La economía venezolana en los actuales momentos atraviesa por un período de normalidad, donde sus variables macroeconómicas presentan resultados positivos, evidenciado por el crecimiento de sectores importantes como es el caso de la construcción, apuntalados por la construcción masiva de viviendas en el sector público y privado.
Otro de los sectores que presentan signos de avance es el de las telecomunicaciones; el comercio donde el consumo de hogares, entendido este, como la demostración de un ingreso que permite la adquisición de productos esenciales. No obstante, es conveniente analizar que esto ocurre de esta manera por el subsidio que aplica el gobierno a través de la red distribuidora de alimentos en Mercal, lo que permite evadir en cierta manera el alza indiscriminada y hasta ahora no controlada en la fijación de precios por parte del sector privado, de allí, la importancia de la entrada en vigencia de la Ley de Costos y Precios Justos.
Ahora bien, es importante destacar que, desde 1983, la decisión de devaluar la moneda por vía ejecutiva, introdujo en la economía los efectos perversos de una carrera sin fin en la fijación y caracterización de precios, hasta nuestros días, la empresa venezolana de muy baja inversión histórica, se ha dedicado desde entonces a la fijación de precios arbitrarios calculando ficticiamente los niveles de costos y ganancias, tomando en consideración aspectos relacionados o intrínsecos a la permuta de la moneda nacional con respecto al dólar, para ello, el indicador supuesto del mercado eleva desproporcionadamente la equivalencia, lo cual es la base para el incremento indiscriminado de costos y precios, a esto habría que agregarle lo concerniente a la comercialización y/o comercialización, creándose un enorme espacio en el “mercado”, con precios mas elevados, que terminan los consumidores finales con esa carga que por supuesto reduce los salarios.
Es por ello, y otros factores no menos importantes que, la Ley de Costos y Precios Justos viene a constituirse en la panacea de la inflación, es decir, combatir esta última, es sinónimo de la aplicación efectiva de lo que la ley ordena y debe ejecutarse, entendemos, que no es nada fácil su aplicación y control, pero debe hacerse de manera expedita creando el programa ideal que permita respuestas rápidas en el cruce respectivo entre la información recogida de la empresas y los análisis que deben hacerse.
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