Me estoy refiriendo a los denominados mecanismos de protección de los derechos humanos de la organización de estados americanos, el llamado pacto de San José, ya que se firmó en la ciudad de San José de Costa Rica, que por cierto coincide con otro pacto de San José, pero el que impulsara el gobierno lacayo de Rómulo Betancourt, para excluir a Cuba del sistema interamericano, un caso único en todo el mundo, en donde se expulsa a un país per se del sistema continental, estando ubicado territorialmente en ese continente (Existen las expulsiones temporales por razones especificas pero jamás definitivas en África y Asia), el cual está integrado por un organismo de conciliación o preliminar que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) o La Comisión, que contradictoriamente radica en Washington, un miembro no firmante del pacto (Caso único en el mundo, en donde un país que no sea miembro de un pacto, sea sede de algún organismo motriz de ese pacto, justificable solamente por el lacayismo y servilismo a Washington de sus eruditos juristas) y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es un tribunal colegiado con sede en San José de Costa Rica, también denominada La Corte.
Tanto la comisión como la corte de derechos humanos de la OEA, habían adoptado el mismo libreto del Imperio Nor-Atlántico del cristiano-capitalismo con USA como capitán de las tinieblas en esta era post guerra fría, con respecto a los mal llamados derechos humanos (Son garantías constitucionales), su utilización con fines políticos para descalificar y atacar, en el sentido literal y militar de la palabra, a países que quedaron independientes de la confrontación USA-URSS o de aquellos que en el discurrir del tiempo se fuesen alzando o al decir de Alí Primera dejando de ser pendejos, así como a grupos o parcialidades que no se alinearan con su política de dominación global de pensamiento único, en el primer grupo están la Ex-Yugoslavia, Iraq, Irán, Libia, Afganistán, Corea del Norte, Cuba, algunos países de la Europa del Este (Rumania, Bielorrusia), en el segundo grupo, estaría Venezuela, Nicaragua, cuando regresan los sandinistas a gobernar, una serie de países que ahora se están incorporando al progresismo, dos de ellos sometidos a golpes suaves con barnices constitucionales (Honduras y Paraguay) y en el tercer grupo entrarían el movimiento Hizbullah en Líbano, las FARC en Colombia, etc., etc.
VENEZUELA POR CULPA DE CHAVEZ SE DEJO IRRESPETAR POR LA CIDH
Chavez fue muy valiente al denunciar a la CIDH (En lo adelante, sinónimo del sistema interamericano de derechos humanos) a raíz del golpe del 12 de abril del 2002, producto que una organización popular Colombiana (La Minga) pidiera la protección por su vida y respondió de una forma bastante olímpica, distinta a la premura que muestra en otros casos que afectan los intereses o amistades de Washington y para sacudirse a la minga le tiró la pelotica al Presidente Carmona lo que fue un reconocimiento franco y abierto a un golpe de estado, que con ello la CIDH demostró la falta de seriedad y parcialización y más que todo lo prejuiciado y tendencioso con respecto nuestro país y su gobierno legítimamente constituido.
Este elemento era causal suficiente y de sobra para que Venezuela denunciara a la CIDH y esta se desprendiera de todos sus casos, sin esperar el año de gracia, ya que quien dio motivo a la ruptura fue la propia CIDH, en su conducta de prevaricato por la defensa de las garantías sociales, no es el caso de un gobierno dictatorial que quiere evadir la justicia garantista internacional, motivo por el cual se crea el año de gracia o de prolongación automática, que repito con Venezuela no procedía esa año de gracia.
Pero Chávez no hizo esta denuncia formal, aunque la repetía constantemente, tuvo la voluntad para denunciarla mediáticamente pero la faltó la otra voluntad para hacer la denuncia formal; es sólo hasta, larga y tardíamente cuando ya el descaro y la provocación eran insostenibles, un día como hoy 14 de septiembre pero del año pasado 2012, es que por fin, Venezuela denuncia al pacto de San José, parcialmente, en este caso a sus mecanismos de aplicación como son ambas CIDH, la comisión y la corte.
