Los especialistas expertos en materia de comportamiento humano tales como: psicólogos, sociólogos, pedagogos - andragogos, teólogos, abogados - criminólogos, politólogos y Lic. en ciencias policiales, pareciera que no logran definir la forma de controlar la des adaptación conductual de las personas, en sus respectivos conglomerados sociales.
La búsqueda de la absoluta libertad y la defensa extrema de los derechos humanos, son variables tomadas en cuenta por legisladores cuando redactan leyes orientadas al control del comportamiento criminal y cleptómano del individuo, o para determinar la forma de educarlos dentro del esquema familiar y escolar; pero las ambigüedades jurídicas o "lagunas", son aprovechadas por los expertos criminólogos, para lograr la libertad de sus defendidos, abogando el derecho constitucional de defensa que tiene toda persona privada de libertad, aunque haya cometido horrendos crímenes o nefastas violaciones al derecho de la víctima.
El comportamiento corruptivo de los cuerpos policiales, los fiscales o defensores públicos, los abogados defensores, los jueces, los custodios de presos y todo aquel que esté involucrado en la administración y aplicabilidad de la ley, cooperan desmedida mente con la inseguridad pública, ya que por defender intereses bastardos permiten la libertad plena o condicional del delincuente, que al no haber sido re educado en el centro penitenciario en el cual estuvo retenido o privado de libertad, vuelve a repetir o reincidir en la inadecuada conducta que lo indujo a cometer delito contra la persona o la propiedad.
La des unión familiar, la descomposición moral familiar, la carencia de acertada escolaridad, la pérdida de la fe o valores morales, el consumo de drogas y la inducción permanente de los medios de comunicación de masas a la prostitución, agresión y la distorsión conductual; estructuran parte del formato de vida para la construcción o formación del delincuente y por consiguiente de la inseguridad pública.
Una aún no asertiva política del Estado en materia de seguridad pública, el no haber logrado disipar la herencia corruptiva dejada por los gobiernos “punto figistas” de derecha, es otra variable del problema; como bien es sabido, el Estado está conformado por una estructura de poderes; en la República Bolivariana de Venezuela, el Estado lo constituyen cinco poderes estos son: el legislativo, el judicial, el moral, el ejecutivo y "el electoral que dentro de sus funciones, no está obligado a diseñar y ejecutar políticas para el control de la inseguridad pública"; todos los demás poderes están obligados por precepto constitucional, a coordinar políticas y acciones orientadas a prevenir, reducir la inseguridad pública, o controlar el comportamiento ciudadano en términos generales, pero fundamentalmente monitorear y combatir a la persona que violenta la ley y atenta permanentemente contra la vida y la propiedad del resto de los ciudadanos(as) que desean vivir en sana paz.
Lamentable y peligrosamente, en lo que respecta al Estado venezolano, no ha sido posible que el actual gobierno central, logre coordinar con el resto de los poderes descentralizados "Gobernaciones y alcaldías", estrategias políticas asertivas y efectivas orientadas a disminuir drásticamente los altísimos niveles de inseguridad, que hoy día afectan la seguridad colectiva en todo el país.
A mi poco en entender, pero con la preocupación natural que tiene todo ciudadano de honesto convivir, creo que el "Proceso revolucionario socialista" que gobierna actualmente a la República Bolivariana de Venezuela, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para delinear, proyectar, legislar y aplicar políticas de Estado orientadas a minimizar a su máxima expresión la violencia carcelaria; aun no ha sido muy exitoso.
La reciente creación del Ministerio del Poder Popular para asuntos penitenciarios, el cual ha venido actuando asertivamente en la atención a la problemática que afecta a los privados de libertad, relacionada con los inhumanos y acinantes centros penitenciarios, los esfuerzos realizados para reducir los retardos procesales, la aplicación de planes orientados a reconstruir o construir nuevos centros penitenciarios modernos y humanizan tés, fomentar y crear actividades culturales, educativas, deportivas, además de crear mini empresas, o cooperativas de producción de bienes servicios y de actividades agropecuarias o artesanales, todas estas políticas orientadas a reducir a su máxima expresión la vagancia o la no ocupación dentro de los penales de la nación; aun así el Estado no logra eliminar definitivamente a los llamados “Pranes” o jefes de mafias narco traficantes tanto de drogas así como de poderosas armas de fuego, e instrumentos de alta tecnología comunicativa.
Los esfuerzos que realiza el MPPIJ, para formar a nuevo personal de custodia de centros penitenciarios, la creación de la policía nacional, la puesta en practica del “Plan desarme” a nivel nacional, la aplicación de la reformada ley para el desarme, modernización del parque de armas y transporte de las policías regionales y municipales, mejoras en los sueldos del personal policial en todos sus niveles; en fin se ha realizado un gigantesco esfuerzo para logra el éxito en la diminución de los altos niveles delincuenciales; pero el Sistema Judicial y la actuación del Ministerio Público en todas sus instancias, amerita una real optimización en el cumplimiento de sus funciones específicas; estas instituciones administradoras de justicia del Estado venezolano, deben apegarse estrictamente al precepto constitucional y a la normativa internacional para aplicar justicia temprana ajustada al debido proceso; se deben depurar lo antes posible tanto a los tribunales de justicia, así como al MP, de tanto funcionario corrupto y mafioso, la sociedad venezolana lo reclama con urgencia.
Pero no ha sido fácil reducir los altos índices de criminalidad y bajar el nivel delincuencial en el comportamiento ciudadano; pues no se ha logrado un asertivo y efectivo avance en materia de seguridad pública; no le ha sido cansillo lograr las metas planificadas ya que ha tenido que enfrentar una estructura integrada por: un poder judicial, un Ministerio Público, una policial regional y municipal, extremadamente enferma, profundamente viciada, negligente, desidiosa y altamente corruptiva; aunado a ello el COPP y la LOPNA normativas jurídicas aun no adaptadas a lo previsto en la CRBV, para garantizar el derecho que tiene la ciudadanía a que se le respeten sus derechos humanos fundamentales; es por ello que se hace "Urgente" que el Estado asuma una política orientada controlar definitivamente a este peligroso flagelo social.
