Entre esos medios de producción, al margen de las materias primas, destacan la tierra, los edificios, galpones, maquinarias y herramientas, los energéticos, lubricantes, transportes y afines, bienes que la contabilidad burguesa clasifica como costes   indirectos de producción.

Como quiera que el sistema capitalista ha terminado condicionado la cultura y el pensamiento de los trabajadores, la metodología contable se halla sesgada por naturaleza propia. Desde los principales centros académicos se diseña toda la programación y contenido de los manuales e instructivos contables que rigen para la administración del patrimonio burgués.

Venimos considerando[2] que se trata de una decisión leonina marcadamente desfavorable para los intereses del consumidor y del mismo sistema; creemos y sostenemos que se trata, más bien, de costes de capital, del sacrificio económico que asumiría el capitalista cuando decide explotar  asalariados.

Desde luego, cuando la ganancia es atribuible a malabarismos y “vivezas” del mercado, entonces resulta coherente considerar toda la inversión en costes de capital como costes de   producción. 

Es que el asalariado, cuando consume su salario, mal ha podido con este reintegrarle al patrono el valor de semejantes “costes” sin que haya sido producto de una estafa. En primer lugar, porque en las mercancías no aparece el “físico” del valor de uso de aquellos costes. De hecho, una herramienta o maquina ayuda sólo al trabajador como recurso tecnológico del que se viene valiendo el fabricante para incrementar sus ganancias, y para ahorrar mano de obra absoluta, aumentar su producción y con ello la plusvalía.

Cuando una máquina duplica la producción, por ejemplo, es como si el patrono duplicara la mano de obra, con lo cual se incrementaría el volumen de salarios, cuestión que no ocurre con la compra y uso de la máquina. Esto produce la contradicción mercantil de una igual masa de salarios para una oferta mayor y encarecida. Esto contradice la ley de la oferta y la demanda. De esa manera, el capitalista fabricante se garantiza colocar la oferta anterior y acumular inventarios sobrepreciados con los inevitables riesgos de los invendibles: desempleo, saturación de mercados, etc.

Hemos manejado el ejemplo del artesano zapatero[3]: este usa cueros, pegamentos y herramientas, pero en el precio de venta de sus zapatos no carga para nada el valor de dichas herramientas ni el alquiler o costo del taller donde opera. Es de suponerse que las herramientas las adquiere con parte de su trabajo vendido, y usa esas herramientas para aliviar sus operaciones y agilizar su producción. 

El fabricante imputa el coste de la materia prima, porque obviamente la vende transformada en la mercancía fabricada con aquella, pero no así con la maquinaria ni las herramientas, ni los galpones, ni los energéticos y lubricantes. Todos esos son costes de capital de producción que el capitalista necesariamente debe aportar ya que la materia prima y los productos así se lo imponen. Recordemos que durante la época de la manufactura[4], ese tipo de depreciaciones no existió ni tuvo sentido alguno. Igual observación hacemos con los desembolsos de capital invertidos en especialistas extraempresariales, como abogados, contables, vigilantes y publicistas.

Ahora podemos ir reconociendo que este mecanismo contable, esta estafa cometida por el fabricante, ha sido la alternativa del recorte de la jornada laboral que desde hace siglos tanto malestar causa entre el pueblo, y expone crudamente la explotación burguesa. Digamos que la pérdida de plusvalor sufrida por la reducción de la jornada ha sido compensada por la cobranza de un capital que sólo funciona como catalizador de la producción, pero sin integrarse como valor de uso a la mercancía adquirida por los consumidores.

Y es así cómo el capital de explotación,  las depreciaciones, los energéticos, lubricantes, alquileres y transportes son considerados como partes intrínsecas del precio de las mercancías, como si fueran costes de producción.