Carlos Andrés Pérez, anunció su prometido paquetazo, la reacción popular ante estas medidas económicas neoliberales; el pueblo quienes eran los principales afectados por los ajustes tuvieron que conformarse con las declaraciones de Eva Lisa Ljung, Miss Venezuela 1989, quien luego de ser coronada, esa misma noche, dijo: “Somos la fantasía del pueblo”. Mientras el barco se hundía para los pobres, luego de la cadena donde CAP hizo sus anuncios, entre los que se encontraban privatizaciones de empresas del Estado, liberación de precios, incremento de las tarifas de los servicios públicos y de la gasolina, el Miss Venezuela, que comenzó inmediatamente después, decía que el show debía continuar.
El espaldarazo de EEUU estaba dado. El 17 de febrero, El Nacional publicó declaraciones de David Rockefeller, quien presidia el Consejo de las Américas, organización de la elite empresarial de la región, donde afirmaba que la función del Estado era “proteger y expandir el espacio para la expresión y el desarrollo de la actividad privada”. Rockefeller, quien se encontraba en Venezuela, no se atrevía a hablar aún de una zona de libre comercio, pero sí de una zona “más libre”. Ante estos anuncios, el cardenal José Alí Lebrún manifestó su opinión “favorable” sobre el paquete y agregó que “Venezuela tiene posibilidad para hacerle frente a esta situación”; la entonces diputada Rhona Ottolina expresó que “el dinero se mueve con dinero y el lenguaje tiene que ser del Fondo Monetario Internacional”; mientras que el escritor Mario Vargas Llosa, de visita en el país, hacía sus propias recomendaciones para que el Estado se redujera “a lo estrictamente fundamental”.
Reinaldo Figueredo, ministro de la Secretaría, se defendía de algunos señalamientos diciendo que: “la medidas fueron tomadas bajo recetas del Fondo Monetario Internacional (…) en virtud de que es la mejor fuente de recursos que podemos tener”, titulaba El Nacional el 17 de febrero. Mientras tanto, quien dirigía la Oficina Central de Coordinación y Planificación, Miguel Rodríguez, y los titulares de los ministerios de Hacienda, Eglée Iturbe, y de Fomento, Moisés Naim, en compañía del presidente del Banco Central de Venezuela, Pedro Tinoco, se reunieron todo el día con la delegación del FMI y el Banco Mundial, que según El Nacional del 19 de febrero, tenían más una semana en el país, con la finalidad de “revisar” las medidas económicas anunciadas por CAP. Estos organismos internacionales solicitaban la aplicación de “una reforma arancelaria que disminuyera a lo largo de un año todas la trabas y protecciones de la industria nacional” para tener esa “libertad” de la que hablaba Rockefeller.
La prensa reflejaba tímidamente la opinión de los venezolanos pobres, que para 1989 conformaban 66, 9% de la población, de la cual, 33% se encontraba en pobreza absoluta. El sueldo mínimo, que se había incrementado 30%, se establecería en 4.000 bolívares en la ciudad y 1.500 en las zonas rurales. La prensa daba cuenta de que un kilo de caraotas, alimento básico para el venezolano, costaba 40 bolívares el kilo y uno de sal podía llegar a 100. Carmen Mariño expresaba en El Nacional que los 6.000 bolívares mensuales que ganaba no iban a alcanzarle porque era “padre y madre”, Sergio Gambi decía que a pesar de tener dos trabajos debía buscar un tercero para mantener a su familia y Alirica Rodríguez simplemente decía: “Nos han puesto contra la pared”. El pueblo en las calles se encontraba con anaqueles vacíos: no había pañales, papel higiénico, azúcar, pan ni café. La educación y la salud inevitablemente iban a ser privatizadas y el Fondo de Pensiones iba a ser destinado para la construcción de viviendas. Mientras tanto, Rockefeller y el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, recibían de CAP la orden Andrés Bello y la Francisco de Miranda, respectivamente.
El gobernador del Distrito Federal, Virgilio Ávila Vivas había desempolvado la “necesidad” de aplicar la Ley de Vagos y Maleantes, nacida en 1956, para privar de su libertad a personas con “cara de sospechosas”, indigentes, desempleados, mendigos, transeúntes, brujos, merodeadores y curanderos, entre otros, según el trabajo Venezuela La Ley sobre Vagos y Maleantes: Supresión de la disidencia y castigo de los indigentes. En el artículo titulado “Pepas, vagos y maleantes”, publicado en El Nacional del 16 de febrero, el periodista Earle Herrera se refiere a lo oportuno que resultaba desempolvar la Ley de vagos y maleantes “para adelantarse al futuro inmediato, a lo que vendrá, a lo que está allí como caimán en boca de caño (…) las consecuencias de las medidas económicas con que se nos amenaza y martiriza cada día y cada hora”. El también docente de la escuela de Periodismo de la UCV recordaba que “las recetas del FMI (…) en todos los países donde se han aplicado, han generado un crecimiento alarmante de ‘vagos y maleantes’”, además de plomo y represión. En su opinión su aplicación servía de advertencia para esos 3.000 barrios que vivían en miseria, 700.000 familias que no tenían para la alimentación básica y ese 15% de la población que estaba desempleada.
Menos de dos semanas después, entre el 27 y 28 de febrero, la explosión de ese pueblo pobre que no tuvo voz en los medios de comunicación, y al que pulverizaba el paquete neoliberal, fue fuertemente reprimida por los organismos de seguridad del Estado, quienes subieron a los cerros a silenciarlos una vez más. No sólo eran cárceles en las que sometían a los más horribles castigos a los venezolanos, sino también, los desaparecían como por arte de magia, los lanzaban de helicópteros, les montaban una operación comando para acribillarlos, entre otras atrocidades. La condición de ser humano se perdía tan pronto fuésemos atrapados por los esbirros de CAP: la derecha, la ultraderecha, la oligarquía, la burguesía, la reacción y la gusanera vendepatria, entre otros, pero también cualquier individualidad o grupo que se opusiera o criticar al gobierno criminal de Carlos Andrés Pérez. El sistema de gobierno que decía inspirarse en la ideología humanista que acababa con la clase más desposeída venezolana, devenía en la realidad en el sistema más opresivo, excluyente y criminal que se conociera en la historia venezolana.
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