Luego de las declaraciones del Presidente Chávez, referidas a la posible denuncia de la Convención, para con ello retirarnos de la competencia de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los miembros de las ONG’S – casi todas con inclinaciones oposicionistas- y los “expertos” en derechos humanos han puesto el grito en el cielo. Aclaremos que la Convención Americana fue suscrita por el país el 24 de junio de 1969 y ratificada en 1977 y la competencia de la Corte fue ratificada en 1981.
Cualquiera que no conozca el dispositivo de cómo funciona este mecanismo, pudiera caer en la tentación de creer en el clima de opinión que están tratando de construir acerca de este tema: Que ahora si estamos en una dictadura y que no hay protección frente a los desmanes del estado totalitario.
Debemos destacar sin embargo que, hasta ahora Venezuela ha sido condenada por la Corte Interamericana (1999-2011) bien total o parcialmente en los siguientes casos: Blanco Romero y otros (Desaparecidos de Vargas), Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), Apitz Barbera, Perkins Rocha, Ruggeri Cova, Reverón Trujillo, Gabriela Perozo y otros (Globovisión), Luisiana Ríos y otros (RCTV), Barreto Leiva (administrador caso partida secreta de CAP), Usón Ramírez, la Jueza Chocrón Chocrón, Leopoldo López, Familia Barrios, Familia Uzcátegui y Raúl Díaz Peña. Algunos de estos casos el propio Estado venezolano ha reconocido su responsabilidad –a pesar de que no de ellos el más grave no sucedió durante el gobierno del presidente Chávez- como lo es el caso del retén de Catia. Hasta ahora se calcula que el estado venezolano adeuda a las ONG’S que asesoran a las supuestas víctimas y a las propias víctimas –calificadas así por las sentencias dictadas por la Corte, la suma de más de OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL DOLARES AMERICANOS ( $ 8.500.000).
Porqué reseño este detalle, porque esta es la causa principal por la cual estas ONG’S oposicionistas en su mayoría y prejuiciadas igualmente contra el gobierno nacional, están chillando la posible denuncia de la Convención con respecto a la CIDH y la Corte Interamericana. No les preocupa el tema referido a la imposibilidad de que los derechos humanos queden desprotegidos y que no haya debida protección, no señor, sólo les importa que se ve minimizada, por no decir reducida a su mínima expresión, la posibilidad de que acudan a instancias internacionales en representación de víctimas de violación de derechos humanos demandando al Estado venezolano, para obtener retribuciones en dólares.
¿Qué es lo que no dicen estos señores de las ONG’S y sus expertos? qué este mecanismo de protección de los derechos humanos está pensado para mediante la acusación y connivencia entre la Comisión y los miembros de estas ONG’S venezolanas, se condenen a Venezuela logrando dos fines: el político –mostrar al país como un estado fallido- y por el otro, la obtención de condenas en dólares para con ello resarcir a las víctimas de violaciones de derechos humanos y su consecuente tajada en la demanda por parte de sus asesores –las ONG´S-. Estos señores hipócritas ocultan que, debido al entramado jurídico que se ha construido alrededor de este instrumento jurídico, podrán continuar analizándose casos y haciéndose informes sobre Venezuela, basándose en la Declaración Americana de Derechos Humanos, no nos libera por tanto, al Estado denunciante, de las obligaciones impuestas por los casos ya conocidos ni impide la continuación de los que estén ya en trámite.
Vale decir, continuarán su curso las causas anteriores a la denuncia, pero luego de ella no se podrán introducir ni procesar nuevas demandas, con lo cual se impedirá que continúen el trato prejuiciado, discriminatorio y parcializado de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra nuestro país, y sus intentos de suplantar nuestros poderes mediante fallos inadmisibles para nuestro orden constitucional interno.
Intentan estos expertos y las ONG’S cómplices como son, ignorar que a partir de 2003 Venezuela ha formulado graves críticas a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por las siguientes conductas:
A) Falta de otorgamiento de medidas cautelares a favor del Presidente Hugo Chávez Frías durante su secuestro los días 11, 12 y 13 de abril, a pesar de que éstas fueron expresamente solicitadas por la Asociación para la Promoción Alternativa-Minga de Colombia.
B) Reincidencia y contumacia en la admisión de denuncias sobre casos no resueltos por el ordenamiento jurídico interno venezolano, y en oportunidades ni siquiera planteados ante éste, en contra del artículo 46.1 de la Convención Americana.
C) Reincidencia y contumacia en la admisión de denuncias imprecisas, en las cuales no se consignan nombres, fechas, lugares ni relación exacta de los hechos.
D) Reincidencia y contumacia en la admisión de denuncias carentes de sustento probatorio, que toman por ciertas las simples afirmaciones de ONG’S venezolanas vinculadas con el Departamento de Estado, y citas de los medios de comunicación social.
E) Reincidencia y contumacia en la admisión de denuncias sobre hechos hipotéticos, futuros e inciertos, tales como los efectos que podría tener la aprobación de determinadas leyes o la adopción de ciertas medidas.
F) Inclusión en forma improcedente e inadmisible de Venezuela desde 2003 en el Capítulo IV del Informe sobre Derechos Humanos, relativo a países “cuyas prácticas en materia de derechos humanos merecían atención especial”, basándose en las inaceptables prácticas ya citadas.
G) Desconocimiento flagrante de la soberanía de Venezuela, al aceptar la denuncia relativa al doctor Allan Brewer Carías el 25 de septiembre en un caso con respecto al cual no se ha agotado la jurisdicción interna, fundándose en que nuestro país debería “Adoptar medidas para asegurar la independencia del poder judicial”, con lo cual presupone que dicha independencia no existe y que dicho poder ha de ser suplantado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
A las justas críticas de Venezuela se añaden las formuladas por los representantes de Brasil, Bolivia, Ecuador, México y Perú que constan en el Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana, de 13 de diciembre de 2011.
A pesar de todo ello, continúan en su campaña de descrédito estos mercaderes de los derechos humanos, ocultando sus verdaderos intereses, así como las verdaderas razones que el Estado venezolano tiene para denunciar la Convención y con ella la competencia de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana.
