Como se estila en
estos organismos internacionales de dominación de naciones y
economías, es más fácil entrar que salir. Como los matrimonios.
Venezuela deberá esperar por lo menos seis meses, según el
artículo 71 del Convenio del Ciadi suscrito por el Estado venezolano
en los años 90, para que se haga efectiva su decisión soberana de
abandornar la entidad.
Voceros de la Cancillería bolivariana justificaron la renuncia badados en que los fallos del Ciadi tienden a perjudicar a los gobiernos y atentan contra la soberanía del Poder Judicial, dos argumentos ampliamente sustanciados por el abogado e intelectual venezolano Luis Brito García en una decena de artículos de prensa y en algunos de sus libros.
El gobierno de Hugo Chávez ha denunciado que los fallos
privilegian los reclamos de las empresas transnacionales y los
intereses de países industrializados, principalmente de Estados
Unidos, contra las naciones soberanas, sus legislaciones y
tribunales. La gravedad del error cometido por el gobierno que afilió
a Venezuela al CIADI en 1995, tendrá consecuencias para la actual
generación de venezolanos. Según lo pactado y pautado en sus
reglamentos, deberá afrontar y cumplir las sentencias que ya están
en curso, lo que singinican varios miles de millones de
dólares.
Según el
artículo 70 del Ciadi, esta medida se aplicará a los Estados
contratantes que sean responsables de aquellos territorios definidos
en sus relaciones internacionales, salvo los casos en que se excluya
a través de notificaciones escritas.
El retiro del organismo no
anula la obligación de cumplir con los derechos y obligaciones que
hayan surjido antes de que se haya concretado.
Entre
enero y julio de este año, solo una multinacional presentó recurso
contra el Estado venezolano. Se trata de la
compañía Saint-Gobain Performance Plastics Europe que actuaba en el
área de la petroquímica en el territorio venezolano.
Los enemigos de Venezuela, y la propia cancillería se sienten extrañados al leer los informes más recientes del CIADI. En ambos casos, por razones distintas, se había estimado hace seis meses, que las empresas aprovecharían ese lapso legal entre la solicitud de retiro del Estado y su efecto final, para incoar más reclamos contra Venezuela.
Desde hace casi una década, varios países latinoamericanos y muchos del tercer mundo viven pendientes de los juicios de un tribunal internacional conocido como Centro Internacional de Arreglo de Controversia sobre Inversiones (Ciadi), dedicado a procesar demandas millonarias de empresas multinacionales contra los Estados.
Argentina, Bolivia, Ecuador,
Venezuela y México acumulan facturas por unos 80.000 millones de
dólares en juicios por decisiones gubernamentales que afectaron
inversiones radicadas en sus economías. Esta suma escala a
casi 200.000 millones de dólares si ampliamos el mapa de juicios a
los más de 60 países de América latina, Asia y África que
esperan sentencia en el Ciadi.
Esta entidad fue fundada en 1965
para proteger las inversiones externas directas mediante Tratados de
Protección. “Las demandas solamente pueden ser planteadas por
empresas contra Estados y no al revés. No hay una instancia
superior, en consecuencia, las decisiones del Ciadi son inapelables e
irrevisables”, señaló en 2007 el economista belga Alan Goods,
motivado por la denuncia del Ciadi que hicieron tres Estados de la
Alianza Bolivariana de las Américas, Alba. Según datos del sitio
especializado en deuda externa con sede en Bruselas cadtm.org, de las
252 sentencias emitidas hasta 2009, un total de 250 las perdieron los
Estados.
Una revisión de los documentos de esta entidad evidencia que la montaña de dinero a cobrar es el resultado de la cantidad de Tratados de Protección de Inversión firmados por cada país en las últimas dos décadas. El 72% de los juicios actuales figuran desde 1991, cuando el neoliberalismo campeaba por el mundo. En sus primeros 35 años de existencia se firmaron 602 Tratados de Protección de Inversiones entre Estados y empresas, mientras que en casi la mitad de ese lapso, 18 años, se triplicaron hasta llegar a los 1.857 Tratados (Sonia R. Jiménez, Unam, México 2009).
Hasta el año pasado, ciento cuarenta y siete países habían aceptado sus normas, pero actualmente varios gobiernos tratan de alejarse del Ciadi. Esta tendencia fue inaugurada por Bolivia y Ecuador entre 2007 y 2009, cuando ambos Estados renunciaron al organismo para no pagar las demandas millonarias a favor de empresas extranjeras afectadas por decisiones oficiales. Ecuador fue sentenciada a pagar 12.000 millones de dólares y Bolivia unos 4.000 millones. Desde entonces, otros cuatro países de nuestro continente, cinco del Medio Oriente y tres de Europa oriental intentan huir de este tribunal.
Guiados por las
estadísticas del Ciadi/Banco Mundial, desde el año 1975 hasta 2011,
su Tribunal Internacional de Controversias, con sede en Washington,
juzgó y resolvió sobre 228 juicios contra 98 países. En 81 casos
perdieron Estados de América latina y el Caribe, le siguió África
negra con 45 resoluciones en contra, Asia con 34, los gobiernos del
mundo árabe con 28 sentencias desfavorables; el resto de los juicios
tuvieron que pagarlos nueve Estados europeos de la ex Urss, Turquía
y los pequeños países de la lejana Asia.
La Argentina es la
nación con más demandas en contra dentro de los tribunales del
Ciadi. Un total de 58 causas desde el año 2002 en adelante por las
que deberá sufragar alrededor de 20.000 millones de dólares, luego
de negociar una rebaja de casi 30.000 millones en 2009.
En América
latina le sigue Venezuela con 22 demandas a un costo aproximado de
42 mil millones de dólares en expedientes, más del total de sus
reservas actuales (Dr. Luis Britto García, Aporrea, Caracas
18/01/11).
Los tratados de inversión se pactan por alrededor de
10 años. Argentina estaría más presionada porque sus juicios
comenzaron entre 2001 y 2003. Aunque en el país caribeño
aparecieron casi todos entre 2007 y 2009, cuando se nacionalizaron y
expropiaron más de 60 propiedades, el monto supera el doble de
Argentina. En ambos casos la presión sobre sus reservas y finanzas
será la misma.
La mayoría de las sentencias del Ciadi recaen sobre países latinoamericanos que pertenecen a la Unión de Naciones del Sur (Unasur) y al Alba, que sostienen políticas autónomas respecto de los principales organismos financieros internacionales.
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