Desde el inicio hay que demarcar con claridad en qué medida la dependencia financiera no va a comprometer la independencia política. Es de esperar que para ser contemplados por el proyecto o proceso al que adhieren, los movimientos tengan que adecuarse a las formas y contenidos impuestos por los órganos que los van a financiar. Aquí es donde se debe exponer en mayor grado la conciencia militante revolucionaria, para que el movimiento social de masas no termine siendo rehén de esta lógica y que su militancia no se incentive casi exclusivamente con la obtención de más y más recursos, dejando de lado el objetivo primordial de combatir el capitalismo.

Acomodados en este sistema de financiamiento, los movimientos sociales van siendo moldeados y cercados desde lo externo de su organización, tal como ocurrió con los sindicatos durante la vigencia del modelo corporativista brasileño. En el llamado “Novo Estado” como forma de dominación del trabajo desarrollada a partir de la década de 1930, conocida como la era Vargas, fueron los órganos financiadores privados y del Estado, los que acabaron por definir el ritmo y la capacidad de las luchas, mediante el poder del flujo y la inyección directa o indirecta de los recursos

Es muy preocupante el tipo de relación que las cúpulas de ciertos movimientos sociales, órganos estadales, ONG’s y fundaciones privadas que han venido surgiendo hasta ahora en nuestro medio, mantienen entre sí, en lo que se refiere al modelo de financiamiento que han venido adoptando. Estas nuevas organizaciones de clases que adoptan el modo capitalista de financiación, no pueden ser el ejemplo a seguir por un movimiento social popular que se intenta desde las bases populares. Una característica fundamental que, entendemos, debe ser el corazón del Polo Patriótico venezolano, cuyos elementos de conformación hoy empezamos a debatir.

La llamada ola neoliberal, que liquidó paulatinamente aquellas pocas instituciones tradicionales que, bien o mal, amparaban sectores sociales más pauperizados, hizo surgir a montones, una nueva modalidad de gestión de los conflictos: el financiamiento de proyectos sociales obtenidos a partir de ciertas formas de concurso para la obtención de recursos públicos, destinados a apoyar proyectos. El análisis de este circuito económico, mantenedor de gran parte de los movimientos sociales, evidencia que la tendencia a la burocratización, tan criticada (por nosotros), no sucede debido a la eventual fragilidad de carácter o desvío ideológico que nuestras direcciones han padecido. Entendemos que el problema es todavía más profundo: estamos ante un mecanismo estructural muy sutil, una estrategia que tumba los movimientos que surgen como iniciativas contestatarias, convirtiéndolos en organismos de contención de las mismas demandas sociales que le dieron origen

Pero a pesar de todo lo expuesto, mientras tengamos que nadar en estas corrientes del capitalismo, es comprensible que la creación de condiciones concretas para desplegar las luchas exija el empleo de cierta cantidad de recursos, y que obtener un canal de negociación para generar recursos sea siempre parte de una táctica a tener en cuenta. Lo que nos preocupa son las situaciones en que los movimientos sociales quedan enteramente dependientes de esta forma de financiamiento, utilizándolas sin cualquier estrategia ni control, relegando a un segundo plano la invención de formas autónomas para mantener la organización. Y además, siempre habría que preguntarse ¿por qué motivos instituciones, ONG’s e incluso empresas privadas estarían dispuestas a financiar la actividad de movimientos con características anticapitalistas?

El diagnóstico tiende a mostrarse igualmente grave cuanto más se desciende en la pirámide organizacional que caracteriza este tipo de relación, y se adentra en las formas en las cuales los recursos son gestionados y distribuidos internamente. Recordemos que son rarísimas las situaciones en que el conjunto del movimiento, sobre todo en las bases, tiene oportunidad de opinar sobre la finalidad de los recursos; esta decisión, normalmente, es de competencia casi exclusiva del sector de finanzas de las organizaciones. Ya no es novedad que una parte importante de los gastos es destinada a la manutención de los cuadros administrativos de la organización. Sin embargo, se ha hecho común que también los cuadros políticos acarrean gastos fijos a los movimientos, constituyendo una pesada nómina de pagos. En el sur del continente, aunque en otras instancias no precisamente como la que hoy nos ocupa, sino desde la periferia de los movimientos de liberación nacional propiamente dichos, mucho se discutió sobre lo nocivo de este planteamiento que se dio en llamar “profesionalización del militante”.

Las facilidades que surgirían a partir de la fuente de ingresos del militante, aún cuando pudiera preservar las mismas convicciones originales que lo llevaron a la acción política, podría ocurrir -de hecho ocurrió en algunos casos- que ese militante revolucionario se convertía en un funcionario de la organización a la que pertenecía, con derechos antes no contemplados y hasta por una cuestión de sobrevivencia, pasa a actuar según criterios de eficiencia y productividad. Surgía entonces una medición cuantitativa del desempeño, que llevaba a la profundización de las relaciones de competencia entre los militantes. El compañero de lucha era visto también como un rival, ya sea para favorecerse con las conquistas del movimiento, o bien para ocupar puestos dentro de la estructura vertical de la organización. Y aún para aquéllos “militantes profesionales” que conseguían no entrar en esta lógica de la productividad, fuera por acomodamiento o por el prestigio político dentro de las organizaciones, el resultado para los movimientos no era menos perjudicial. De una forma u otra, iban asomando de este modo acciones autoritarias frente a la base y a veces serviles frente a la dirección.

Son venenos que agotan las asambleas y los espacios formativos