Según las cifras oficiales del CICPC y del INE procesadas por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) y tomadas por Briceño-León, la cantidad de homicidios ha pasado desde 1985 al 2010 de 1675 a  17.600 casos, observándose picos exponenciales en los momentos de crisis institucional más álgidos de la historia venezolana. Roberto Briceño asocia estos saltos, entre otras cosas al deterioro de la credibilidad y la eficiencia de las instituciones del Estado, obviando (como es lógico desde su perspectiva), el impacto de las matrices de opinión oposicionistas creadas para la destrucción institucional en el período 1999 al 2010, donde las cifras crecen de manera extraordinaria. 

Briceño-León construye tres fases para describir temporal y políticamente los saltos en las tasas de homicidio, una primera fase denominada “crisis institucional. 1989-1993”, una segunda fase que denomina “rescate institucional 1994-1998” y una tercera fase que llama “destrucción institucional 1999-2010”, sin embargo aunque no la etiqueta, menciona una etapa precedente  entre los años sesenta y ochenta que podríamos llamar la “fase de gestación”, donde la tasa de homicidio oficial se mantuvo estable a razón de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes, o 1709 casos en el año 1988.  

No es difícil suponer los argumentos políticos de Briceño-León para la definición de estas fases, para él la primera fase o la que hemos denominado “de gestación” posee condiciones de estabilidad como consecuencia del pacto político de seudo-alternabilidad del poder y mecanismos ampliamente represivos en lo político que permitían aparentar una época de poca incertidumbre política, económica y por ende social, sin tomar en cuenta lo que subyacía al mismo, el deterioro cultural, las desvalorización ética de la práctica política y los asesinatos políticos normalizados (pero no reflejados en las estadísticas) que generaban un ambiente de terror ante la disidencia al modelo.  

La segunda fase o primera para Briceño-León de “crisis institucional” donde se pasó de 2513 a 4292 homicidios, indica que fue eyectada por el Caracazo, donde sólo en una semana la quinta parte de los homicidios de 1992 se efectuó a manos de los cuerpos represivos del Estado, manteniéndose e incrementando esta cifra de manera permanente en lo que podríamos denominar un “Caracazo permanente”, ya que en los años subsiguientes nunca volvió a la tasa previa al suceso.  

La tercera etapa de “rescate institucional”, donde la cifra logra estabilizarse e incluso disminuir se inicio en 1994 con 4733 homicidios y terminó en 1988 en 4550. Briceño-León atribuye este resultado a una política de “reconstitución institucional” desarrollada por el segundo gobierno de Caldera, que no toma en cuenta el hecho de que tanto factores de izquierda como de derecha, en rechazo a las dos fases anteriores articularon una plataforma política de transición para el cambio que demandaba el país en lo político, por lo que los factores de oposición se diluían dentro del mismo gobierno, sin generar mayor resistencia de la clase dominante, o sea, no había una real oposición, ya que no existía en este período ningún cambio real, aumentando así las expectativas de un cambio institucional concreto.  

La cuarta etapa que Briceño denomina de “destrucción institucional” se inicia con el gobierno del Presidente Chávez, al que le atribuye acciones devastadoras de la institucionalidad, cuando en realidad durante años precedentes a su gobierno estuvo destruyéndose ésta como consecuencia del engaño permanente de los gobernantes ante las expectativas de un pueblo cansado de la ineficiencia e ineficacia gubernamental en el área social, política y económica. 

Sin embargo, es importante resaltar que los sectores que permanentemente trataron de mantener el régimen puntofijista en una postura de seudo-oposición, ahora fuera de la vida institucional del Ejecutivo Nacional han jugado al desprestigio y la destrucción institucional, sometiendo permanentemente al cambio institucional decidido por los venezolanos en la Constitución del 99 a matrices de opinión y acciones descalificadoras y de saboteo permanente de las políticas que han pretendido generar las transformaciones necesarios para una nueva institucionalidad socialista, por lo que el rol de la derecha en nuestro país ha sido, desde los años 70 la destrucción e incluso aniquilación institucional, tanto cuando ha estado en sus manos (a través de la corrupción y desorientación del objetivo país, privatizando todo lo público), como ahora, de manera más intensa estando en manos de la izquierda, ya que el ataque es a través de la mentira, la descalificación, el boicot y saboteo contra el surgimiento de una nueva institucionalidad, trazándose como próximo objetivo la naciente Policía Nacional Bolivariana. 