Antes de esto la CIDH, de forma provocadora y en claro y evidente actitud de reto y prepotencia producto del apoyo de la superpotencia de la cual son serviles e incondicionales súbditos, venia dándole palo a todos los casos que de nuestro país, opositores políticos de derecha, afines a la macolla intelectual de este organismo Washintoniano tanto en el aspecto geográfico como mental; recurrían; entre ellos los casos más descarados e intolerables son los casos de los terroristas venezolanos colocadores de bomba en consulados de España y Colombia, hoy protegidos por el imperio y con exilio dorado en Miami y el caso del neoliberal y golpista Leopoldo López, cuyo caso es patético puesto que allí no se había agotado la instancia nacional, condición previa para que un caso proceda en esa instancia internacional; ahora aquí la culpa no la tiene tanto el mono sino de quien le dio el garrote, resulta que nuestro estado (Los genios y dueños del derecho Venezolano conjuntamente con el ejecutivo) no solo convalidó indebidamente y en franco y abierto consentimiento de sus soberanía jurisdiccional, esta agresión por parte de la CIDH, sino que reforzó tal agresión nombrando Abogados y presentando testigos, entre ellos a título de sabio conocedor del derecho patrio al Ex-Magistrado Eduardo Cabrera Romero, por supuesto la respuesta a toda esta farsa fue un palo (Decisión en contra) al país favoreciendo a una persona que está al margen de la ley.Debo reconocer, aunque Chavez era el jefe del estado y el líder del país a la vez, le adjudico un 50% de responsabilidad en ese irrespeto y provocación por parte de la CIDH al país, el otro 50%, quizás el más importante, se lo adjudico, repito, a una macolla de juristas integrada por las cúpulas académicas e intelectuales de las Facultades de Derecho de la UCV y la UCAB, que son los dueños del derecho en el país, gente que es de derecha y conservadora, unos abiertamente y otros soterrados (Los que se han puesto la cachucha roja para implosionar la revolución), ambos son enemigos y contrarios al derecho progresista y al estado social de derecho, aunque de los últimos mencionados, quienes hoy dirigen la administración de justicia (Incluye Fiscalía, Contraloría, Policías, Procuraduría y los órganos administrativos en la materia del trabajo y las facultades de derecho incluidas las universidades bolivarianas y la doctrina, cosa que le permite decir que es el estado social de derecho a su antojo y conveniencia), nombran las palabras bolivarianismo, revolución, socialismo y ahora cristianismo queriéndole dar a esta palabra una connotación humanista y de izquierda que no tiene, pero nombran estas palabras hasta en la sopa con fines de mancillarla, desvirtuarla y desarticular, distorsionar y confundir al socialismo, a la revolución, al bolivarianismo y al humanismo y a la izquierda, y con ello, involucionan, retrogradan, retrotraen y se burlan del proceso de transformación social que nació el 27 de febrero de 1989 y se fortaleció el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992, estos dos últimos, hijos directos y consecuencia del primero.
Lo anterior es muy grave porque aparte de ser una obstrucción y el principal factor de contrarrevolución a la constitución, al estado social de derecho y de justicia, que es el socialismo bolivariano, el cual no es una socialdemocracia tardía, como pretende hacer ver Maduro y el Madurismo, sino socialista revolucionario y radical, como lo es el tipo de estado contenido en su articulo 4 ya que el tipo de estado, en el contenido, social de derecho, y mas, cuando se le agrega la palabra justicia, la cual tiene una connotación de la naturaleza del comunismo libertario o de la comuna de amor y ley, estamos hablando de un socialismo radical, profundo, que va a las transformaciones radicales, es decir a las raíces, es de fondo y no de forma o de apariencia, desarrolla las fuerzas productivas endógenas y esto implica fatal e inexorablemente una liberación nacional y un socialismo, así la macolla dueña del derecho en Venezuela diga lo contrario y cada día lo asimile, por sus decisiones retrogradas, a la constitución pitiyanqui y de alta traición a la patria de 1961.
