Una de las grandes conquistas del capitalismo, a través de sus poderosos mecanismos de dominación ideológica (escuelas, universidades, medios de manipulación masivos) es convencernos de que sus intereses son los intereses generales de la sociedad. Que su Estado –la violencia organizada en régimen de monopolio para oprimirnos– es “el Estado”. Que su democracia es “la democracia”. Que su aparato judicial es “la Justicia”. En una sociedad brutalmente dividida en clases, los capitalistas nos convencen de que su aparato de poder no tiene sexo. Que sus políticas económicas son “las que hay que hacer” y que su dictadura encubierta es “el menos malo de los sistemas posibles”.

Para quienes no participamos del poder ni tenemos acceso a las decisiones cruciales sobre nuestro trabajo, nuestro salario ni nuestros medios de vida, aceptar este estado de cosas pasa a ser un asunto de fé. Por eso los lacayos del régimen, incluso los que se presentan como más “progresistas”, insisten una y otra vez en que hay que “creer en la Justicia”.

Presentados como incorruptibles seres angelicales, por encima del bien y del mal, sólo guiados por la “ley” –otra vez sin sexo–, los jueces tienen en sus manos la vida y hacienda de quienes estamos fuera de los círculos de los verdaderamente poderosos. ¡Pobre de quién atraiga su antipatía, animadversión o desprecio! Son verdaderos tiranos en sus juzgados, ganan grandes sueldos sin control efectivo sobre su productividad y se relacionan con la crème de la crème de la sociedad, donde establecen sus amistades y réditos sociales.

Frente a los intereses y los caprichos de los grandes capitalistas, difícil lo tiene un asalariado para reclamar justicia. No sólo puede el ricachón pagarse los mejores abogados, cuando la mayoría de las veces el asalariado no tiene ni para pagar uno barato, sino que el burgués puede hundirlo en la quiebra absoluta y la más negra miseria a base de ponerle denuncia tras denuncia (lo que al capitalista sólo le supone un poco de su calderilla).

Así que comprenderán que, descreído como es uno, difícilmente pueda “creer en la Justicia”. Porque esa todopoderosa administración judicial no es más que Justicia burguesa. Y, tratándose del Estado español, pura y dura justicia heredara del nazi-fascismo.

Sí: el cambio de forma de la dictadura burguesa en el Estado español, de la fascista a la “democrática”, obligó a cierto número de reformas en los aparatos de poder, desde el ejército a las leyes. En todos ellos hubo que adaptarse a las nuevas apariencias exigidas por la “transición”.

Pero el único aparato que permaneció incólume, inasequible a las reformas democráticas, fue la administración judicial del fascismo. En lo esencial, sigue siendo una casta burocrática endogámica, omnímoda y por encima de cualquier control popular. La “independencia” del aparato judicial es la independencia frente al control popular. Por no hablar de una fiscalía subordinada jerárquicamente al poder gubernamental.

La “Justicia” no es sino una eficacísima palanca de la oligarquía imperialista española que impuso la continuidad de la inamovilidad de los jueces, la libre arbitrariedad para interpretar las leyes y su blindaje frente a la voluntad popular. ¡Si hasta mantiene la figura feudal del “procurador”!, alguien a quién hay que pagar para “mover papeles”. Es decir, para “agilizar” trámites, como si la “dignidad” de jueces, fiscales y abogados estuvieran por encima de tales tareas.

Además de la corrupción pecuniaria (que, en todo caso, toca juzgar ¡a otros jueces!), de la que no se habla –y sí de la de los políticos–, estamos frente a una administración de justicia corrompida desde sus cimientos, viciada por las relaciones de clase social, lo que se manifiesta en descarados posicionamientos ideológicos –de derecha o extrema derecha, claro– que quedan una y otra vez impunes.

Baste recordar los crímenes contra la humanidad y de genocidio cometidos en Canarias y en España, que se mantienen como judicialmente inabordables, mientras que la mayoría de los jueces se niegan a abrir los procedimientos para poder sacar a las víctimas de las fosas comunes y enterrarlas dignamente. Por no hablar de cumplir con el derecho internacional, declarar nula la ley de punto final fascista (de “amnistía”) y procesar a los torturadores y asesinos del fascismo.

Reducida la figura del jurado popular a mera anécdota, siempre minimizada, el aparato de “Justicia” es una de las piedras angulares de la tiranía capitalista sobre las trabajadoras y trabajadores. Pero también del dominio de los grandes monopolios sobre las pequeñas empresas, que la tienen siempre perdida en los actuales tribunales frente a aquellos.

¿Pero cómo se puede hablar de “justicia” si los juzgados, por ejemplo, son meros ejecutores de los desahucios ordenados por los bancos contra las familias obreras? ¿No estaría por encima de cualquier interpretación leguleya y mezquina el estado de necesidad de las víctimas?

Avanzar en una democracia verdadera, sostenida en la voluntad y la participación popular, exige la demolición de la administración de justicia burguesa y su sustitución por tribunales populares y jueces elegibles y revocables, sujetos al escrutinio y el control públicos, y orientados a hacer de verdad justicia y defender los intereses de la inmensa mayoría.

Claro que para eso, no sirve la “Justicia” burguesa ni el Estado burgués. Confiar en ellos es confiar en los cañones del enemigo, lo que Lenin denominaba el “cretinismo parlamentario”. Es fácil reconocer a los cretinos: los veremos otra vez predicándonos que hay que “creer en la Justicia”.