Fue costumbre de la anterior república venezolana negociar la Deuda Pública Extranjera para obras que jamás se emprendieron ni realizaron en porcentaje alguno. Obviamente los intereses se causaban y el Estado pagaba o acrecentaba su deuda sin coto, control ni límite superior.
Como sábese, más que la decisión gubernamental municipal, estadal o estatal, para la realización o urgencia de obras públicas en dichas entidades, privaba el interés personal y burocrático de las comisiones corruptas por aquello de los regalos que comercialmente todo prestamista (vendedor) suele hacer a los responsables de estos compromisos nacionales, además de las posibles y siempre a la mano malversaciones de fondos públicos en los que suele incurrir la alta burocracia criolla, siempre reacia a la contratación de profesionales de primera y de comprobada probidad (los frecuentes desaciertos en el nombramiento de muchos funcionarios públicos tiene allí su mejor excusa).
La inocultable y reiterada discriminación[1] burocrática o fobia a lo mejor del personal profesional y técnico del país se explica porque la mayoría de la alta burocracia nacional no ha provenido de gente muy educada ni preparada profesionalmente, que digamos. La todología ha sido práctica consuetudinaria en el ejercicio de gobierno, y esto data desde la tercera república cuando su primer Presidente, Jose Antonio Páez, llegó al poder con dotaciones más militares que intelectuales o académicas.
Se comprende que para esa época paecista no había tal exigencia, pero tan dañina costumbre política quedó sembrada, y hoy por hoy se llega a Miraflores por todo tipo de méritos menos por el de reunir formación universitaria o académica de comprobada eficiencia y eficacia, lo cual deja entredicho el ingente gasto que en materia de educación, desde Anteprimaria hasta Postgrados universitarios sigue realizando el Estado, razón por la cual sólo queda la explicación del populismo que, de paso, vendría explicarnos por qué estos países se endeudan hasta para respirar mejor, y sin embargo la necesidad de estos empréstitos no cesa, y, al contrario, sigue creciendo sin límite alguno. De poco valen las exigencias legales acerca del grado académico exigido para ejercer, digamos, el cargo de Fiscal o de Juez, si es frecuente graduar bachilleres con máximas elasticidades políticas y al margen de estrictos controles de calidad profesional.
Digámoslo a los 4 vientos: En Venezuela llega al poder en lo Ejecutivo, Legislativo, Judicial, judicial, moral y empresarial cualquier “cacho o cacha”, porque aquí primero se es político que importante, y ejercida la burocracia se pasa a ser importante. Es ese burócrata chimbo y todólogo el encargado de la contrata de la Deuda Pública Irresponsable que, con sobrado derecho, prestamistas como el FMI reclaman el pronto pago, aun con cargo al sacrificio presupuestario del país deudor y con perjuicio de sus habitantes.
El carácter “chimbo” de la Deuda Pública nacional venezolano, por ejemplo, jamás fue reconocido oficialmente; por el contrario, muy presumiblemente, años atrás el entonces Presidente Jaime Lusinchi le dio legalidad jurídica hasta las deudas contraídas por los municipios, no estando estos facultados para semejantes contrataciones. Se cree que el monto de la comisión recibida del acreedor le bastó a ese alto burócrata para comportarse muy honestamente el resto de su mandato, y por supuesto, dejar que los demás robaran, según el acuñado proverbio político adeco: “Con los adecos se vive mejor porque roban y dejan robar”.
Ocurre, pues, que cuando un gobierno irresponsable decide canjear votos por compromisos electorales y a estos intenta cumplir mediante incremento de servicios públicos no suficientemente armonizados o que no respondan a necesidades reales ni emergenciales, sin prioridad alguna, cuando contrata arbitrariamente plantillas de trabajadores públicos innecesarios que sólo manguarean o cumplen funciones de supervisión política, entonces resulta lógico que sus Presupuestos nacionales, por ingentes que sean, empiezan a acusar déficit fiscales.
Es un hecho que la banca prestamista concede creiditos sobre la base técnica de estudios de ingresos y disponibilidades a fin de garantizarse profilácticamente la recuperación del crédito con sus respectivos y oportunos intereses causados. Populistamente, estos planes y condicionamientos fiscales se van a bajo por la misma irresponsabilidad de la que estamos hablando. Entonces, ese Estado recurre nueva y forzosamente al mismo prestamista en búsqueda d prórrogas, refinanciamientos, etc. Entonces el prestamista vuelve a hacer sus correspondientes estudios de seguridad financiera, de factibilidad crediticia y de viabilidad de la correspondiente recuperación del préstamo en cuestión.
Bancos como el FMI deciden entonces cuándo deberá pagar el Estado deudor, cuánto podrá gastar del Presupuesto Nacional, a qué tipo de servicios dará prioridad y o minimizará, recortará,. Cuáles servicios públicos deberá postergar o sacrificar. Hará lo que viene conociéndose periodísticamente como “el paquetazo fondomonetarista” que actualmente está volando por Internet, como es el caso griego y el de otros países con gobiernos no menos corruptos e irresponsables y populistas.
Por eso afirmamos, sin que esos prestamistas internacionales sean santo de nuestras devociones, que prestamistas como el FMI no son los malos de la película ni los únicos culpables de las desgracias sociales derivadas del ahogamiento fiscal que suelen aplicar esos prestamistas, afirmamos que buena parte de corresponsabilidad la tienen los gobernantes populistas que inescrupulosamente contrajeron semejantes créditos, con miras a mantenerse en el poder, ganar simpatías populares y sin el debido respeto por dichos votantes. Todo ello a sabiendas de que su paso por la alta burocracia es pasajera, pero su deuda popular tiende a ser permanente.
[1] Muy posiblemente, la cacareada discriminación racial y de “género”, en Venezuela busca ocultar las verdaderas discriminaciones nacionales: la discriminación clasista, la que reina entre obreros y empleados, y la más descarada y subjetiva de todas: la discriminación real que hasta inconscientemente conduce las actuaciones de toda la burocracia criolla y de la propia empresa privada: es la preferencia hacia el todólogo o toero (piratas y tiraflechas) , y así ocurre porque sencillamente los gobernantes y empresarios venezolanos no saben sentirse cómodos cuando tienen como subordinados a gente con mejor y superior formación tecnoeducativa que ellos. Esta perversa, alienada y primitiva conducta gubernamental responde al concepto mal digerido que se tiene acerca del ejercicio de los cargos burocráticos de elevado rango. Según este criterio, por encima del Presidente de la república, nadie, por encima de sus ministros, sólo el Presidente e igual y simétricamente se entiende en todas las presidencias empresariales y dependencias públicas de menor importancia. Digamos que seguimos arrastrando el lastre gomero que decía: ·Jefe es jefe manque tenga cochochos”, refrán que es uno de los mejores indicadores para medir nuestra pobreza civilizatoria. Sólo el político populista y muy hipócritamente ensalza los supuestos valores de adelanto político y ciudadano de una población como la nuestra que, por término medio, sigue siendo objeto de estafas, burlas, tartuferías, delpinadas, timos y “cambio de espejitos” trocados por oro, ayer amarillo, y hoy negro aceitoso.
[i] http://www.sadelas-sadelas.blogspot.com marmac@cantv.net