Prueba de esto es que, a pesar de las series de denuncias que hiciera Chávez sobre la CIDH, apenas es el 2010 cuando da la orden (Tardía) de salirse formalmente de ella, pero sucede algo peor y adicional que agrava más el asunto, y es que la macolla de corte socialdemócrata que dirige al país y es la dueña del derecho en Venezuela, apenas el 14 de septiembre del año pasado, es decir hoy hace un año, que da cumplimiento a esa orden del comandante; lo que indica lo que demuestra el carácter de sabotaje de implosión de esta macolla.
ES CORRECTO SALIRNOS DE LA CIDH PERO A LA VEZ TRABAJADORES Y PUEBLO QUEDAN DESPROTEGIDOS Y LA CONSTITUCIÓN VIOLADA
No obstante la medida correcta pero tardía, ex-profesamente, de salirnos de la CIDH, por las razones explicadas, pero al mismo tiempo el país, sobretodo los más pobres y los trabajadores quedarían desprotegidos y a la merced de la macolla dueña del derecho, quien ahora no tendría ninguna cortapisa en seguir arremetiendo en contra del pueblo, criminalizando las protestas legitimas del pueblo y de los trabajadores, en donde en la zona de Guayana ha llegado al descaro e implantado un sistema bonapartista (Traduce fascismo, la cara dura del capitalismo y no como el madurismo que al igual que el socialismo real quiere hacer del fascismo una categoría especial y distinta) de recurrir a la penalización directa y sin tapujos de los trabajadores.
La macolla de derecha que domina el derecho (Y al país entero y es de la naturaleza de la socialdemocracia tardía), ha venido no solo mancillando el derecho progresista y de avanzada de nuestra constitución sino que ha creado un derecho paralelo que fácticamente es el derecho positivo venezolano, el cual es contrario y en franca rebeldía con la constitución y nos retrograda a la nefasta época del puntofijismo de la democracia representativa y de neocolonia yanqui, decisiones como la emitida un 14 de agosto del 2002, en la que se dijo que aquí no hubo golpe el 12 de abril del 2002, y aunque esa decisión fue anulada, no se aplicaron los efectos que debió haberse aplicado, lo que implicaba negar que no hubo golpe y por ende debió abrirse una macro-investigación por los hechos previos y posteriores al 12 de abril, pero la Fiscalía de Isaías Rodríguez, el Fiscal de la Impunidad, al igual que la actual que es su continuidad mas el agregado que su componente principal, son los fiscales que entraron cuando el indigno del Serpa Arcas (Lusinchi 1984-1989), lo que no es mucho que tiene que aportar al estado social y de justicia, porque nadie puede dar lo que no tiene, aparte que no hay ningún preso o tan siquiera enjuiciado civilmente por los daños causados a la nación de varios millardos de dólares, por el paro petrolero de diciembre 2002 a febrero 2003, tampoco ningún preso por los hechos posteriores a esta fecha como los firmazos, las clonaciones y copias de firmas (Firmas planas), las guarimbas, etc., etc., aparte de todo esto, que pudiéramos decir que son hechos viejos que hasta la misma burocracia lo repite cansonamente hasta el aburrimiento precisamente para confundir y hasta si se quiere con cara dura, desde el 2005 para acá, han desaparecido más de Quinientos MIL Millones de Dólares Americanos (US$ 500.000.000.000), que entraron por concepto de la renta petrolera, cantidad suficiente para que fuésemos un país desarrollado y hoy somos más dependiente del capitalismo y del sistema financiero del Dios Dólar que nunca, cosa esta que hace como principal sospechoso al poder constituido de este país desde el 2005 hasta hoy 2013, a quienes se le debe escrutar hasta el último centavo sobre este asunto; y no hablemos de los retrocesos en el aspecto legislativos, veamos.
