La estigmatización de la palabra, nos lleva a consideraciones inapropiadas sobre su verdadero valor, veamos el concepto según la R.A.E. (Real Academia Española). “Conjunto de funciones y trámites destinados a la ejecución de una decisión administrativa, principalmente de carácter político.¡¡2. Clase social que forman los empleados públicos”. Se considera en si mismo como una cualidad de gobierno, por lo tanto cuando se habla de burocratización es definitivamente otra cosa, peyorativa o no, el alcance es significativamente relativo, es decir, puede ser eficiente o no, compatible o desarticulada de la realidad, en cuyo caso, en nuestra opinión, el problema no es que exista la burocracia, sino quienes la ejercen y en función de que política.
En cuanto a quien y como la ejerce, está lo que podríamos considerar el verdadero problema en el conjunto de la administración, nos referimos al servicio público que debe prestar el funcionario asignado a cual o tal tarea, lo que significa que el problema no es la burocracia sino quienes se valen de ella, por ejemplo, para irrespetar al ciudadano, muy común acá en Venezuela y buena parte del mundo, es como el ejercicio del poder emanado de sus competencias y en la medida de su mayor o menor discrecionalidad la actuación es mas evidente. Lo otro es que la discreción lleva a otro espacio a considerar cuando hablamos de este tema, ineludible como lo es la corrupción, donde las líneas se entrecruzan entre el cumplimiento del deber y el ejercicio del cargo en función de intereses con el exterior, es decir, corrupto y corruptor. Finalmente, entonces, debemos mirar bien que es lo que se ataca y el porque de lo que conocemos en la Administración Pública.
Hasta el párrafo anterior fue publicado en mi columna de los jueves del Correo del Orinoco, para el envío a nuestros amigos de Aporrea, extenderemos el mismo en razón de abordar otros elementos relativos a la concreción de la institucionalidad de la Administración Pública venezolana y en particular lo que adviene de ese punto de vista con la nueva Ley Orgánica de Precios Justos, el reglamento, la estructura y los Recursos Humanos, en la constitución de un nuevo organismo de suma importancia para la ofensiva económica que se tiene que dar ineludiblemente.
Es el caso que la Ley Orgánica de Precios Justos ordena la creación de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE), como un órgano desconcentrado con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera. Este organismo debe establecer en lo inmediato el Reglamento interno que le permita establecer con eficacia sus funciones. En el Artículo 11 se señalan el ejercicio que debe ejercer el organismo y en su párrafo 1.- reza el estudio, análisis, control y regulación de costos y determinación de márgenes de ganancia y precios. Creemos que acá está per se el mandato sobre lo que se debe hacer.
Ahora bien, dicha tarea no es nada fácil por lo complejo que puede ser el análisis de costos de un producto en particular, la exigencia profesional y dedicación pasa por la rigurosidad en la información suministrada o requerida, es decir que, en esta materia donde debe estar el quid del asunto se decide el camino por decirlo así del establecimiento del precio justo y al cual se le agregará los demás gastos que inciden introfábrica en el funcionamiento del negocio, amen de sueldos y salarios, alquileres, servicios varios, entre otros. Este trabajo debe ser de hormiguita, al respecto preguntamos están o estarán en el menor tiempo posible preparados los fiscales que esto llevarán adelante, estos a su vez, estarán investidos de la garantía de la integridad y honestidad necesarios en estos casos, es en esta etapa donde se bate el cobre en el trabajo de supervisión, por supuesto que debe requerir una organización que apoye y otra que supervise este trabajo.
Por último, y es bueno decirlo la tarea no es nada fácil requiriéndose los argumentos necesarios con consistencia técnica y profesional para “forcejear” con los que en sus negocios se valdrán de sus experiencias para minimizar la actuación fiscalizadora, es por ello, que la preparación debe ser optima y las autoridades no deben escatimar esfuerzos y recursos en la formación correspondiente y estamos seguros que hay venezolanos y venezolanas dispuestos a ofrecer sus servicios en aras que la política no tenga contratiempos. Y en el campo de la organización interna se debe evitar a toda costa la creación de un aparato burocrático como ha pasado con Instituciones creadas en tiempos de revolución y que ofrecen un panorama opositor en sus interior en áreas tan sensibles como Planificación , Presupuesto y Recursos Humanos, como es el caso del Ministerio de Alimentación.
