No sorprenden los acontecimientos, ni la velocidad con que se desarrollan. La violencia callejera desatada desde el 12 de febrero, los asesinatos selectivos, destrucción de bienes públicos, incendio de vehículos y tranca de vías públicas es parte de un plan desestabilizador en pleno desarrollo, coordinado desde la MUD. Son acciones anunciadas. El objetivo es frenar la Revolución Bolivariana para restaurar el modelo neoliberal y, en eso, toda la oposición está de acuerdo. No hay división. Las diferencias en el discurso tienen un límite muy corto que solo servirá para desviar la atención.
Paralizaron la producción de bienes de consumo masivo (harina de maíz, papel sanitario, leche, aceite comestible, margarina, etc.), impusieron la usura y una especulación desmedida provocada por una escasez artificial, articularon un mercado paralelo de divisas para inducir la especulación financiera con el “dólar paralelo” y así desestabilizar la economía nacional hasta retomar el control de una renta petrolera que hoy se utiliza para financiar la política de desarrollo social que se ejecuta a través de las Misiones Sociales y pensiones que protegen amplios sectores populares.
Frente a este persistente ataque de la oposición en alianza con grupos económicos, el Estado y el gobierno no dieron la respuesta oportuna. Los hechos del 12 de febrero estaban anunciados. Envalentonados oligarcas, desdoblados en dirigentes políticos, desafiaron al gobierno nacional con declaraciones temerarias que convocaban a la violencia callejera. Invocaron el “PLAN SALIDA” y declararon que buscaban un atajo porque no podían esperar las elecciones presidenciales.
Hoy estamos obligados a movilizar las fuerzas de un pueblo que no está dispuesto a retroceder. El Estado venezolano y el gobierno tienen la obligación histórica de ejercer la autoridad que le otorga la Constitución Bolivariana para garantizar la estabilidad institucional, la gobernabilidad y la tranquilidad ciudadana en un clima de convivencia democrática y paz. No es tiempo de debilidades, ni impunidad.
El gobierno nacional y Nicolás Maduro han demostrado suficiente voluntad y tomado decisiones importantes para atender los grandes problemas del país. Se convocó al dialogo nacional y se presentó el plan nacional para la paz. Ahora le corresponde ejercer su autoridad en nombre de la mayoría nacional. No se trata de autoritarismo. El discurso de paz en este momento luce evangelizador y hasta tentador, pero su verdadera dimensión se impone con la fuerza de un Estado y gobierno vigorosos que hacen valer la Constitución Bolivariana.
La oposición ajustó su plan y su doble discurso. No se conformarán con el daño que han causado al país, ni los muertos del 12F. Esta semana pretenderán paralizar el comercio y la producción de bienes y servicios. Paro cívico, gritarán. Acudirán a los organismos internacionales para presentar nuestro país como epicentro de violencia política y violación de derechos humanos. Cuentan con las grandes corporaciones mediáticas y el apoyo financiero norteamericano. La guerra de cuarta generación se basa en el engaño y la distorsión de la realidad política y social. Es un formato viejo con sus ajustes. La escasez, la especulación y la inflación son inducidas. Nos quieren devolver a cuadro nacional del año 2002.
Ante el cuadro político nacional, el chavismo está obligado a reunificar sus fuerzas en el combate. Todos somos necesarios. Dejar a un lado contradicciones y articular acciones que profundicen la movilización popular para defender los logros de la Revolución Bolivariana. Despertar la fuerza organizativa de las Misiones Sociales y la pasión del Poder Popular. Es necesario comprender y transmitir que defender a Nicolás Maduro es la mejor defensa de la Revolución Bolivariana.
Llegó la hora de las convicciones y el compromiso histórico. Que cada dirigente popular, gobernador, alcalde, diputado, concejal, dirigente político, miembro de Consejo Comunal, y/o militante asuma su responsabilidad al lado del pueblo para que retumbe la Patria al grito de: PA’LANTE NICOLÁS…
