Las declaraciones del 26/1 del vocero del Departamento de Estado Richard Boucher, ratificadas el 28, muestran la determinación de la Casa Blanca de desestabilizar la región andina sudamericana profundizando las tensiones colombo-venezolanas. Pidió en ese manifiesto a la América Latina urgir a Venezuela a adoptar un talante “menos agresivo” ante Colombia y a terminar las relaciones con los terroristas que actúan en ese país. Allí hay un doble mensaje: una coacción hacia los países indoamericanos para que se sumen a la posición de Bogotá de acusar a Caracas de amparar el terrorismo; y, un aviso al gobierno nacional sobre su decisión de escalar el conflicto entre la Casa Blanca y Miraflores. Ciertamente, esa contienda se había mantenido dentro del territorio nacional, usando su “quinta columna” interna como mecanismo de acción y, con los acontecimientos recientes, lo intenta expandir a la región andina usando la Casa de Nariño como su peón. No es una finta, como lo aseguran algunos comentaristas locales, para presionar al Congreso de los EEUU para que apruebe la extensión del financiamiento del Plan Colombia. Es parte de su estrategia global, dentro de la cual la neutralización del espacio hemisférico es una pieza clave para sus aspiraciones hegemónicas en el sistema internacional. De modo que tienen que considerarse como serias las intenciones de los EEUU de convertir la región andina en un escenario de conflicto.
En esas circunstancias, la posibilidad de negar este espacio para los fines de la política exterior bushista descansa en una actitud de rechazo de las naciones indoamericanas, en especial de los miembros de la Comunidad Sudamericana. Y al parecer ese repudio se ha producido. Ya la actitud del Secretario General de la Comunidad Andina de Naciones, Alan Wagner, el 26/1, pidiéndole a los EEUU que se abstuviesen de intervenir en le diferendo colombo-venezolano, era premonitoria de un arreglo diplomático del problema. Cosa que se logró con el comunicado del pasado 28/1 mediante el cual la Casa de Nariño satisfizo las exigencias del Presidente Chávez. No obstante el problema de seguridad estratégica venezolano no esta resuelto con esta capitulación. La amenaza, parte de la estrategia indirecta de Washington, sigue pendiendo sobre el Estado, pues los inquilinos de la Casa Blanca no se han retractado como lo ha hecho el bando que representa formalmente la nación colombiana. Son muchas las opciones operacionales disponibles, distintas a la acción armada abierta, que le quedan a los estrategas del Consejo de Seguridad Nacional de los EEUU. Desde el empleo de paramilitares colombianos, con los cuales los asesores de ese país han estado asociados desde su creación oficial en 1968, hasta operaciones encubiertas realizadas por fuerzas especiales dentro del territorio nacional. Y con acciones de ese tipo, podrían lograr sus objetivos militares de desestabilizar la región andina, entorpeciendo el proceso integrador del ámbito indoamericano. Desde luego, el resultado de este incidente, que muestra la voluntad de la Comunidad de Naciones Sudamericana de defender su libertad de acción en el contexto internacional, es una limitante significativa a las aspiraciones neoconservadoras estadounidenses.