En el año 2005, precisamente cuando Nicolás Maduro era Presidente de la Asamblea Nacional se reformó el código penal e indebida e inconstitucionalmente una serie de conductas que son acciones de luchas populares, unas, y otras que están enmarcadas dentro querellas obrero-patronales y otras que son del estado de necesidad, fueron catalogadas como delito, es decir, a problemas sociales, los cuales ameritan soluciones sociales (Dialogo, conversación, tolerancia, reconocimiento, resarcimiento, etc.) se le dio la solución represiva o penal (Tiroteo, gaseo o palazos en vía pública, detención y judicialización criminal, prohibiciones y cárcel), solución esta que es de la naturaleza de un estado bonapartista o fascista (La cara dura del capitalismo en los tiempos de crisis o ingobernabilidad), veamos cuáles son esas conductas, algunas ya que son miles, veamos: Las manifestaciones de calle por razones reivindicativas, no con fines conspirativos o enmarcadas dentro de un plan subversivo real, no mediático; los plantones en las calles y/o vías públicas, también por razones sociales o de reivindicación económica, al igual que el anterior, no con fines de tumbar al gobierno; y dentro de las fabricas, los paros, las huelgas cumpliendo con los pliegos y las 120 horas de lapso para el pronunciamiento de las inspectorías del trabajo, las tomas, manifestaciones, por violaciones contractuales o no cancelaciones de deudas adquiridas por el patrón legítimamente y no con fines de tumbar al gobierno; a esto le debemos agregar las invasiones de terrenos por falta de techo, lo que es un estado de necesidad. Todas estas conductas de carácter sociales con fines reivindicativos y de pedimentos económicos y socio-económicos y la última de estado de necesidad, y no políticas o subversivas, son delitos de años de prisión.
En Venezuela, de una forma contranatura, cuando tenemos una constitución social, progresista y de avanzada en el desarrollo humano, estas conductas, que hasta en estados vecinos dominados por tendencias de derecha y abiertamente conservadora, estas acciones lo que ameritan, son par de palazos por las nalgas, una gaseada, unos perdigonazos para que te apartes y una detención por una noche y en el peor de los casos una multa, para que pagues los daños, pero en la bolivariana y revolucionaria y socialista Venezuela, estas conductas de luchas por razones sociales, son delitos de hasta Seis (6) años de cárcel (Obstrucción a la vía pública y en los sitios de trabajo en donde aparte de la obstrucción te imputan violación a la libertad del trabajo del patrón) y en el caso de las invasiones de hasta Ocho (8) años la prisión.
Lo anterior, que hace más insostenible la situación desde el punto moral y político y en paralelo a todas estas criminalizaciones de todas estas acciones de lucha obreras y populares; en la práctica se ha venido despenalizando delitos gravísimos como el de corrupción y la no penalización de una serie de conductas que son de cuello blanco y de abierta injerencia imperialista en nuestro país como son el terrorismo mediático, la especulación financiera con el dólar (Las actividades implícitas tanto en el entorno como en el contorno del dólar negro) y la especulación con los precios de los productos y servicios. Aparte del gran delito político que está inmerso en una gran traición a lo que fue el espíritu del 27-F-89 o Espíritu del Caracazo, cuya autoría la tienen todos los que han sido poder constituido desde el 16 de agosto del 2004, para acá. Estos son los grandes delitos y males que están afectando a Venezuela y la tienen al borde del colapso y la desintegración y no las luchas obreras y de los barrios populares por malos servicios y desasistencia y por los pobretones invasores sin techo.
La verdad es que esto no tiene perdón de Dios y uno lo dice, y hay gente que no lo cree y otros que hasta lo han visto y le piden a uno que se calle la boca, por eso es que yo digo que en Venezuela, es mentira que hay ignorantes, lo que hay son alcahuetes conscientes.En Guayana, existen, en la zona del hierro, 72 casos de sindicalistas y trabajadores luchadores sometidos a presentación ante tribunales penales, en función de sus luchas obreras, y en con respecto a la invasiones de terrenos, hasta el año 2010, habían más de 140 personas presentándose en tribunales por el delito de invasión, entre los Municipios Heres y Caroni, Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana, respectivamente, y esta cifra no es diferente al del resto del país.
