Ya tenemos una ley de precios justos, la revolución no puede echarla al olvido, esta ley no puede pasar a ser letra muerta; ahora hace falta una Ley de presos justos. Por vía Habilitante el gobierno debería promulgar esa ley de presos justos para regular lo relacionado a los presos que están dejando la insurrección política que desde el 12F ha puesto en marcha la corriente fascista de la oposición, por mandato del imperio gringo.
Esa ley de presos debe establecer las penas a aplicarse a quienes han venido dirigiendo el intento de derrocamiento de un gobierno legítimo y democráticamente electo, pero lo que es peor aún, lo que tiene responsabilidades directas en muchos casos, en indirectas en todos, en la muerte de 30 venezolanos generadas por la escalada golpista que tiene como fin último derrocar al gobierno.
Ha dicho el Presidente Maduro, y el pueblo chavista mayoritario coincide en ello, que no puede haber paz si no hay justicia en nuestro país. Por ello, el gobierno promueve el diálogo y los acuerdos de paz, pero tiene la obligación de imponer la justicia que nuestras leyes establecen.
Así como es justo que los productos y los servicios en el país tengan un precio justo, no es menos justo que los que han cometido crímenes jugando a la guerra entre venezolanos sean hechos presos y reciban las condenas que en consecuencia a sus acciones deben corresponder.
El caso más reciente conocido de los fascistas que persisten en las vías insurreccionales para poner fin al gobierno de Maduro es el del alcalde ese que se quedó muchacho y que jugando a la ingenuidad, propia de esas edades, pretende seguir apoyando a las guarimbas fracasadas sin que ello le suponga consecuencias como a las de sus pares de San Cristóbal (Táchira) y de San Diego (Carabobo). Hemos visto el video que sería suficiente para que se aplique la vieja premisa jurídica esa que reza “a confesión de parte relevo de pruebas” que lo llevaría directo de ser burgomaestre a preso en Ramo Verde.
Para todo el pueblo chavista y para la mayor parte de los venezolanos, más allá de su posición ideológica, es inaceptable que el gobierno se deje seguir imponiendo la agenda política por una minoría de guarimberos y guarimberas, debe aplicarse todo el peso de la ley a quienes han apostado y seguirán apostando al “Maduro vete ya”.
