En
días pasados escuché, al Comandante Chávez, manifestar que iba a
reformar el COPP vía ejecutiva, fundado en la emergencia que lo tiene
habilitado para ello, pero también lo escuché resaltando las ideas
principales que tiene, una de ellas no me parece para nada buena, más
abajo profundizaré al respecto, y ellas son: Que va a eliminar, lo poco
de participación ciudadana que queda en alguna ley procesal, como lo
establece el articulo 253 de nuestra carta magna que en esencia dice que
la potestad de administrar justicia reside en los ciudadanos y
ciudadanas; y una de esas formas por excelencia, aparte de las
comisiones judiciales que son de elección popular (Que no ha quedado
ninguna a pesar de la Constitución preverla, las que existen son de
segundo y hasta de tercer grado) y la
posibilidad de elegir algunos jueces por votación popular, otra
probabilidad descartada por los factores de poder judicial y político
actuales, y la otra serian los referéndum abrogatorios o aprobatorios de
leyes, posibilidad, políticamente, tampoco existente, a pesar de ser
legal; entonces usted va a eliminar los jueces escabinos, lo único que
hay de participación popular en la administración de justicia, entonces
vemos que la cosa está bien fea, desde la óptica del bolivarianismo
revolucionario; mas bien le recomendaría que rescatara la figura de los
jueces jurados, figura que existió en el primigenio Código Orgánico
Procesal Penal y que fue siquitrillada por los bufetes de golpistas,
corruptos y narcotraficantes, en alianza con los pumalacas (Antes era el
“Chavismo Light”), quienes son el verdadero poder tras el poder
judicial supuestamente “chavista”. Esta macolla judicial, dueña del
derecho en Venezuela, aun en “V
Republica” (Una parte de ella se mimetizó de “roja, rojita”), estuvo en
contra de esta figura de los jueces jurados y/o escabinos, puesto que
con este tipo de jueces populares pierden el control del tribunal (O se
les hace más difícil), y aprovecharon la primera oportunidad para
eliminarla y eso fue en la reforma golpista del 14 de
noviembre del 2001, reforma que fue aprobada por unanimidad con la
honrosa excepción, en aquel entonces de la actual Ministra
penitenciaria, ya que en aquella reforma de golpistas y chavistas light (Hoy pumalacas), querían privatizar a la PTJ y no lo lograron, y en eso estuvo el valor de Iris.
Es
repugnante y demuestra la hipocresía y el cinismo de personajes como
Alberto Arteaga y Tamayo Tamayo, quienes fueron los “cerebros” de
aquella reforma que eliminó los jurados, hoy invocando la participación
popular en la administración de justicia y criticando a Chávez porque
anunció la eliminación de escabinos.
La
otra figura, que usted comentó para la reforma que tiene en ciernes, es
la idea de la pena de trabajo comunitario, es decir, que la sanción no
sea un régimen cerrado, privativo de libertad sino un trabajo que se
hace o en la comunidad o en sitios públicos. Pero déjeme decirle, que
cuando lo escuche diciendo esto, inmediatamente pensé que no tiene un
asesoramiento idóneo, puesto que en materia de pena, la reforma no seria
procesal (COPP) sino sustantiva (Código Penal), y déjeme decirle que
ese código si requiere una reforma integral urgente y que está bastante
tardía; esa, que se la propongo en esta carta, clasificaría
los delitos en mayores con penas largas y los menores o de menor pena.
Los mayores son conductas de carácter
política y económica de las clases dominantes; la conspiración de
derecha, la traición a la patria tomando en cuenta que hoy, estos
delitos (Incluyen las novísimas conspiraciones mediática y
económica, remenber Allende), tienen por fuente al imperio de la
globalización neoliberal; el único factor generador de violencia y
guerra actualmente, y debe incluir también a los delitos
de cuello blanco, en su mayoría despenalizados o con penas bastante
benévolas; y entre los delitos menores o de penas cortas, estarían los
comunes, que son los únicos sancionados draconianamente, aun
con su gobierno bolivariano revolucionario, de hecho las cárceles están
superpobladas por estos delitos. Por ejemplo el delito de hurto y robo
debe cuantificarse el objeto, no puede haber igual pena para quien se
robe una gallina que
quien roba un banco con ganancias de decenas y centenas de miles de
bolívares y hasta millones. También esa reforma sustantiva debe
descriminalizar el consumo de drogas, que es un arma imperialista de
dominación geopolítica, envenenamiento de su juventud y financiamiento,
por intermedio de los paraísos fiscales o bancos propios directamente,
de su guerra sucia (Paramilitarismo u “operaciones encubiertas”)
conjuntamente con la venta de armas y el saqueo imperial. De legalizarse
la droga a nivel mundial, se caería todo el sistema del dólar;
colapsaría el capitalismo, las palabras del Sociólogo James Petras,
dadas a nuestra radio nacional, a su directora, hace tres domingos, son
lapidarias y deben tomarse en cuenta.
