El Presidente Nicolás Maduro anuncia en cadena nacional la creación de una Comisión Presidencial para investigar el desfalco del SITME, la entrega de 20.000 millones de dólares a “empresas de maletín” a precios preferenciales (6,3 Bs. por dólar), http://www.aporrea.org/actualidad/n241067.html.
Desde que el propio Ministro Jorge Giordani (febrero-marzo 2012) declaró públicamente sobre este desfalco a la Nación, hemos venido haciéndonos eco de esta denuncia, insistiendo en que una verdadera lucha contra la corrupción no puede obviar un caso tan grave como éste.
Con las declaraciones de la Presidente del BCV, Edmeé Betancourt, en las que reiteró el desfalco al patrimonio del Estado con el otorgamiento de “dólares preferenciales” a empresas fantasmas, se volvió a oír un coro de voces que exigían la investigación del caso.
En la Asamblea Nacional, el 8 de octubre, el Presidente Maduro habló de una lucha frontal contra la corrupción mencionando expresamente el “cadivismo” como fuente de la corrupción que amenaza con devorar a la Patria.
Ahora, el mismo Presidente anuncia la designación de la Comisión Presidencial que tendrá la responsabilidad de adelantar las investigaciones para esclarecer el asunto, así como parar determinar las acciones que emprenderá el Estado contra los responsables de este desfalco.
Es muy cierto que en nuestro país, desde hace décadas, la corrupción es una de las herencias perversas de un rentismo petrolero mal llevado y el enriquecimiento ilícito inherente al ejercicio de la política es un mal que después de 14 años seguimos sin superar.
No sorprende a nadie que los factores de la derecha, que de todo acusan al gobierno de Maduro, se hagan los locos con el desfalco del SITME. Es de suponer que sus intereses tendrán ellos para que nada de eso se investigue y que por el contrario el otorgamiento irregular de 20.000 millones de dólares por parte del Estado, a través del SITME, pase al olvido y los responsables queden impunes.
Es responsabilidad de esta Comisión Presidencial adelantar las acciones que permitan llevar las investigaciones a sus últimas consecuencias y saldar la deuda con la moral a que nos han sometido los ladrones (del campo público y del privado) que desfalcaron a la Nación.
