Si somos incapaces de preservar la especie humana, ¿qué objeto tiene salvaguardar las especies vegetales? 

Wangari Muta Maathai 

En estas últimas más de dos décadas, caído el muro de Berlín y reconfigurados los poderes globales, el mundo ha cambiado mucho. ¡Muchísimo! sin dudas; y no para beneficio de las grandes mayorías precisamente. Se han perdido conquistas históricas en el campo popular en lo tocante a aspectos laborales, se acentuaron más aún las diferencias Sur-Norte, se remilitarizó el planeta. En otros términos: triunfaron ampliamente las fuerzas del capital en su versión más ultraconservadora. Y todo indica que ese triunfo cambió las cosas para largo. No “terminó la historia”, como se pretendió algunos años atrás; pero la naturaleza del cambio en juego es, definitivamente, muy profunda, y revertirlo se ve como algo muy lejano en estos momentos. 

Como parte de ese triunfo, hoy por hoy inapelable, se da un proceso muy particular consistente en la apropiación, por parte de las fuerzas vencedoras, del discurso que, unos años atrás, era patrimonio de las izquierdas políticas. Pero de ninguna manera esto tiene lugar por una evolución progresista de la situación internacional, por un mejoramiento de las condiciones humanas generales. Este cambio, sutilmente, puede terminar funcionando como una mordaza contra cualquier forma de descontento, de protesta.  

Los derechos humanos, en tanto forma de reivindicación de los principios que fundamentan la igualdad entre todos los miembros de la especie humana, tienen ya una larga historia, y no son, en realidad, patrimonio del pensamiento de izquierda. Surgieron con la burguesía moderna. El mundo moderno, la concepción política y social de la industria capitalista, tiene como punto de partida justamente los derechos humanos. Claro que –valga la salvedad– estos derechos (los llamados “de primera generación”) son de carácter individual, atañen al ciudadano, a la figura de un ente personal. Los ideólogos de ese momento tan fecundo en la historia –los iluministas franceses, los padres fundadores norteamericanos, ubicados todos en los finales del siglo XVIII– concibieron un mundo de las libertades del individuo, superando así los lastres todavía feudales, monárquicos y teocéntricos con que se movían las sociedades europeas de ese entonces, y sus respectivas colonias al otro lado del Atlántico. Pero de ninguna manera estos derechos, la formulación teórica de esos principios, su visión fundamentalmente jurídica, puede conectarse con lo que, un siglo más tarde, estaría proponiendo el marxismo, el socialismo como corriente política.  

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre dieciochesca (machista, ni siquiera se menciona a la mujer) no contempla como un eje fundamental la estructura económico-social. El acento estaba puesto totalmente en el ciudadano como ente político: libertad de expresión, de asociación, de locomoción. Debieron pasar años –y correr mucha sangre– para que las diferencias económicas fueran consideradas igualmente como algo atinente al ámbito de los derechos humanos generales (los llamados derechos colectivos, derechos “de segunda generación”); y mucho más aún para que se consideraran los llamados universales (“de tercera generación”): derecho a la paz, a un medio ambiente sano. 

De todos modos, por su nacimiento, por cómo fue tejiéndose su historia, el campo de los derechos humanos sigue estando asociado fundamentalmente a la esfera político-civil. Si bien no es una especialidad jurídica, todo apunta a esa identificación. En una aproximación rápida –y sin dudas superficial– puede llegar a identificárselos con democracia –hoy día palabra ya muy desgastada, que a base de tanto manoseo significa todo y no significa nada. En su nombre, por ejemplo, puede invadirse otro país y matarse seres humanos–.  

Si bien en los países latinoamericanos ha ido tomando en los años recientes un cariz de denuncia, el tema de los derechos humanos no necesariamente está ligado a los proyectos políticos de izquierda. De todos modos, su formulación puede conllevar algo de contestatario, en tanto abre una crítica contra una situación dada (cualquiera fuere, sin incluir allí forzosamente una lectura de la sociedad en términos de luchas de clases: denuncia cualquier tipo de discriminación, de injusticia). De acuerdo al contexto en que se haga, levantar la voz contra el Estado como violador de derechos humanos puede tener un sentido de profunda acusación, y por tanto, de proyecto de transformación. En Latinoamérica, más aún en las pasadas décadas cuando los Estados contrainsurgentes se constituyeron en los peores violadores de derechos humanos, violadores del derecho primero a la vida incluso, levantar la voz contra esas tropelías era profundamente subversivo. En esas latitudes los poderes dominantes criminalizaron los derechos humanos, y hoy no es infrecuente ver que se los liga –interesadamente, por supuesto– a la idea de “defensa de los delincuentes”, así como años atrás se los ligaba a “defensa de guerrilleros subversivos”. Pero los derechos humanos no tienen forzosamente el color de la izquierda.  

