Tal y como lo he reseñado anteriormente, los sondeos electorales son una simplificación o una fotografía de un momento determinado, que estudia asuntos complicados a través de preguntas relativamente simples que se enuncian a la población mediante alternativas, estos cuestionarios se presentan de tal forma que cualquier persona pueda responderlas, permitiéndoles así, dar opiniones evaluativas sin tener conocimiento técnico de los problemas planteados. Entendiendo que estos sondeos son como una mezcla de argumentos, debemos estar alertas ante la posibilidad de manipulación de los mismos.
Sin embargo, cuando tenemos sondeos o encuestas que se han realizado con carácter regular y en distintos momentos y fechas, para medir situaciones iguales, podemos concluir que estos resultados que arrojan estas investigaciones se convertirán en una tendencia.
Esto es lo que está sucediendo –según los resultados de estas investigaciones- en el caso de las próximas elecciones del 7 de octubre próximo. Chávez aparece con más de veinte (20) puntos de diferencia a su favor con referencia al candidato CAPriles.
Indica la teoría especializada en Marketing Político, que la única forma de revertir una tendencia, una brecha tan pronunciada entre candidatos, es mediante la provocación de un cataclismo social o un escándalo político.
El escándalo político consiste en recrear una reacción en la opinión pública dirigida contra un agente político y mostrarlo como responsable de una conducta que es contemplada como un abuso de poder o una violación de la confianza social, sobre la que se basa la posición de autoridad que tiene, mantiene o puede llegar a mantener este agente político. Consiste en resumen, en un intento por estigmatizar a un agente político determinado.
En la estrategia de la oposición venezolana, ya estamos frente a la aplicación de la técnica de provocar “escándalos políticos” con la clara intención de calificar determinadas conductas de desviadas o escandalosas, miren sino el caso de las “aguas cloacales” y más recientemente el caso del Ex magistrado del TSJ Aponte Aponte.
Recordemos quien es el Dr. Aponte, ex Fiscal Militar –fue quien manejó el caso de los paramilitares que estaban en la Finca Daktari- de allí y gracias a esta caso se postula al TSJ y llega catapultado por el prestigio que adquirió por este caso. En el TSJ permaneció en la Sala Penal y manejó muy hábilmente el nombramiento de Jueces penales en la frontera venezolana –zona por demás de interés para el narcotráfico internacional-. Vale la pena recordar que Venezuela es utilizada por estos grupos como paso hacia Europa y Estados Unidos quienes son sus consumidores finales, su mercado, para más detalle.
Y ahora resulta que después de las averiguaciones exhaustivas resultantes del Caso Makled, este Ex Magistrado resultó implicado en distintas irregularidades por demás muy graves. El Poder Moral analizando los hechos y el derecho, decide separarlo del cargo y éste huye del país cobardemente y aparece en la TV de Miami, propiedad de Eligio Cedeño –pagada con dólares que se robó con la trampa que montó en CADIVI, gracias a sus “contactos y relaciones”- y otros antichavistas conocidos, declarando toda la basura que declaró en días pasados.
Tuve la oportunidad de conocer personalmente al Dr. Aponte en marzo del año pasado, cuando asistió como perito por el Estado venezolano en la caso de Chocrón Chocrón vs. Venezuela y nos acompañó en el caso de Leopoldo López ante la Corte Interamericana de DDHH en Costa Rica. En reunión realizada en la embajada nos refirió que en el caso de la Jueza Afiuni cinco días antes de que el Presidente Chávez opinara acerca del caso ya el TSJ tenía una averiguación abierta pues ésta Juez facilitó la fuga de Eligio Cedeño, engañando a quienes lo custodiaban y ocultándole su decisión a la propia Fiscalía y peor aún su fuga se realiza gracias a que la Juez Afiuni lo escoltó hasta el ascensor privado por donde éste se escapó y que existían las grabaciones del hecho. No lo digo yo lo dijo Aponte Aponte frente a testigos.
Ahora resulta que todo lo que hizo, lo que trabajó y por lo que alcanzó altos cargos en el Poder Judicial venezolano es mentira y fue preparado y debido a la extorsión. Que poco valor tiene este individuo que admite que conformó parte de oscuros negocios, y intenta enlodar con ello al Presidente Chávez, que moral puede tener el testimonio de este señor que terminó por denunciar a sus supuestos cómplices sólo porque se vio al descubierto.
Esto señores, no es otra cosa que el intento de la oposición por montar un escándalo político como parte de la campaña que está haciéndose desde afuera contra Venezuela, viene como anillo al dedo la denuncia de Aponte para darle fuerza a la CIDH en sus argumentos de que en Venezuela no hay independencia de poderes y el poder judicial está secuestrado por Chávez –cuanta infamia junta-. Los abogados de este país sabemos que si algo no ha tocado la revolución es precisamente el Poder Judicial. A pesar de que hemos avanzado en materias como menores y adolescentes, laboral, administrativo, tenemos una gran deuda moral con el país todo por el tema de la ética de los jueces y juezas venezolanos. Ya dimos el primer paso con la creación del Tribunal y la Corte Disciplinaria. Hay señales que apuntan al adecentamiento de esta rama del poder en Venezuela.
Sin embargo, Aponte es la punta del iceberg en la estrategia de la oposición para mellar la credibilidad del gobierno nacional, mediante el -escándalo político-. Esta reacción social a la que me refiero, busca provocar en el conocimiento público la sensación de que se ha cometido una conducta a la que se califica de desviada. Y el fin último, es crear el clima de opinión referido, a que el gobierno nacional rompió el pacto con la sociedad venezolana y revertir la tendencia positiva en la brecha que separa a Chávez de CAPriles. Buscan con esto además, mostrarnos como un Estado forajido para justificar la aplicación de la Carta Democrática de la OEA y lo más grave las acusaciones de Aponte buscan desmoralizar a la FANB, para mermar la confianza de la población en éste cuerpo y con ello debilitar dos de las grandes fuerzas que sostienen a la revolución bolivariana el pueblo y la fuerza armada.
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