Quiero aclarar que estos no son los únicos casos, en donde el estado funciona en contra del socialismo bolivariano; en Venezuela hoy en día hay más asesinatos bajo la modalidad de sicariato que en Colombia misma de donde se transfirió esa horrenda practica de lesa humanidad, cuya práctica ya viene en declive puesto que el pueblo Colombiano ya le perdió el miedo a la herramienta oligárquica del paramilitarismo y sale a protestar abierta y valientemente con los paracos al frente y súper armados al estilo Rambo y eso lo vio el mundo entero por los medios, en el reciente paro agrario nacional, estos asesinatos por sicariatos, en Venezuela, el 90% de ellos (Cantidad conservadora, es mucho mas) forma parte de las cifras negras de penalización del delito en nuestro país, en donde la macolla dueña del derecho permite que esto suceda.
Por otro lado, hoy en Venezuela, los delitos que más están afectando al país y lo tienen al borde del colapso son delitos de cuello blanco como el terrorismo mediático, la especulación financiera (Dólar negro) y la especulación con productos y servicios y la corrupción.
Este entuerto, definitivamente no lo va enmendar o desenredar, la macolla que es la dueña del derecho en Venezuela, para enmendar este capote, que ordene imputar a quienes les causaron un grave daño al país y dieron un golpe de estado el 12 de abril del 2002, para que ordene penalizar los delitos de injerencia imperialista o que sustituyen a la vieja traición a la patria del siglo XIX, cuando las naciones entraban en pugna unas con otras y no existía una única y sola súper-potencia militar imperialista mundial, para que se penalice la especulación tanto financiera o economía (Macro-economía) o con los precios de los productos terminados y servicios (Micro-economía), para que descriminalice y ordene amnistía general a las luchas sociales y obreras tipificadas como delito y se ordene su inmediata libertad a quienes están presos o sometidos a juicio por estos delitos y por el contrario se detengan a bribones de cuello blanco y burócratas.
Con la retirada de Venezuela de la CIDH-OEA, se requiere que UNASUR, que es el organismo más avanzado de los multilaterales no Washingtoniano en Nuestramérica, ya que la SELAC hecha por Chavez-Maduro, solo existe en el papel, es meramente deliberativa y no tiene ni siquiera sede.
UNASUR y dentro de la idea del Presidente Rafael Correa Delgado del Ecuador, como repuesta a la bandidesca CIADI, a la cual Venezuela, inconstitucionalmente se afilio precisamente por una sentencia de estos dueños del derecho venezolanos, de conformar un Tribunal Sur- Americano Comercial; propongo, la idea de crear una corte suramericana de justicia constitucional, en donde se diriman, una vez agotada la vía nacional, por supuesto, los casos de violaciones a la garantías fundamentales o sociales que son de las leyes del espíritu o naturales que reemplace a la tendenciosa, parcializada y enemiga de los países progresistas y pro-yanqui CIDH-OEA.
Repito esta propuesta de una corte suramericana de defensa de las garantías constitucionales, de naciones que ha de suponerse son de democracia directas o participativas y no representativitas como la son las del consenso de Washington, es con el fin de una solución dentro del marco constitucional internacional alternativo a la CIDH, ya que la única forma de hacer respetar las garantías constitucionales inherentes a las leyes del espíritu, es con la conformación de un estado socialista verdadero, compuestos por revolucionarios y ciudadanos bien formados y no por disfraces y mascaras; ya que ahora derechistas y pumalacas se entrabaran en una polémica pública e interminable y mediática que si CIDH o no CIDH.
Ni CIDH o salirse de ella, la solución, en lo interno que es lo más importante, es hacer respetar las leyes del espíritu por fuerza y esfuerzo propio de los encarnados en Venezuela, todos juramentados, y debemos neutralizar, hasta erradicar a los dueños del derecho que son detractores y enemigos de la comuna de amor y ley. Pero alternativamente a pumalacas y derechistas, y a nuestros hermanos de nuestra América Meridional, propondremos una Corte Sur Americana de Justicia de Garantías Constitucionales. Pero este es el próximo punto.
