En septiembre de 2002, fuerzas de inteligencia estadounidenses detuvieron en Nueva York durante una escala, al ciudadano canadiense de origen sirio Maher Arar por supuestamente tener vínculos con Al-Qaeda. A pesar de contar con pasaporte canadiense, Arar fue deportado inmediatamente a Siria donde sería interrogado bajo tortura como efectivamente ocurrió, con lo cual Estados Unidos violaba flagrantemente la "Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes" de las Naciones Unidas, la misma que gracias a la actuación de la administración Bush, fue invocada con éxito para evitar la deportación del terrorista cubano Luis Posada Carriles a Venezuela.
En efecto, un juez de inmigración estadounidense sentenció que Posada Carriles no podrá ser deportado a Venezuela, país que de manera legitima y ajustada a los acuerdos bilaterales había solicitado su extradición, porque supuestamente enfrentaría amenazas de tortura. El dictamen judicial estuvo basado, como lo alegó la defensa, en el artículo 3 de la misma convención de la ONU que establece en su primera parte que "ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura," lo cual resulta sorprendente, siendo Posada Carriles uno de los siniestros cubanos anticastristas que durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez penetró los cuerpos de seguridad del Estado para "modernizar" la institución de la tortura y desapariciones en Venezuela. Sin embargo, el inciso dos del mismo artículo 3 también señala que "a los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos," dejando claro que cualquier decisión al respecto no puede estar basada en la percepción mediática que promueve la derecha reaccionaria estadounidense y sus cipayos en Venezuela, sino que debe estar debidamente fundamentada con pruebas sustanciales que demuestren la aplicación sistemática, persistente, patente, masiva y flagrante de la tortura, lo que evidentemente no ocurre en el país.
Aun así, los abogados del gobierno estadounidense que debieron enfrentar a la defensa de Posada Carriles, aprovechando incluso el plazo adicional que les otorgó el juez de la causa, prefirieron colocarse al lado de la defensa siguiendo las ordenes de Washington. Con suma desfachatez, los abogados "acusadores" solo manifestaron de manera muy tímida no tener evidencia de que el acusado sería torturado en Venezuela, al tiempo que expresaban "reservas" sobre el sistema judicial venezolano, precisamente cuando el infame José Miguel Vivanco de Human Rigths Watch, manifestaba con asombrosa coincidencia que la situación del Poder Judicial en Venezuela es de "extraordinaria gravedad" y que el país había retrocedido en materia de derechos humanos, pidiendo además la intervención internacional mediante la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA.
Resulta además paradójico que las "razones fundadas" sobre la tortura en Venezuela alegadas por la defensa de Posada Carriles pueden ser encontradas mas bien en la política del presidente Bush, quien ha pretendido justificarla como instrumento legítimo de su "guerra contra el terrorismo", que no incluye por supuesto, a sus aliados anticastristas como Posada Carriles o a los ex tenientes antichavistas José Colina y Germán Varela, acusados por la colocación de bombas en las sedes diplomáticas de Colombia y España en Venezuela, y quienes junto a otros militares golpistas venezolanos son albergados por el gobierno estadounidense en el santuario terrorista de Florida.
(*) Internacionalista