TENGO TEMOR CON ESTAS RECOMENDACIONES
Le
diré que con las recomendaciones que les daré tengo mucho temor, no
porque piense que lo estoy haciendo mal o porque tema que usted me pueda
hacer algo por esta “carta” sino porque puedo “escupir para arriba”,
como lo hice con la ultima reforma del código penal en el 2005, en donde
propuse acabar con las guarimbas de los ricos del este, sobretodo la
provocada por los Alcaldes de Chacao y Baruta, este ultimo actual
flamante candidato presidencial de la derecha; y propuse repito que las
trancas de calles, las tomas de instituciones y la paralización del
transporte, pero con fines subversivos, tal y como lo hicieron los
escuálidos en el 2003 y 2004 (Las propias “guarimbas”), se penalizaran; y
en el 2005 con la reforma del Código Penal, repito, injusta e
indebidamente se
penalizaron estas conductas, sin meter el elemento subversivo, para
criminalizar las luchas obreras y las protestas populares, centenares
de obreros y luchadores sociales están hoy judicializados, por esos
articulo que no era la idea de aquella propuesta. Por eso, vuelvo a
decir, temo hacer esta propuesta por temor a “escupir para arriba” tal y
como pasó con la reforma del 2005 del código penal.
LA PROPUESTA PARA LA REFORMA DEL COPP EN SI
Primera Propuesta, Reforma integral del Código Penal:
Antes de reformar el COPP, reforme el Código Penal, existe un ante
proyecto de reforma integral del código penal (De carácter burguesa),
pero no copie el contenido, copie la idea de hacer un código penal único
en donde estén incluidos todos los delitos, ya que los mismos se
encuentran dispersos en distintas leyes; el nuevo código, que usted
promulgará dividirá los delitos en mayores o de penas largas (10-20
Años, ya que la pena máxima debe ser de hasta 20 años); y menores o
comunales, entre 1-10 años; en los primeros estarán los delitos de
traición a la patria, delitos
en contra del estado Bolivariano y los delitos de conspiración en
contra de la constitución, estos delitos mayores (Aquí estaría el
terrorismo mediático y la especulación financiera y económica con fines
políticos) estarán ligados con la connivencia o complicidad con la única
superpotencia (USA), enemiga del género humano y único factor de
desestabilización y guerra mundial y concretamente de Venezuela; incluya
los delitos económicos o de cuello blanco, en donde estaría la
especulación tanto financiera como económica, no ligada al hecho
político desestabilizador, y demás formas de delitos cometidos por
empresarios; evasión de impuestos, evasión de las leyes del trabajo y
del medio ambiente como del área de trabajo, la estafa por intermedio de
ofertas engañosas o incumplimientos de normas de salud que envenenan o
dañan a la población; el delito de corrupción, hoy prácticamente
despenalizado, en donde cualquier funcionario hace
lo que le da la gana con el presupuesto público y tiene garantizada la
impunidad. Por supuesto los delitos de homicidio, los
hurtos y robos cuando pasen de una cantidad superior a 20 UT, la
delincuencia organizada cuyo monto de lo rateado sea superior a 20 UT, y
el sicariato mercenario (Por dinero) porque el de sensación o conmoción
(La base del paramilitarismo para sembrar el terror y/o vender
seguridad), está en la primera clasificación mencionada. Se debe
despenalizar el consumo de drogas y su distribución, a las personas
catalogadas como consumidores estará en manos del estado para impedir el
enriquecimiento que trae consigo el poder político y social de los
narcotraficantes. Estos tipos de delitos serán dirimidos por las
instancias de jueces profesionales, Jueces Superiores Constitucionales y
la Corte Penal-Constitucional (La Sala Constitucional pero
reestructurada en un 100% a como está hoy),
tendrán cárceles especiales de máxima seguridad, en donde tendrán celdas individuales.