UNA CORTE SURAMERICANA CONSTITUCIONAL PERO PRIMERO DEFINIR AL ESTADO SOCIAL DE DERECHO QUE ES Y QUE LO COMPONE
¿Por qué Constitucional?....Porque todas las garantías sociales, de la naturaleza de las leyes del espíritu que son fatales o derechos naturales, deben estar contenido en las constituciones nacionales, allí se deben incluir los derechos humanos fundamentales o denominados derechos civiles, que son los únicos que protege la CIDH y los derechos económicos, sociales y culturales, aparte de los derechos inherentes a la patria, el criterio de soberanía (El cual la CIDH Imperialista pisotea) como el de nuestras principales riquezas y materias primas y productos agrícolas, de las cuales somos despojados los estados suramericanos, en primera instancia por el imperialismo yanqui y demás imperios o países ex-imperios pero que jamás perdieron esa mala costumbre como Inglaterra, Francia, Alemania, España, Portugal, Holanda e Italia, y por otro lado, debe ser sur-americana por ser la parte de mas avance y ya la mayoría de nuestros estados han adoptado los estados sociales de derecho, menos Colombia, Paraguay, Chile y Perú quienes deben adoptar este sistema de lo contrario no califican como estado parte.
¿Por qué Estado Social de Derecho?..Esta sería la matriz fundamental de la contradicción entre el derecho del consenso de Washington (Libremercado) o estado de derecho y el derecho progresista de los países bolivarianos, sanmartinianos y brasileroestado social de derecho, tiene no solo una connotación jurídica, como siempre ha pretendido la burguesía, hacer ver que su sistema es el sistema, asimismo ellos consideran al derecho el derecho, y nada más aislado de la realidad, pero es que esta supremacía o uniformidad, tiene una connotación ideológica también. Cuando burgueses y capitalistas dicen que el derecho no es política o no tiene ninguna connotación ideológica y hablan de teoría pura del derecho, ese pensamiento ya es una ideología, por supuesto una ideología hegemonizante y de pensamiento único y discriminatorio, con ello la burguesía imperialista dice: Solo existe un solo tipo de derecho el mío.. Los demás no existen y tienen una connotación ideológica, aquí el ladrón llama ladrón a otro, el ladrón juzga por su condición.
Por el contrario, el estado social de derecho, es más sincero y menos hipócrita, sabe que existen dos tipos de derecho, uno el que defiende a la burguesía, a la propiedad privada, a la explotación del hombre por el hombre, al individualismo y por ello lo diferencia con el apellido social, para decir, que aunque no eliminamos a la propiedad privada, consideramos que en primera instancia esta debe limitarse y pecharse (Controles) y paulatinamente debe ser sustituido por otro tipo de estado diferente y alternativo, en donde reine con carácter estelar la participación del factor trabajo, autogestión, co-gestión, empresas o producción colectiva, empresas o producción sociales y la clásica empresa contraria a la capitalista, pero no la única, la empresa estatal.
Pero no solamente la diferencia está en los fundamentos o cuestiones macro, sino que la diferencia se ve en todos los aspectos de la vida, hasta lo micro.
Por ejemplo en materia de salud al igual que en educación, debe priorizarse lo público sobre lo privado al igual que proteger, dentro de lo público, mas a los sectores más vulnerables (Los más pobres), esto implica una concepción distinta al neoliberalismo, quien propone acientíficamente que el capitalista es el motor de la sociedad y quien genera las riquezas y a quien se le debe dar privilegios y prioridades.
En la materia del trabajo se debe recalcar el principio del débil jurídico pero adicionando los principios de co-gestión, autogestión, empresas sociales, empresas comunitarias y empresas estatales, en donde prevalece el factor trabajo por encima del factor capital, y por ella estas empresas a pesar de ser productivas y generadoras de riquezas y bienes, no deben ser regulada en un código de comercio o civil sino en una ley del trabajo; y la corte suramericana como tribunal supranacional dirimir estas cuestiones a favor del Estado Social de Derecho, distinto y contrario al Estado de Derecho neoliberal bregues. Todos los casos, arriba mencionados, una corte sur-americana sabia, los despenaliza y le da el carácter laboral, que siempre han tenido y obliga al estado a resarcir a estos trabajadores y gente sencilla y humilde del pueblo.
En fin, ya la idea principal y la consigna general están esbozada en este escrito, lo que queda es rellenarlo, partiendo de casos concretos que irán apareciendo en el discurrir del tiempo.
