Los llamados de nuestros órganos del control público para que los venezolanos nos enrolemos en la batalla contra la corrupción, comenzando por formular las denuncias que pudiéramos tener sobre hechos de corrupción, pero bajo la condición de que se aporten las debidas pruebas, es un gran engaño. Deben haber muy pocos casos donde eso sea posible, pues no creemos que haya quien desconozca que los que fraguan estafas al Estado o a cualquier otra entidad privada, hacen hasta lo imposible por no dejar rastros de su fechorías, de manera que poner como condición sine qua non la presentación de pruebas para recibir una denuncia, no es sólo una necedad, sino es la demostración más fehaciente de que no existe voluntad alguna para enfrentar una lucha exitosa contra los corruptos. Y es más, con horror hemos escuchado, en más de una ocasión, a figuras relevantes de los órganos del control Público en el país decir que ellos descartan en sus tareas de cuidar el buen uso de los recursos públicos, la apertura de investigaciones por “Notitia Criminis”, algo que nos resulta increíble que ocurra y menos que venga de boca de quienes tienen la sagrada responsabilidad no sólo de garantizar el uso transparente de los recursos públicos, sino de impedir que se los roben.
Históricamente en nuestro país el robo al erario público ha sido una constante desde que nacimos a la vida republicana e independiente. Durante todo el siglo XIX los caudillos que nos gobernaron, salvo muy contadas excepciones, entraron a Palacio pobres y sin riqueza alguna y cuando cumplieron sus períodos o fueron derrocados en golpes de Estado de todo tipo y calibre, salieron buchones; inmensamente ricos, como lo fueron, para mencionar sólo dos casos, el General Páez y Guzmán Blanco. En la Cuarta República se fueron a la quiebran todos los más importantes entidades de crédito público por culpa de la corrupción desatada (CVF, Corpomercadeo, Banco Agrícola y Pecuario, Mersifrica, etcétera) y por más denuncias que se hicieron entonces sobre figuras de la política y la sociedad civil incursas en irregularidades en esos organismos estatales, nada sucedió. Ningún personaje de tantos que fueron mencionados fue a parar a la cárcel, por lo que es muy necesario que se escuchen las denuncias como una alerta de que algo no anda nada bien y se tome la decisión de investigarlas. Si luego de concluido el proceso se demuestra que no hubo ilícito alguno, pues nada perdemos. Los dineros públicos son sagrados y para su cuido y protección toda precaución que se tome nunca será suficiente…
El rumor insistente de que fulano y zutano están robando, es más que suficiente para que se ordene abrir una investigación y evitar así que se nos escape la gran oportunidad de casar a un corrupto, como ha sucedido ene veces con cientos de personajes, entre los cuales hoy, por ejemplo, la prensa nos trae la información de que quien fuera factótum importante de nuestra Revolución Bolivariana, Rafael Izea, gobernador del Estado Aragua, viceministro de Finanzas y presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES, ha sido uno de los presuntos responsables de las estafas mil millonarias a Cadivi, según lo ha informado a los medios la Fiscal General de la República, al punto de que ha sido solicitado su búsqueda a través de la Interpol, pero como nadie en los altas instancias del gobierno creyó lo que se dijo a través de distintas fuentes mediáticas, el sujeto logró fugarse al exterior y no solamente eso, sino que él y sus allegados negaron esa salida intempestiva y, por supuesto, agregaron que él nada ha tenido que ver con ilícito alguno, para agregar, insistentemente, que su viaje al exterior, concretamente a Washington, lo fue para concluir unos estudios de post grado que había suspendido hacía años atrás.
Y así hay muchos otros sujetos que han hecho lo mismo, como fueron los ex magistrados Luis Velázquez Alvaray y el excoronel Eladio Aponte Aponte, quienes dejaron el pelero sin que nadie les hiciera resistencia por los mil millonarios robos y hechos delincuenciales que cometieron y que antes de irse del país ya habían sido señalados muchísimas veces de estar incurriendo en hechos ilícitos y condenables y nadie hizo caso. Recordemos que el primero, Velásquez Alvaray, fue el autor intelectual en el asunto de los sobreprecios escandalosos con la compra de inmuebles para las sedes judiciales en Lebrum, en Petare y, el otro, Aponte, por sus andanzas criminales y asquerosas en el mundo del tráfico de drogas, en donde se convirtió en uno más de los “protectores” del mayor negociante de cocaína que ha tenido el país, Walid Makled y que por ello éste le pagaba semanalmente la bicoca de 300 millones bolívares fuertes y, además era su socio en la Línea Aérea Aeropostal (Makled le pagaba 300 millones mensuales a Aponte Aponte).
Lo grave que observamos es que esa postura que apunta a no hacerle caso a las denuncias o a los reiterados rumores de que por allá fumea, no obstante que la cruda realidad demanda su urgente revisión y cambio de la misma, en el Estado se siguen haciendo de la vista gorda. Allí tenemos los casos de la asignación de pensiones en el Seguro Social o en la Misión “En Amor Mayor”, las que, en muchísimos casos, se otorgan luego de haber pagado coimas y sobornos a los llamados gestores “sociales” que cobran hasta diez mil bolívares, lo cual ha sido denunciado mediáticamente desde hace muchos años y nada sucede en la viña del señor. Por cierto que hace muy pocos días en una sus comparecencias por la televisión, el propio Presidente Nicolás Maduro hizo referencia a ese tema y ordenó que se investigara para verificar si en la Misión Amor Mayor eso estaba sucediendo. Ojalá y este llamado presidencial no sólo acabe con esa práctica en esa Misión, sino que las investigaciones que se abran se extiendan a los procesos de otorgamiento de pensiones en el Seguro Social, en donde, además, se dice y con mucha insistencia, que se han otorgado y se sigue incurriendo en la misma trampa, pensiones a personas que aún no tienen la edad reglamentaria para gozar de ese beneficio, es decir 60 años para los hombres y 55 para las mujeres, lo cual es muy fácil verificarlo…
Invito a los órganos del Control Público que organicen un seminario con expertos policiales de probada capacidad investigativa y se coloque como tema de conversación y debate el valor de una denuncia frente a un proceso de investigación de un hecho doloso y se verá cuán importante y decisorio puede llegar a ser para descubrir a sus directos responsables… Inclusive, vamos más allá, nos atrevemos a decir que hasta la denuncia anónima, puede llegar a hacer muy importante para resolver un hecho delicuencial, cualquiera fuese su naturaleza…