Entre
los delitos menores (1-10 Años), estarían los que hoy son contra la
propiedad, cuyo monto sea inferior a 20 UT y la violación, ambos
delitos, provocados por el capitalismo, en uno por la pobreza y en ambos
por la publicidad burguesa que instiga al consumismo y al sexismo,
sobretodo en la forma como se utiliza al cuerpo de la mujer con fines de
venta comercial, en donde moralista y religiosos quienes se dan golpe
de pecho por los robos y violaciones publicitadas con amarillismo en la
prensa privada, pero ante este hecho miran para otro lado; la represión
de estos delitos se debe acompañar con planes de desarrollo y
consecuente empleo nacional y la prohibición a este tipo de propaganda
sexista y a un periodo de educación colectiva sobre el trabajo, única forma de socialmente obtener riquezas y sobre
el sexo sano y con fines de reproducción de la especie. Este tipo de
delitos serán dirimidos por tribunales Municipales, de elección popular,
y procesos con jueces jurados, escogidos del registro civil por
parroquia, de manera que será el propio pueblo quien es magnánimo y
busca la reforma real del individuo sentenciará. En estos casos las
penas serian fundamentalmente de trabajo comunitario y en caso de
privación de libertad serian en Internados Judiciales locales, en donde
este cerca de su familia y de la comunidad; las cárceles propiamente tal
son para los delitos mayores.
Segunda Propuesta: En base a la Reforma Penal Sustantiva Organizar a los Tribunales, la Fiscalía, la Policía y las Cárceles.
Una
vez reformado el código de los delitos y de las penas, en delitos
mayores (10-20) y menores (1-10), se reformarían o se adaptarían a
dichas reformas los tribunales, las fiscalías, las policías y las
cárceles, de la siguiente forma: Los Tribunales de Jueces Profesionales
(Uninominales), que serian de primera instancia, y como
segunda instancia las Cortes Penales Constitucionales y en Casación la
Sala Constitucional, por supuesto con un personal distinto y diferente a
los Magistrados actuales, se recomienda utilizar la figura del Juez
Asesor, existente en el viejo condigo de enjuiciamiento criminal, con
fines de subsanar los más de 70 años de retraso con el pensamiento
progresista y de izquierda que tienen nuestras facultades de
derecho, específicamente la UCV, en donde nada que surja de allí puede
ser bueno porque nadie da lo que no tiene; se recomendaría Abogados
asesores de ciertas Universidades Españolas, ligadas al pensamiento
crítico y expulsados de sus cargos por el privatizador plan Boloña, de
la Universidad de Buenos Aires, de la UNAM Mexicana de la UN de Bogota y
Medellín y de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, así como ciertos
asesoramiento de Abogados Norteamericanos de origen latino que ejercen
en los Estados de California, New York, Illinois y en Montreal, Canadá.
No se descarta asesoramiento judicial de Abogados de otros países.
Las
Policías y Fiscalías, deben reestructurarse radicalmente, en donde la
Fiscalía esté por arriba de la policía de verdad y no en el papel,
inclusive la misma policía nacional mal llamada Bolivariana, hay que
reestructurarla ya que esta diagramada bajo la misma concepción
puntofijista de una policía Hooveriana (Edgar J. Hoover, genio policiaco
gringo padre de la policía ejercito de agresión en contra del pueblo
trabajador y pobre y su avanzada socio política y custodia fiel de los
intereses de la burguesía imperial). Las policías, como ya no van a
combatir al pueblo llano, deben desarmarse y achicarse, en personal, mas
no en conocimiento científico, el cual debe agigantarse, ya que ahora
va a tener como delitos a combatir los que son cometidos por la astuta,
poderosa y muy
bien armada y equipada burguesía. Se requiere un personal suficiente y
eficientemente preparado para hacer persecutoria a los principales
medios de comunicación, en donde se originan las “ollas” que monta el
imperialismo (Sus cuerpos especializados dependiente del Pentágono o del
Departamento de Estado o de la CIA), y la burguesía lacaya, en contra
del pueblo y del país, para reprimir los delitos de terrorismos
mediáticos la complicidad necesaria que hay entre los medios con los
delitos traición a la patria, conspiración, especulación financiera o
económica o terrorismo propiamente tal; se le deben hacer un movimiento
riguroso minuto a minuto a la banca tanto pública como privada, pero
fundamentalmente a la privada con miras a prevenir maniobras
especulativa asimismo debe tener personal suficiente tanto en cantidad
como en preparación con listas de precios y seguimiento a los productos y
bienes en prevención de su especulación
indebida, acaparamiento o desviación y debe existir un cuerpo armado
especializado, distinto al cuerpo técnico que hace la investigación,
registro o experticia, pero en relación muy estrecha con él, para
someter y capturar al delincuente de cuello blanco y/o enemigo de la
patria y de la sociedad. Las fiscalías, al igual que las policías, deben
especializarse por departamentos tanto para delitos mayores o
nacionales y menores o municipales; las fiscalías (Y policías)
Nacionales deben sub dividirse en delitos en contra la patria y la
constitución (Traición a la patria por connivencia con el imperialismo),
delitos financieros, en donde la Superintendencia de bancos debe
convertirse en una supefiscalía o superpolicía, para que le haga
seguimiento y control a cada bolívar de la nación, delitos económicos,
en donde la función de la fiscalía especial es impedir la agresión a la
sociedad por parte de comerciantes y burgueses con productos y
bienes; la Fiscalía en contra de los delitos mediáticos de
manipulación, distorsión del pensamiento y terrorismo y complicidad
necesaria en contra de la especulación financiera y económica. Sobre las
cárceles, ya hablamos arriba.
