La gobernabilidad consiste en mantener altos niveles de eficiencia en el cumplimiento de las funciones de los órganos e instituciones del Estado, en máxima consonancia con las exigencias de la sociedad, para ello es estrictamente necesario estas tres condiciones; el apego a la ley, el dialogo entre gobernantes y gobernados, así como la toma de decisiones consensuadas, sin estos tres elementos es muy cuesta arriba alcanzar la gobernabilidad, en cualquiera de los niveles de gobierno. Cuando algunos de estos elementos falla o es inexistente los fines del gobierno se desdibujan, generando fuertes turbaciones en el seno social, caracterizado por una fuerte confrontación entre quienes dirigen los destinos públicos y sus beneficiarios, peor aún, turbaciones derivadas de la obtención de resultados económicos, políticos y sociales, a parte de exiguos, no relacionados con las verdaderas necesidades de la nación. Básicamente, la gobernabilidad en Venezuela debería ser extremadamente sencilla, bastaría solo el que los gobernantes se sentaran a discutir con los distintos sectores para diseñar políticas que satisfagan las necesidades, señalamos que debería ser extremadamente fácil en cuanto en Venezuela sobran los recursos, contar con los recursos es lo más difícil en la inmensa mayoría de las naciones del mundo. Más aún, en la CRBV del 99’ yacen dos instancias utilísimas para maximizar la gobernabilidad en nuestro país, que son los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) a nivel municipal y los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CEPLACOPP) a nivel de los estados. Ambas estructuras buscan que sean los ciudadanos, individual como colectivamente, así como los diversos sectores económicos, culturales, deportivos, entre otros, quienes planifiquen conjuntamente con los alcaldes y gobernadores los municipios y entidades federales, en concordancia con sus fortalezas y debilidades. Pero hay más, el Artículo 185 de la CRBV mandata la creación del Consejo Federal de Gobierno (CFG), cuyo primerísimo mandato constitucional es el desarrollo del proceso de “descentralización” y transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios, promoviendo el desarrollo equilibrado de las regiones, partiendo inexorablemente desde las demandas provenientes de la población. Entonces, sí existen los mecanismos y los recursos necesarios para consagrar altos niveles de gobernabilidad ¿Por qué en nuestro país impera una áspera confrontación y evocación a la guerra? Son varias las suposiciones, una de ellas es que se debe revisar exhaustivamente sí la planificación nacional se alimenta de las necesidades sentidas de la población o de lineamientos gubernamentales/partidistas. La segunda, es que el apego a la ley no es precisamente una de nuestras bondades como nación, por tal motivo, el incumplimiento y diversas interpretaciones a la extremadamente diáfana constitución nacional ha generado un país reñido con los fines del Estado establecidos en ella, ocasionando que los gobernantes, con su particular visión, vayan hacia una dirección y la población, con sus necesidades sentidas, hacia otra muy distinta. Para saber a dónde hay que ir hay solo hay que leer la constitución ¡sin interpretaciones!
@leandrotango
