Carlos Blanco, en un artículo fechado el 14 del mes en curso, acusó al gobierno de impulsar la Ley de Policía Nacional con el propósito de acentuar el carácter represivo del régimen. Una imputación que se alinea con la posición de la Casa Blanca de caracterizarlo como antidemocrático. Si alguien conoce de la necesidad de una institución de esta naturaleza es Carlos. Por ello, no es sincera de su parte esta posición. Sabe perfectamente que es una idea que se viene manejando desde hace más de 2 décadas, dada la corrupción y el abuso sistemático de las fuerzas del orden en el país. Situación que tiene entre sus causales el desarrollo de la política represiva, ejecutada dentro del terrorismo de estado propio de la guerra fría. Una política que tendió a la militarización de las acciones orientadas al mantenimiento de la seguridad y el orden públicos, creando una cultura orientada hacia la extraconstitucionalidad de las actividades legales destinadas al control del delito. Se tendía a criminalizar la oposición política y a politizar la acción delictiva, para lo cual la aplicación de la noción militar amigo-enemigo era ideal. Así como se declaró la guerra al narcotráfico y al secuestro (delitos), se declararon criminales a los opositores políticos. Tal como abiertamente hoy lo hace el gobierno de Washington..
De esa forma Blanco coloca como organizaciones policiales, en una tendencia a mantenerlas en esa posición, a cuerpos de naturaleza estratégica como la Guardia Nacional y la DIM. La primera, como instrumento de defensa del orden interno, que incluye la protección de las instituciones de servicio público, incluyendo las de gobierno, y aspectos del país y de la nación vitales para la existencia del Estado. La segunda, agencia para la búsqueda del conocimiento sobre la potencialidad de la emergencia de conflictos armados que amenacen la existencia de la comunidad política. La Policía Nacional, separaría claramente la acción policial, parte del régimen judicial, de la acción militar integrante de la seguridad estratégica de la nación. Sería el desarrollo de una política, establecida constitucionalmente, que garantiza los derechos humanos al ciudadano a la par de acreditar los de la nación como sociedad organizada con vocación de persistencia. En ese contexto, la Policía Nacional tiende, usando términos folclóricos, a “ponerle orden a la pea”. Una embriaguez creada por la “libertad” del neoliberalismo. No soy contrario a los estados de euforia propios de la borrachera. Ellos forman parte de esos procesos de liberación de vivencias que perturban la conciencia que conocemos como catarsis. Pero hay que regresar a la normalidad y, esta supone ordenar la vida. Una dinámica que exige delimitar espacios y funciones. Y la constitución nacional ha establecido, con el consenso de los venezolanos, un mapa para ello, y una de las etapas es el establecimiento de la Policía Nacional. Lo mismo que se ha hecho con la redefinición de la Fuerza Armada prevista en su nueva Ley Orgánica.