Tercera Propuesta: Reforma del COPP, Una Vez Realizada la Reforma Integral Penal:
Una
vez hecha la reforma sustantiva integral penal que establezca un
sistema de administración de justicia idóneo, no para combatir al pueblo
o los delitos que pueda cometer el pueblo sino a los ricos y organizado
unos tribunales, fiscalías, policías y sistema penitenciario, en
función de esa concepción matriz verdaderamente bolivariana
revolucionaria y no bolivariana primaria, patriotera o cuartelera; de
combate a los delitos de los ricos con rigor y permisividad con las
conductas de los pobres, es que se debería reformar el COPP, y no antes.
Cuarta Propuesta: Tribunales, Fiscalías, Policías, Médicos Forense, Peritos, Defensores suficientes.
La
burocracia retardataria, que controla el poder judicial, y la más
atrasadas de todas, es la penal que hasta ayer no mas estuvo jefeada por
Eladio Apone Aponte, en esta revolución bonita, que me da la impresión
que usted para nada se ha dado cuenta de ello, ante la deficiencia de
tribunales, fiscales, peritos, defensores y personal administrativo
suficiente, en vez de corregir esa falla aumentando el personal y el
presupuesto, optó por correr hacia adelante, mochando al
COPP, retardando los lapsos y cercenando el derecho de los ciudadanos,
en detrimento del debido proceso, por ejemplo, el COPP primigenio (1998)
estableció que el imputado una vez detenido, tenia 48 horas para ser
presentado ante un juez, quien debía decidir en ese lapso,
sobre su libertad, luego el Ministerio Publico, en 20 días debía
presentar la acusación o el sobreseimiento o cualquier otro acto
conclusivo y el proceso completo debía durar un máximo de Dos (2) años
so pena de quedar en libertad el reo; pero en vez de ponerse a tono con
ese COPP de carácter progresista y garantista, que era mucho código ante
tanta mediocridad, opto por aumentar los lapsos para darle más chance
al juez para que decidiera y al fiscal para que cumpliera con su
trabajo; se priorizó la comodidad del funcionario público, que no
representa ni el 2% del país por arriba del 98% restante de la
población. Esa es la salida sindicalera, típica de una socialdemocracia
tardía. En Venezuela no podemos alegar, como en El Salvador o Guatemala
la falta de recurso, aquí el problema ha sido de falta de voluntad y
mala fe. Hoy el proceso puede durar más de 5 años y este retardo es,
conjuntamente con un código penal injusto que penaliza
con saña a la pobrecía, la principal causa del hacinamiento
penitenciario, y este hacinamiento es la principal causa del estado de
caos y muerte existente en nuestras cárceles, que es una afrenta para la
sociedad venezolana.
Se
propone que por cada 100.000 habitantes haya un Tribunal, Una (1)
Fiscalía, con su personal e infraestructura suficiente para su
funcionamiento eficiente.
Quinta Propuesta: Proceso Oral y Público y Debido Proceso
Producto
del mochamiento y el cercenamiento de derechos en el proceso penal con
las consecutivas reformas involutivas que ha habido, el proceso criminal
que era oral y público de verdad de todos los procesos que han habido,
hoy en día es un proceso escrito mas, con algunos actos en audiencia
hablada por las partes, cada día el juez se reserva a espaldas de la
partes y en secreto la decisión que de esa forma solo puede ser por
escrito y no oral y los actos son cada vez no solo menos orales sino
menos públicos, sujetos a la discrecionalidad del funcionario.
Se
propone que el detenido en un lapso, no mayor de 48 horas sea puesto a
la orden de un juez quien decidirá sobre su libertad dentro de ese lapso
incluido y el fiscal a más tardar en 3 semanas presentará su acto
conclusivo y el proceso no debe durar más de 2 años.
Este tiempo procesal debe ser no solo para los delitos infraganti sino también para los
delitos no infraganti u ordinarios, en donde la fiscalías, y las
policías, hacen las veces de juez y parte al mismo tiempo y no existe
fase de investigación judicial, prestándose esta conducta a la
arbitrariedad y corrupción.
