Volvemos sobre el tema pues la conspiración internacional que se cierne sobre Venezuela continua su camino; ello, a pesar de las manifestaciones de buena voluntad que nos hiciera en la 146° Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su nuevo Secretario Ejecutivo, el mexicano Emilio Alvárez Icaza, en noviembre del año pasado.

La CIDH decidió la incorporación de Venezuela en el capítulo IV de su Informe Anual para 2012, en virtud de que según la CIDH en Venezuela existen “situaciones coyunturales o estructurales, que por diversas razones están presentes en los Estados y que facetan seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales, consagrados en la Convención Americana o en la Declaración Americana. Este criterio incluye, por ejemplo: situaciones graves de violencia que dificultan el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho; graves crisis institucionales; procesos de reforma institucional con graves incidencias negativas para los derechos humanos; u omisiones graves en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos humanos”.

Estos señores expresan que basaron sus exámenes en el monitoreo general de la situación de derechos humanos que realizaron a lo largo del año 2012, a través de información recabada durante sus audiencias y de información disponible de otras fuentes públicas, el mecanismos de peticiones y casos, así como las medidas cautelares dictadas. Igualmente otra fuente del referido análisis –según ellos-, fueron los informes que solicitara al propio país.

Las fuentes de consulta increíblemente son la prensa venezolana, 95% de oposición, la TV venezolana 85% de oposición, las ONG’S venezolanas tales como Espacio Público, Vicaria de DDHH, Observatorio Venezolano de Violencia, Cofavic, Acsol, IFEX, IPYS, PROVEA, entre otras y gremios como el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato de la prensa; principalmente.

Las observaciones giran en torno esencialmente a estos temas: situaciones estructurales modificatorias normativas (reforma institucional) que implican restricciones legales y administrativas que afectan el goce y disfrute de los DDHH en Venezuela, entre ellas destacan las “leyes habilitantes”; otra situación que “observan” es la referida a la provisionalidad de los jueces y fiscales, lo cual conlleva a la supuesta fragilidad del poder Judicial y su falta de independencia e imparcialidad, que impacta de manera negativa el ejercicio del derecho de acceso a la justicia (ignorando la creación de la nueva instancia jurisdiccional creada por la Constitución y encargada de la Disciplina de los jueces titulares, provisionales, suplentes y hasta los de la justicia de paz, pues le Código de Ética del juez y jueza venezolanos, no hace diferencias a este respecto). También incluyen en su lista de observaciones “el uso abusivo del derecho penal” refiriéndose al derecho a la preservación de la honra, dignidad y moral de los particulares frente a la calumnias, injurias y vilipendio de los medios y periodistas; la situación de inseguridad y alza en la tasa de homicidios, todo basándose en cifras de las ONG’S; los obstáculos para los defensores de los derechos humanos en el ejercicio de su labor, ello por los señalamientos que se les hace de estar financiados por la NED y de que -en algunos casos puntuales- son parte de la mafia carcelaria; la situación de violencia carcelaria que afecta el ejercicio de los derechos humanos, la vida y la integridad personal de los venezolanos; así como la guinda de la torta: la afectación a la libertad de expresión, entre otros temas de especial interés para la Comisión.

Me voy a referir a este último punto la supuesta afectación a la libertad de expresión. La CIDH en su informe destaca en 26 páginas más o menos todo un listado completo acerca de las “agresiones y amenazas contra medios y periodistas” que denunciaran estas ONG’S y el Colegio y Sindicato de la Prensa; y paso a detallar algunas de ellas:

Luis Carlos Díaz noviembre 2011 y enero 2012 recibió amenazas en su red social Twitter debido a que le hackearon su cuenta luego de que un grupo que se autodenomina N33 lo amenazara. Reportan iguales situaciones los ciudadanos Alberto Roa, Orian Brito, Edgad Otálvora (Director del Nuevo País) fueron hackeados por el grupo mismo grupo; hechos éstos atribuibles a terceras personas y no directamente al Estado venezolano.

El 18 enero fueron agredidos el equipo de periodistas de RCTV, y me preguntó: ¿cómo los agreden en actividades periodísticas, si no se supone que no están trabajando, pues el régimen se los prohíbe?

Refieren a todo lo largo del informe que a la planta televisiva –crítica al gobierno nacional, según el informe señala- Globovisión le hicieron tres o cuatro manifestaciones frente a su sede (una de ellas les llevaron unas urnas y se las pasearon al frente de la sede), así como a otras radios y tvs regionales; pero según ellos este derecho a protestar pacíficamente frente a cualquier sitio que no sea una zona de seguridad es “preocupante” y afecta los derechos de Globovisión y estos otros medios. Y yo me pregunto ¿los derechos humanos son inherentes a la persona humana o en la nueva concepción que maneja la CIDH las personas jurídicas o empresas nacionales o transnacionales poseen cualidades para extenderles la calificación de beneficiarios de derechos humanos?

Relatan a todo lo largo del informe situaciones distintas que se refieren a este tema, pero me llama la atención lo referido a las agresiones de las cuales fueron objeto los periodistas, técnicos y camarógrafos del Sistema Nacional de Medios Públicos. Señalan que las agresiones y amenazas recibidas por los medios públicos por parte de terceros –pero sobre todo por opositores y el propio candidato Capriles y su equipo cercano- son atribuibles a la responsabilidad del propio Estado venezolano, mayor desfachatez.

Esta loca teoría y criterio que maneja la CIDH y la propia Corte Interamericana se refiere a que los Estados miembros son responsables de garantizar el ejercicio de la libre comunicación y expresión, de manera absoluta y omnipresente, pues de lo contrario la responsabilidad por un acto cometido por un tercero aún y cuando no pertenezca al Estado recae en éste. En otras palabras los Estados deben cuidar y vigilar a toda hora y en todo momento que a ninguna persona se le ocurra hablar de un medio, criticarlo, agredirlos sea verbal o físicamente, ni a sus periodistas, técnicos o camarógrafos, pues estos actos realizados por un tercero, serán atribuibles al Estado, debido a que éste debe ser el garante de este pleno ejercicio. Y yo me pregunto ¿Cómo en un país de 30 millones de personas un Estado puede garantizar que nadie se exceda con un medio o periodistas? Bueno en la concepción de un Estado totalitario que todo lo controla y vigila puede ser; pero en un régimen democrático donde existe libertad de pensamiento, opinión, comunicación e información, es poco menos que imposible.

La mayor de las desvergüenzas que presenta este informe es el señalamiento que hicieran y el cual señala la inconveniencia de que CONATEL, haya clausurado y confiscado equipos de radio que no tenían habilitación, ni concesión, es decir, “radios ilegales”, estos señores pretenden que el Estado venezolano debe sacrificar sus propias normativas internas y los reclamos de un grupo de empresarios –reunidos en la Cámara de Radio de Venezuela- que tenían años solicitando mano dura contra “las ilegales” y que nos crucemos de brazos frente al supuesto derecho a la libertad de expresión que tienen estos inescrupulosos que sin tener la permisología completa, pretenden ejercer estas funciones perturbando a los que sí cumplen con sus obligaciones.

En resumen, sigue la conspiración internacional para tratar de mostrar a Venezuela como un Estado forajido o en Estado que incumple con la normativa y Tratados Internacionales y por tanto merecedora de continuar en el Capítulo IV del infame informe. Que asco dan!



Alecucolo@cantv.net