Hace poco tiempo parecía absurdo hablar de sanciones de EEUU contra Venezuela. Desde el congreso norteamericano, el Departamento de Estado y las corporaciones mediáticas se han venido creando las condiciones para abrir un proceso que culmine con la aplicación de sanciones a funcionarios y al gobierno venezolano. El deliberado estancamiento del diálogo por parte de la MUD, los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia y la victoria electoral (y política) de la oposición en los municipios San Cristóbal y San Diego combinados con los efectos de la guerra económica pudieran convertirse en el catalizador de decisiones contra Venezuela.
El 12 de febrero comenzó el Plan Salida con la marcha hasta el Ministerio Público y el 28 del mismo mes la Cámara de Representantes (cámara Baja) del congreso norteamericano aprobó, con una votación 393-1, la resolución H. Res. 488 denominada Apoyo al pueblo venezolano y las protestas pacificas para los cambios democráticos y el fin de la violencia que no es otra cosa que apoyo a las guarimbas. En esta oportunidad la diputada Ilena Ros-Lehtinen, representante del estado de Florida, anuncia la urgencia de imponer sanciones a Venezuela y así lo solicita al Presidente Obama.
El 13 de marzo el senador Robert Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, presentó el proyecto de Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela. En 6 artículos se define el objeto de la misma y se invoca la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia para Bloquear y Prohibir toda Transacción a la Propiedad como sustento para una intervención dirigida a un bloqueo discreto que permita a los grupos económicos nacionales el manejo de la renta petrolera y a EEUU el control de la reserva de hidrocarburos.
Aunque este proyecto de ley parecía contradictorio, casuístico y muy flácido para su aprobación, los voceros del Senado norteamericano insistieron en la importancia de la discusión del tema y redefinieron la estrategia con la Cámara de Representantes para comenzar a diseñar mecanismos para una intervención con sanciones a funcionarios públicos que mantienen cuentas y bienes en EEUU.
En estas circunstancias se evidencia que el gobierno norteamericano decidió tomar, directamente, la conducción del plan desestabilizador. La ruptura deliberada del diálogo por parte de la oposición, la derrota de las guarimbas y el Plan Salida como expresión del golpe suave coloca el conflicto nacional en el terreno de la intervención y las sanciones contra Venezuela. Todo puede comenzar con sanciones a funcionarios públicos, congelación de bienes y suspensión de visas para avanzar con otras medidas que provoquen desestabilización política hasta crear las condiciones para una intervención.
Todos los elementos anteriores han sido recogidos en un nuevo proyecto legislativo denominado Ley de Protección de los Derechos Humanos y la Democracia Venezolana que será debatido el próximo miércoles 28 de mayo en la Cámara de Representantes. Un proyecto de ley que contempla sanciones contra funcionarios públicos, bloqueo de transacciones financieras y de bienes, revocatoria de visas y condicionamiento de nuevas entregas, bloqueo de transferencia de tecnologías susceptibles de ser utilizadas en la seguridad pública, intervención de tecnologías asociadas al uso de internet y las comunicaciones, solicitar la aplicación de la Carta Interamericana Democrática y autorización de créditos por 5 millones de dólares para los grupos violentos que mantienen las guarimbas y otras acciones desestabilizadoras. Un proyecto de ley que tendría 2 años de vigencia, lo cual demuestra que la oposición venezolana y sus aliados internacionales no están pensando en elecciones, ni revocatorios. Tomaron el atajo antidemocrático para buscar una salida violenta para derrocar al Presidente Nicolás Maduro, destruir la Revolución Bolivariana y restaurar el agotado modelo neoliberal en Venezuela.
Si el próximo miércoles se aprueba esta ley en la Cámara de Representantes, inmediatamente será enviada al Senado donde recibirá los votos necesarios y de allí remitida al Presidente Obama, quien tendrá 10 días para promulgarla, objetarla con observaciones o mantener un silencio aprobatorio. El poder del Congreso de EEUU puede colocar a Obama contra la pared aun considerando las desventajas que tiene el gobierno norteamericano para tomar decisiones de esta naturaleza. Esas desventajas de carácter internacional que hoy tiene EEUU pueden convertirse en acicate para acelerar una intervención que distraiga la atención mundial y conduzca a nuevos reacomodos. Venezuela hoy, se confirma como objetivo estratégico de intereses transnacionales.
Las posibles sanciones de EEUU contra Venezuela ya no se pueden considerar como imposibles. La desmovilización del chavismo y las fuerzas populares, el avance electoral de la derecha colombiana, la victoria de la oposición en San Cristóbal y San Diego junto con los efectos devastadores de la guerra económica se están convirtiendo en un freno para cualquier ofensiva popular y convierten el mes de junio en un mes de peligro para la estabilidad de la Patria.
La verdadera ofensiva popular comienza con la movilización del chavismo para enfrentar la injerencia y derrotar el plan desestabilizador es tiempo de reunificación del chavismo y las fuerzas popularesel llamado del comandante Chávez a la unidad, lucha batalla y victoria no puede reducirse a una consigna electoral
