En lo que respecta al tercer objetivo nacional, del primer gran objetivo histórico independencia nacional, se expresa la necesidad de garantizar el manejo soberano del ingreso nacional. Entendiendo por ingreso nacional, el total ganado por los participantes en la producción a través de las aportaciones productivas que realizan por sí mismos o por medio de su propiedad, durante un determinado tiempo. Desde una perspectiva del criterio económico, este ingreso nacional se traduce en gasto público e inversión social; teniendo como clasificación: Gastos públicos corrientes, aquellos pagos que hace el Estado a los funcionarios públicos, incluyendo las compras de bienes y servicios hechos por el Estado; Gastos públicos de inversión, los que contribuyen a la formación de la inversión bruta de la economía y/o pueden ser transferencias de capital a otros sectores; Gastos públicos reales, o bilaterales, determinan una contraprestación por parte del sector a donde va dirigido el gasto; y Gastos públicos de transferencia, o unilaterales, son aquellos que efectúa el Estado sin recibir contraprestación alguna por ello.
Este objetivo nacional tiene diez (10) acciones estratégicas que a su vez se subdividen en veintitrés (23) sub-acciones que le dan al objetivo nacional un amplio espectro de incidencia sobre la realidad y brinda mecanismos para una adecuada orientación del manejo del ingreso público para preservar los logros de políticas públicas que garanticen la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas.
El fin de estos objetivos estratégicos y generales, es preservar un esquema fiscal que augure la explotación de los recursos naturales renovables y no renovables, pero que a su vez sean invertidos en un gasto social que mejore la calidad de vida de las personas de bajos recursos económicos. El control de los mecanismos de recaudación de impuestos y renta, debe hacerse más efectivo, de este modo se establecerían las bases de un régimen fiscal equilibrado y expandido a todos los niveles de producción. La actividad minera ha de ser uno de los frentes a fiscalizar y normar, no solamente para obtener de ella rentabilidad en la concesión de uso del patrimonio natural de la República, sino para canalizar su impacto ecológico y disminuir el grado de afectación a los espacios naturales donde se hace explotación.
A todas estas, es importante también establecer los criterios de control sobre la comercialización de los minerales extraídos, dándole potestad a los gobiernos estadales de crear instancias administrativas que cumplan el rol de gestoría y colocación de estos minerales, para combatir la extracción foránea y validar el uso de esta riqueza en territorio nacional que es a donde pertenece. En este aspecto, las alianzas estratégicas juegan papel primordial, caso el Fondo Conjunto Chino-Venezolano, dado que por esa vía se diversifica el mercado de colocación de los minerales extraídos pero sin perjudicar el orden normativo de la explotación, siendo racionales en el porcentaje a exportar y el porcentaje a colocar para el consumo nacional. El autoabastecimiento parte de ese principio, no es que se va a exportar el 100%, para luego comprar e importar el producto o sus derivados causando grandes gastos a la economía nacional.
En un aspecto puntual, está los Convenios de Cooperación energética (CCE) para motorizar el establecimiento de relaciones de intercambio justas y solidarias, así como el fortalecimiento de Petrocaribe, con la finalidad de eliminar las barreras del acceso a los recursos energéticos, por la vía de un nuevo esquema de intercambio comercial favorable. En este mismo sentido, se aprecia la impostergable necesidad de fortalecer la cooperación en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), promoviendo la participación popular a través de la renta petrolera y la disposición de nuevos mercados para exportar los productos nacionales.
Otro aspecto que cobra importancia en estos objetivos estratégicos generales, es el desarrollo de un sistema cambiario y de asignación de divisas que sea transparente, con control real, eficiente y eficaz, que le de movilidad a la asignación de dólares para la importación y que no genere condiciones especulativas y de fuga de capital; ese plan general de divisas de la nación debe optimizar los procesos, lo que permitiría una economía dinámica, competitiva y responsable.
En un mundo global donde todo se adquiere a través del capital, pensar en una economía socialista sin intervención de monedas extranjeras o de reglas de juego del capital mundial, es una locura; lo que diferencia a Gobiernos como el venezolano de potencias capitalistas imperiales, es que participando en el juego del capitalismo neoliberal, la importancia que se le da, en las políticas públicas, a la rentabilidad pesa más hacia lo social que hacia lo administrativo-financiero. Se prioriza el ser humano y no el materialismo consumista.
Uno de los fines últimos que se aspira con este tercer objetivo estratégico y general, es diseñar la planificación de la inversión pública para el ejercicio del presupuesto anual, con el fin de dar consistencia a la política fiscal, e incrementar los niveles de inversión pública en los sectores estratégicos como apalancamiento para el desarrollo socio productivo.
