Una de las consecuencias de las tergiversaciones en nuestra cultura política es que actualmente se cuenta con un marco legal que en la teoría promueve la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones de la gestión pública en todos los niveles, dolorosamente en la práctica ello no se ha podido cristalizar, esta “participación protagónica” ha sido reducida solo a lo financiero, al aporte económico que entrega el Poder Público Nacional a las comunidades, en cuya relación (solo de intereses económicos) se sobreponen los distintos niveles de gobierno público, por encima de las distintas expresiones del denominado Poder Popular, algo lógico, por cuanto al ser el “gobierno” titular de los recursos del Estado es quien finalmente pone las condiciones. Mecanismos constitucionales como los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP), órganos encargados de la planificación de los municipios, han sido supeditados por otras formas de organización desprendidas de una propuesta de Estado diametralmente distinta a la concebida en el gran pacto nacional que es la constitución.
Es por ello, que los CLPP no han podido alzarse como piedra fundacional de municipios con planes y proyectos cónsonos con las necesidades sentidas de la población, con sus potencialidades, han tenido preeminencia los planes y proyectos impuestos por los arquitectos de ese “Nuevo Estado” intrínsecamente basados en esa relación de manipulación (de intereses económicos) que doblega al denominado Poder Popular a sus designios, un juego perverso que aleja a Venezuela de la solución de sus endémicos problemas, al contrario, la sucumbe aún mucho más.
Lo propio ocurre con las entidades regionales, los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CEPLACOPP) han corrido con la misma suerte, han sido prácticamente sustituidos por nuevas figuras extra constitucionales, sufren de desatención y desvíos de todo tipo de recursos que constitucional le corresponden. Más aún, en el caso de las nuevas figuras que no aparecen taxativamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), caso concreto de los Consejos Comunales (CC) y las Comunas, la realidad es, dicho sea de paso, más angustiante, pululan incuantificables asignaciones de recursos públicos en medio de carencias efectivas de control, recursos que deberían ser estrictamente fiscalizados por ser dinero del Estado.
Es allí donde se palpa en primera fila la ingente partidización del Estado, a través no solo de las instituciones de gobierno sino a través de las instancias del Poder Popular que, encaminadas estrictamente al interés comunitario, de las personas, de los habitantes de cada sector o urbanización, pudiesen generar resultados impactantes, favorables para todos, pero tristemente ha privado el interés dictado por una élite política, a la que se obliga rendirle culto.
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