Este ataque a la institucionalidad, de la cual Briceño-León señala se alimenta la violencia, existe en nuestro país cuando la oposición ataca la nueva visión de PDVSA, al dar un golpe de Estado, cuando ataca las misiones, descalificando a los médicos de Barrio Adentro, cuando ataca a la Universidad Bolivariana o la calidad de la Misión Sucre o la UNEFA, cuando descalifica y boicotea las captahuellas y al CNE en pleno, cuando cuestiona a la Misión Identidad, pretende pulverizar al Poder Popular y Cumanal o cuando sabotea el Censo 2011 (y pare de contar). Las críticas propositivas, sin duda son necesarias, pero el ataque y destrucción institucional malsana (más allá de su necesaria y verdadera transformación), sin duda genera violencia y eso es lo que ha gestado permanentemente la oposición durante estos 12 años.  

Escenarios 

A pesar del diagnóstico sesgado de Briceño-León, sin duda los datos permiten aclarar que efectivamente existe una vinculación entre la crisis institucional y la exacerbación de la violencia ciudadana. Esto permite visualizar claramente, que mientras exista una oposición resistente a los cambios institucionales, esto generará parte de la crisis de eficiencia y eficacia de las mismas y persistirá la sensación de impunidad que origina la violencia descontrolada.  

Las vías más expeditas para la resolución de la violencia originada por la crisis institucional desde el partido de gobierno (PSUV) se dividen en tres aristas, la primera menos viable que el resto políticamente:  

1. Suprimiendo definitiva de la resistencia al cambio institucional desde la perspectiva política, anulando desde el Estado cualquier forma de difamación o saboteo a la gestión pública del gobierno bolivariano, difícilmente viable por las connotaciones que esto implica, y que dio resultado en la hermana República de Cuba como resultado de una situación histórica totalmente distinta. 

2. Creando un sistema eficiente de replica y contrarréplica contra la resistencia a los cambios institucionales, lo que implica una confrontación permanente desde el Estado de Derecho a los saboteos consecutivos de la oposición, originando una estabilidad institucional ganada en el rigor de la batalla política, que permita el desarrollo de la eficiencia y eficacia que contrarreste y anule las acciones  destructivas de la oposición. 

3. Generando un plan de concertación con los sectores de oposición, que permita establecer acuerdos en cuanto a la diatriba política y garantice la viabilización de los cambios institucionales sin descalificación de las políticas, manteniendo las diferencias ideológicas. Esto implica la formalización de un plan o misión transpolítica con la participación de todos los sectores políticos del país. 

En este sentido, el PSUV tiene la responsabilidad de decidir y proponer al país, a partir de su estructura organizativa la base fundamental para la aplicación de cualquiera de las tres opciones que se decida. Mientras tanto cualquier acción que se desarrollo sin la lógica política aquí planteada, será una acción aislada que podrá incidir en algún indicador, pero no resolverá el asunto de fondo. 

Caso Ley Desarme 

La Ley Desarme, actualmente en discusión en el seno de la Asamblea Nacional, timoneada por el diputado Freddy Bernal y abierta a la discusión popular, se ha enmarcado hasta ahora en una combinación entre el segundo y tercer escenario planteado. Sin embargo, esta discusión en el seno del proceso pareciera tomar tímidamente en cuenta que la oposición venezolana tiene como objetivo mantener y potenciar el problema de la violencia como arma política para la descalificación de las acciones gubernamentales.  

En este sentido, la necesaria acción previa a las elecciones del 2012 convoca a una aplicación rápida, eficaz y eficiente de políticas en esta materia. En este sentido, el tiempo es determinante para generar las condiciones para mejorar de forma y fondo el asunto de las armas en manos de los ciudadanos, como un componente que facilita la violencia y los homicidios en nuestro país. 

Una acción que aunque de fondo no resuelve el asunto, pero que está en manos plenas de Ejecutivo es la implementación del desarme a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

Una política de desarrollo de seguridad ciudadana ejecutada en pleno por el componente Ejercito de la Fuerza Armada, previo entrenamiento de sus miembros, acompañada de una campaña de desarme a los sectores diagnosticados como más vulnerables, donde, después de la toma del Ejercito para su seguridad y una posterior convocatoria a la entrega de las armas, de manera pacífica y planificada, repercutiría exponencialmente en la reacción de los ciudadanos que infringen la ley y generaría una matriz de opinión positiva ante la percepción de desamparo que actualmente existe. Sin duda, esto debe estar acompañado de las medidas necesarias para evitar cualquier confrontación innecesaria, por lo que la acción deberá estar desarrollada con un despliegue estratégico de la Defensoría del Pueblo y acceso pleno a los medios de comunicación. 

Esto, sin duda, no resuelve totalmente el problema estructural, pero mejora las condiciones para tomar la decisión en cuanto al escenario que se vaya a escoger.

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@NicmerEvans