin el menor conocimiento de lo que ocurre en la vida comunitaria, le impongan a las comunidades sus prioridades.
La iniciativa popular y la construcción legislativa desde las comunidades, es el camino certero para quebrar el capital que impone inequidad, desigualdad e injusticia; para que emerja la consagración del socialismo, impulsado desde abajo, con sus valores como el amor al prójimo, la equidad, la igualdad y la justicia social, desde los cuales podamos lograr la manifestación de la solidaridad, la compasión, el servicio, el respeto y la honestidad; elementos indispensables para una buena convivencia ciudadana, fundamental para el logro del bien común, razón de ser de las normas jurídicas.
El pueblo legislador es la máxima expresión del principio constitucional (Art 5) La Soberanía reside en el pueblo, cuya consagración exige la guía de sus líderes genuinos, la orientación del poder político y la elaboración de leyes revolucionarias desde el seno de las comunidades, orientadas hacia la prevención y la formación ciudadana, asumiendo con conciencia su emancipación, la cual lleva implícito el ejercicio de la corresponsabilidad social, responsable, y la contraloría social eficaz, para lograr relaciones ciudadanas armónicas y equilibradas que conlleven a mejorar la convivencia social.
Hasta ahora el Parlamento Nacional venía comprometiendo al poder popular en la discusión de leyes cuya iniciativa no le era propia; la única forma de adecuar correcta y oportunamente, la legislación a las realidades emergentes en todas las áreas sociales, es mediante el ejercicio de la iniciativa popular, y la construcción legislativa desde las comunidades, única forma de lograr la intervención responsable y directa del poder popular en la construcción de su destino.
Las propuestas legislativas deben emerger de las asambleas en las comunidades, atendiendo a las necesidades mentales, espirituales y materiales de los ciudadanos (as) y a los intereses colectivos en el ámbito municipal, estatal, nacional e internacional.
La materialización de la premisa El Pueblo Legislador, exige la mejor disposición del pueblo todo, en la adquisición de los conocimientos relacionados con los mecanismos para establecer las prioridades, la forma de presentar los proyectos, documentación e investigación, técnica legislativa, reglas de redacción y estructura, discusión colectiva y aprobación; con la finalidad de obtener normas de fácil comprensión, posible aplicación, efectivas y eficaces, en las que se rompen los principios de heteronomía y coercibilidad, pues su eficacia deviene de su cumplimiento por parte de ciudadanos y ciudadanas, por convicción y no por temor a la sanción.
La legislación que emane del poder popular debe contribuir a mejorar los servicios públicos, al ejercicio del control social y la formación ciudadana, como mecanismos para acabar la corrupción; se trata de la participación protagónica permanente que conducirá al pueblo venezolano a apropiarse de su destino.
Vicepresidenta del FNAB
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