Ahora, que estamos en el umbral de ser aprobados por parte de la Asamblea Nacional poderes especiales al Presidente Nicolás Maduro, a través de una Ley Habilitante contra la corrupción, sería oportuno que los futuros 335 alcaldes, los 2.435 concejales, los 2 Alcaldes Metropolitanos y los 69 representantes indígenas del país, realizaran su Declaración Jurada de Patrimonio.
Esta medida,la cual está contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, significa un buen inicio para “curarse en salud” los futuros funcionarios públicos a ser electos el próximo 8 de diciembre y además, porque representa, a todas luces, una buena señal para el proceso revolucionario.
Para el pueblo venezolano, que habita en todos los municipios del país, representa una medida sana el poder conocer anticipadamente, el verdadero patrimonio de quienes aspiran asumir las riendas de los gobiernos municipales; ahora más que nunca, inspirados en el Poder Comunal.
Desde luego, según lo señalado por la Ley contra la Corrupción y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; más que una obligación para todo funcionario público, es un deber de revolucionarios.
La misma Contraloría General de la República, desde el año 2009, implantó para esta declaración un formato electrónico que facilita dicho proceso y que además facilita su data y certificación, al igual que está a tono con el artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción.
Si bien, los primeros en dar el ejemplo son los candidatos del Psuv y el Gran Polo Patriótico; no escapan a ello también, los candidatos de la oposición que aspiran participar en la contienda a través del CNE, el próximo 8 de diciembre.
Muy lejos debe quedar, en esta democracia participativa y protagónica, los viejos métodos de la IV República, aplicados por políticos quienes entraban a los cargos de funcionarios públicos, como unos limpios y salían, al poco tiempo, incluso mucho antes de terminar su mandato, disparados al exterior a disfrutar de grandes fortunas, salidas del sombrero de un mago de circo, y sin ninguna explicación o justificación ante el pueblo venezolano, sólo dejaban el pelero.
De igual manera, como lo contempla la Constitución Bolivariana de 1.999, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y los Sistemas de Control Fiscal, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales y la Ley Contra la Corrupción, los funcionarios, en este caso concejales y Alcaldes, deben declarar su situación patrimonial y soportarla con documentos y recaudos que avalen sus bienes familiares, inmuebles, activos y pasivos en la banca comercial del país o del exterior, bajo juramento y la explicación de que no ha ocultado, ni falseado dato alguno, de una manera irrevocable ante la Contraloría General de la República.
Es decir, ante las elecciones municipales que están en puerta, los nuevos funcionarios públicos a ser electos, en función de la Ley y con responsabilidad administrativa, deben estar blindados ante la mirada transparente del pueblo venezolano, para que puedan decir al final de su mandato: “cuentas claras conservan amistades”. ¡Venceremos!
