Sólo por el consumo de combustibles fósiles, Venezuela registra las más altas emisiones de CO2 por habitante de América Latina: 6.5 toneladas por habitante, muy superiores a las de Argentina (4.5), Méjico (3.8), Brasil (2.2), Perú (2.0), Colombia (1.6).
Las emisiones de CO2 por unidad del producto interno bruto son también las más altas de la región, lo que implica la menor eficiencia económica por unidad de CO2 emitido por el consumo de energía: 0.57 kg de CO2 por dólar del PIB-PPA, muy superiores a las de Argentina (0.27), Brasil (0.2), Colombia (0.14), Perú (0.2).
Según la FAO, la CEPAL, el Banco Mundial y la OIMT (Organización Internacional de la Madera Tropical), entre el 2000 y el 2010 se deforestaron en Venezuela 280.000 hectáreas por año, lo que contribuye más de 100 millones de toneladas adicionales de CO2 por año, elevando el promedio a más de 10 toneladas por habitante. Venezuela se coloca así entre los 20 países más contaminantes del planeta en emisiones de CO2.
Según el Ministerio de Ambiente, entre el 2006 y el 2013 se reforestaron 40.000 hectáreas a través de la Misión Árbol, equivalente al 2% de los 2 millones de hectáreas perdidas en el mismo período por el avance de la deforestación.
Venezuela es uno de los 8 países con mayor diversidad genética del planeta, asociada principalmente a los bosques naturales del país. La deforestación implica la pérdida irreversible del patrimonio genético de la nación, el principal legado de generaciones futuras.
Urge la definición de una política nacional para reducir significativamente la contribución de Venezuela al calentamiento global, detener la deforestación y la destrucción del patrimonio genético de la nación, mejorar la eficiencia energética de la economía nacional y minimizar el despilfarro de electricidad, gasolina, gasoil y gas natural.
Una de las medidas más urgentes es impulsar un verdadero plan nacional para el reverdecer de la nación, con la plantación de al menos 6 millones de hectáreas en los próximos 20 años, especialmente en las cuencas hidrográficas más importantes para asegurar el abastecimiento de agua a generaciones futuras, utilizando mezclas de especies nativas de cada zona para reconstruir bosques permanentes similares a los que alguna vez existieron en esos territorios. Un reto de esta naturaleza tiende inevitablemente a capturar de la atmósfera el equivalente a 2700 millones de toneladas de CO2 en 40 años. El costo de este reto a precios actuales sería de aproximadamente 5000 millones de dólares, menos de 2 dólares por tonelada de CO2 mitigado (US$1,85/ton CO2).
El consumo de cada barril de petróleo emite en promedio 420 kilogramos de CO2. El costo de mitigar tales emisiones es menos de un dólar por barril, el 1% del precio actual de exportación ($100/barril). Venezuela podría así exportar petróleo “verde”, libre de emisiones netas de CO2, invirtiendo menos del 1% del precio actual de exportación en la reconstrucción de bosques con mezclas de árboles de especies nativas. PDVSA podría así compensar parte de los daños ambientales acumulados por la explotación petrolera, contribuiría a garantizar un suministro más confiable de agua a generaciones futuras, minimizaría el impacto de sequías e inundaciones y mejoraría su imagen corporativa y el acceso a los mercados.
No es necesario compensar la totalidad de las emisiones provenientes del consumo de petróleo. Al menos durante las próximas décadas sería suficiente equiparar las emisiones netas del consumo de petróleo con las que se generarían si fuese reemplazado por gas. Esto implica reducir las emisiones netas en aproximadamente un 40%, cuyo costo de amortización sería de aproximadamente medio dólar por barril a precios actuales.
Convendría explorar la posibilidad de negociar con países como China, India y los miembros de Petrocaribe, clientes de PDVSA, el desarrollo de proyectos de esta naturaleza pues las plantaciones pueden estar localizadas en cualquier parte del mundo. La mitigación de las emisiones provenientes del consumo de petróleo es de interés mutuo, tanto de Venezuela como país exportador, como de sus clientes en el extranjero. La protección de las fuentes de agua es igualmente un interés prioritario compartido.
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