La correcta decisión gubernamental de Miraflores, de zafarse del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, conocido por sus siglas en inglés como CIADI, tiene dos valores, uno concreto y otro simbólico, ambos de alto significado hoy.
Con el primero o coyuntural, el Estado nación bolivariano deja de estar sometido a un organismo del sistema mundial de Estados dominantes, mediante uno de sus instrumentos, el Banco Mundial, siempre diigido por algunos de sus personeros y estructurado con un solo objetivo: proteger el régimen de inversiones de las empresas transnacionales en el mundo. No fue casual su fecha de nacimiento, 1965, año clave de una etapa mundial de cuestionamientos y desafíos políticos y estatales (rebeliones, revoluciones anti coloniales y cambios nacionalistas) al régimen de inversiones imperiales, sus empresas y Estados sede, en África, América latina y Asia.
Desde esta acción Venezuela es más independiente como Estado, sociedad, régimen y gobierno, o para ser dialéctico, menos dependiente. La independencia total o integral sólo será posible cuando una estructura económica y estatal no capitalista reemplace a lo que hoy domina en nuestro país. Mientras, medidas como desprenderse del CIADI refuerzan la independencia, pero siempre en términos relativos, subordinados a una fuerza superior, el dominio capitalista mundial y su expresión en el Estado y la economía venezolana. Es simple: lo que nos ahorramos al rechazar cobros del CIADI, lo obtendrán por otras vías de la estructura mundial de poder del sistema del capital. De eso no podemos escapar con acciones aisladas, así sean valientes como la de renunciar al CIADI. Se parece a la lucha contra la deuda externa.
El valor simbólico tiene similar valor en el actual contexto geopolítico. Sirve para mostrar al mundo y sobre todo a los pueblos latinoamericanos, que se puede vivir sin el CIADI, que la idea colonizante instalada en los gobiernos del continente, con la excepción de Ecuador, Bolivia, Cuba y algún otro Estado de menor fuerza, es que se debe convivir, compatrir y subordinarse a esos organismos. Incluso cuando los discursos oficiales proclaman lo contrario, como los casos de Argentina, Brasil, México o Uruguay. Ese mismo valor simbólico es solidario, correspondiente, con la resistencia de Bolivia y Ecuador a las esquilmaciones del CIADI desde 2007. Sirve moral y políticamente a esos Estados y pueblos. Y en tercer lugar, señala que el carácter altamente contradictorio de la política exterior venezolana durante los últimos dos o tres años, sobre todo desde finales del 2010, tiene límites. La inevitable presión imperialista, la debilidad estructural del país en la economía mundial, la relación de fuerzas políticas en la sociedad, el carácter altamente revolucionario de su amplia y compleja vanguardia bolivariana, condicionan el curso de cualquier retroceso. Lo hacen más contradictorio y lo limitan.
Para ayudar a comprender el valor de esta medida gubernamental contra un organismo imperial, rescato un trabajo sobre el origen, carácter y función imperialista del CIADI, publicado hace pocos meses.
A qué cosa renunciamos
Como si se tratara de una conspiración financiera internacional o de una nueva "crisis" de la deuda externa, varios países latinoamericanos viven en vilo por los fallos del tribunal internacional del CIADI. Llama la atención que los más agredidos por este organismo judicial del Banco Mundial son los regímenes remisos al control imperialista, considerados "progresistas", o de centro izqueirda". Venezuela, Argentina, Ecuador, y Bolivia son los cuatro más demandados por las multinacioales en el CIADI.
Desde hace casi una década, varios países latinoamericanos y muchos del tercer mundo viven pendientes de los juicios de un tribunal internacional conocido como Centro Internacional de Arreglo de Controversia sobre Inversiones (Ciadi), dedicado a procesar demandas millonarias de empresas multinacionales contra los Estados.
Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela y México acumulan facturas por unos 80.000 millones de dólares en juicios por decisiones gubernamentales que afectaron inversiones radicadas en sus economías. Esta suma escala a casi 200.000 millones de dólares si ampliamos el mapa de juicios a los más de 60 países de América latina, Asia y África que esperan sentencia en el Ciadi.
Esta entidad fue fundada en 1965 para proteger las inversiones externas directas mediante Tratados de Protección. “Las demandas solamente pueden ser planteadas por empresas contra Estados y no al revés. No hay una instancia superior, en consecuencia, las decisiones del Ciadi son inapelables e irrevisables”, señaló en 2007 el economista belga Alan Goods, motivado por la denuncia del Ciadi que hicieron tres Estados de la Alianza Bolivariana de las Américas, Alba. Según datos del sitio especializado en deuda externa con sede en Bruselas cadtm.org, de las 252 sentencias emitidas hasta 2009, un total de 250 las perdieron los Estados.
Una revisión de los documentos de esta entidad evidencia que la montaña de dinero a cobrar es el resultado de la cantidad de Tratados de Protección de Inversión firmados por cada país en las últimas dos décadas. El 72% de los juicios actuales figuran desde 1991, cuando el neoliberalismo campeaba por el mundo. En sus primeros 35 años de existencia se firmaron 602 Tratados de Protección de Inversiones entre Estados y empresas, mientras que en casi la mitad de ese lapso, 18 años, se triplicaron hasta llegar a los 1.857 Tratados (Sonia R. Jiménez, Unam, México 2009).
Hasta el año pasado, ciento cuarenta y siete países habían aceptado sus normas, pero actualmente varios gobiernos tratan de alejarse del Ciadi. Esta tendencia fue inaugurada por Bolivia y Ecuador entre 2007 y 2009, cuando ambos Estados renunciaron al organismo para no pagar las demandas millonarias a favor de empresas extranjeras afectadas por decisiones oficiales. Ecuador fue sentenciada a pagar 12.000 millones de dólares y Bolivia unos 4.000 millones. Desde entonces, otros cuatro países de nuestro continente, cinco del Medio Oriente y tres de Europa oriental intentan huir de este tribunal.
Guiados por las estadísticas del Ciadi/Banco Mundial, desde el año 1975 hasta 2011, su Tribunal Internacional de Controversias, con sede en Washington, juzgó y resolvió sobre 228 juicios contra 98 países. En 81 casos perdieron Estados de América latina y el Caribe, le siguió África negra con 45 resoluciones en contra, Asia con 34, los gobiernos del mundo árabe con 28 sentencias desfavorables; el resto de los juicios tuvieron que pagarlos nueve Estados europeos de la ex Urss, Turquía y los pequeños países de la lejana Asia.
La Argentina es la nación con más demandas en contra dentro de los tribunales del Ciadi. Un total de 58 causas desde el año 2002 en adelante por las que deberá sufragar alrededor de 20.000 millones de dólares, luego de negociar una rebaja de casi 30.000 millones en 2009.
En América latina le sigue Venezuela con 22 demandas a un costo aproximado de 42 mil millones de dólares en expedientes, más del total de sus reservas actuales (Dr. Luis Britto García, Aporrea, Caracas 18/01/11).
Los tratados de inversión se pactan por alrededor de 10 años. Argentina estaría más presionada porque sus juicios comenzaron entre 2001 y 2003. Aunque en el país caribeño aparecieron casi todos entre 2007 y 2009, cuando se nacionalizaron y expropiaron más de 60 propiedades, el monto supera el doble de Argentina. En ambos casos la presión sobre sus reservas y finanzas será la misma.
La mayoría de las sentencias del Ciadi recaen sobre países latinoamericanos que pertenecen a la Unión de Naciones del Sur (Unasur) y al Alba, que sostienen políticas autónomas respecto de los principales organismos financieros internacionales. En este contexto, se justificaría la expresión del intelectual venezolano Lusi Brito García, quien calificó lo que hace el Ciadi, como un “golpe judicial”.
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