Protestar, o incluso demandar al Estado porque permitió, por ejemplo, la construcción de un aeropuerto muy cerca de una ciudad dado que eso hace molesta la vida cotidiana de sus habitantes por el ruido excesivo (escenario posible en un país escandinavo, digamos), no conlleva ninguna semilla de transformación social. Es, simplemente, una protesta respecto a algo que atenta contra la calidad de vida. Como vemos, entonces, el campo de los derechos humanos es tremendamente amplio y puede dar para un enorme abanico de posibilidades.  

Plantear cambios profundos, o incluso plantear cualquier cambio, ha sido hasta ahora una afrenta intolerable para los poderes constituidos, que son siempre conservadores, en cualquier parte del mundo. Sin embargo hoy, en esta fase de triunfo absoluto del capital, se da este fenómeno del avance de un pensamiento que recoge la idea de derechos humanos; es posible decir en voz alta todo aquello por lo que hace algunas décadas se masacraban poblaciones completas. En ese sentido podríamos estar tentados de considerar que ha habido un progreso cultural, político. Tenemos el derecho a exigir respeto a la vida tanto como condiciones dignas de vida; por tanto todos podemos expresar abiertamente tener derecho a vivir en paz, a no ser discriminados por ningún motivo, a expresar sin temor nuestra opción sexual o nuestra preferencia religiosa. Cosas quizá impensable en el marco de la Guerra Fría, donde una visión maniquea de la realidad no permitía estos matices, importantísimos sin duda, y donde todo se reducía al modelo económico en juego: o se estaba con un bloque ideológico o con el otro, lo demás no contaba.  

Pero insistamos con la idea: podemos estar tentados de considerar que hay una sustantiva mejoría en la condición humana. Hoy, en medio de una ya extendida cultura de derechos humanos, no se podría linchar impunemente a una persona negra –como pocas décadas atrás todavía hacía el Ku Klux Klan en el sur de Estados Unidos–, y hasta, por el contrario, un afrodescendiente puede ocupar la Casa Blanca; o nadie agrediría públicamente a un homosexual por su condición de tal –al menos en Occidente– sin consecuencias. Aunque se los siga explotando de manera inmisericorde, nadie se atrevería a mencionar en público algo insultante contra los pueblos originarios del continente americano, y en cualquier país de Latinoamérica ya no sorprende que su presidente sea una mujer. No hay dudas que se ha dado un paso adelante, por lo menos en lo declarado. Lo “políticamente correcto”, siempre de la mano de la idea de derechos humanos, se ha impuesto en forma universal.  

Sin embargo –y esto es lo que debe puntualizarse con preocupación– en nombre de los derechos humanos (asimilándolos al discurso de la democracia) se pueden esconder situaciones de la mayor injusticia. En su nombre se puede hacer cualquier cosa. Sólo para ejemplificarlo con algo que ya hemos olvidado, pero que sigue siendo una herida abierta: en Kosovo, en plena Europa, hace apenas unos años se masacró a población civil llegándose a hablar con toda tranquilidad de “bombardeos humanitarios” (sic) en nombre de los derechos humanos. O en su nombre, por ejemplo, se puede llamar a la “resolución pacífica de conflictos” (un conflicto gremial, digamos) allí donde en realidad no hay conflictos sino reivindicaciones legítimas.  

El discurso de los derechos humanos es universal; pero por ello mismo es tan amplio que da lugar a todo. Es el Estado quien debe, en principio, garantizar su cumplimiento. Pero si las políticas impuestas por la globalización del capital van contra el Estado: ¿a quién se lo exigimos entonces? Si se toma al pie de la letra lo que los derechos humanos nos confieren como facultades para la población, y se exige en consecuencia –aunque no sepamos claramente a quién exigirle–, si se los pone en práctica, por fuerza se abren confrontaciones: si todos tenemos derechos a una vida digna, sin dudas alguien demasiado “afortunado” en la distribución de las riquezas tendrá que renunciar a sus derechos a la propiedad; si todos tenemos derecho a la paz, hay que terminar con la industria bélica y la hegemonía militarista estadounidense (pero, ¿cómo lo hacemos?); si todos tenemos derecho a un medio ambiente sano, ¿cómo cambiamos el modelo de desarrollo insostenible en curso que inexorablemente nos lleva a una catástrofe medioambiental global?, ¿a quién se le exige ese cambio?  

Con todo esto, en definitiva, queremos decir que en la forma en que se concibe todo el campo de los derechos humanos existe el riesgo (insistamos: existe el riesgo, lo cual no significa que ello pase siempre) de quedarse en un discurso vacío, sin incidencia en la realidad.  

Mucho de las agendas de la izquierda de hace un par décadas es asumido hoy como plataforma de los grandes factores de poder, incluidos los derechos humanos. ¿No es, como mínimo, llamativo este corrimiento?

mmcolussi@gmail.com