Se
propone que en los delitos no fraganti, una vez detectado el delito se
someta a juicio a sus posibles autores o participes cuestión que no
implica violación a la libertad o al principio de detención judicial, de
acuerdo a nuestra constitución. La detención administrativa (Sin tutela
judicial) puede durar hasta 48 horas.
Ahora
esta propuesta es para acabar con un privilegio en donde delincuentes
que han cometido delitos mayores pero que por posición de poder, son
investigados muy light, sin ser sometido a tutela judicial y en donde el
Ministerio Publico se toma el tiempo que le da la gana; y no para que
se desaten detenciones arbitrarias por 48 horas a diestra y siniestra.
Se propone que en el proceso ordinario, una vez detectado el delito a
posibles autores y participes se pongan a disposición judicial quien
decidirá sobre su libertad, en ese lapso de 48 horas, y el tiempo para
presentar acto conclusivo, no sea superior a 90 días, tiempo suficiente
para que un caso difícil sea resuelto.
Sexta Propuesta: Restituir los Beneficios Procesales y Penitenciarios del COPP de 1998
La
macolla de derecha, que ha venido reformando de forma involutiva al
COPP consecutiva y recurrentemente, le ha parecido horroroso que los
pobres que delinquen gocen de tantos beneficios y al principio le
adjudicaba ser el causante de la inseguridad, pero aquí la culpa es de
la vanguardia del proceso revolucionario que no ha sabido imponer la
ideología del bolivarianismo revolucionario, en donde el principal
responsable seria usted Mi Comandante, ya que la derecha conjuntamente
con el reformismo, en vez de profundizar la revolución a nivel judicial
penalizando los delitos de cuello blanco y la conspiración de derecha y
despenalizando o disminuyendo la dura penalización de los delitos
comunes, contiguamente en económico social impulsar industrialización
del país y la construcción
de una infraestructura solida para acabar con la pobreza y la
dependencia, principales vectores de la delincuencia.
Se
propone que se restituyan los beneficios procesales y penitenciarios
que contemplaba el COPP de 1998. Igualmente se propone que sea el Juez
de Ejecución quien supervise la ejecución de la pena y desparezca tanto
los delgados de pruebas como los equipos multidisciplinarios para
otorgar beneficios que son fuentes de corrupción y retardo o negación
absoluta de beneficios penitenciarios a los presos “limpios”, que son la
mayoría.
Séptima Propuesta: Restituir los Juicios en Contra la Corrupción en Ausencia.
Golpistas
y chavistas light, que en 2001, en esa destructiva reforma del COPP,
eliminaron el juicio en ausencia, para ello contaron con la aquiescencia
del Fiscal General del momento, Isaías Rodríguez (El Fiscal de la
Impunidad) y con ello ganaban los casos de sus clientes, los corruptos,
antes de empezar el juicio.
Resulta
que en muchos países para que proceda, la extradición, sobretodo en los
llamados del primer mundo, se requiere que la persona esta sentenciada,
pero resulta que el reo se da a la fuga o se ausenta. Por otro lado,
mientras la persona no sea condenada tampoco se le puede expropiar
bienes; y por ello en protección del delincuente rico, que es quien
tiene posibilidad de fugarse para Estados Unidos, Costa Rica, Panamá o cualquier otro paraíso fiscal.
Se
propone restituir el juicio en ausencia por corrupción, eso no es
violatorio a ninguna constitución y es mas existen acuerdos
internacionales que contemplan los juicios en ausencia.
Octava Propuesta: Ampliar los Beneficios al Informante Arrepentido y a Quien Admite los Hechos:
Dicen
que los ricos ganan los juicios mucho antes de que se realicen, cuando
se hacen las leyes, ya que la acomodan a su conveniencia e intereses;
eso ha pasado con los golpistas con respecto a las reformas involutivas
del COPP, en donde una de sus victorias para sus clientes los golpistas y
corruptos, ha sido desmejorar los beneficios o concesiones que da el
estado al delincuente que se arrepiente y colabora con la administración
de justicia, con ello procuran la integridad del delincuente para que
no delate a su compinche en detrimento del estado y la justicia.
Igualmente a quien admite los hechos, Existen muchas trabas y pocas
garantías o concesiones a quien admite los hechos.
Por
último me despido de usted, Mi Comandante esperando que estas
recomendaciones puedan ser útiles a usted y a la administración de
justicia penal de nuestro país y le recuerdo que más que una carta a
usted, que si lo es, por estar personalizada, estas son unas propuestas.