Estoy seguro que después de Cuba, que ha resistido 56 años, no hay ninguna otra nación de América Latina que haya sufrido y resistido una guerra económica, política y mediática tan violenta como la que le han impuesto a Venezuela.

El ataque contra la Revolución Bolivariana por parte de la oligarquía criolla bajo la dirección y el apoyo de Estados Unidos se ha dirigido hacia todos los sectores de la economía con la participación de los medios de comunicación de la derecha encargada de inventar y divulgar constantes campañas difamatorias.

Desde que en 1999 el presidente Hugo Chávez llegó al poder, no ha pasado ni un solo momento en que las fuerzas de derecha conspiren para tratar de derrocar al gobierno (encabezado a partir de abril de 2013 por Nicolás Maduro) pese al apoyo mayoritario del pueblo al sistema boliviariano.

Venezuela se ha convertido en el punto de mira de la política estadounidense para intentar doblegar la resistencia que ha surgido por toda América Latina contra las políticas hegemónicas que las distintas administraciones norteamericanas han mantenido sobre la región desde hace más de un siglo.

Chávez y Maduro, con políticas nacionalistas en beneficio del pueblo, han logrado junto a Cuba (que durante 56 años ha ofrecido un ejemplo de resistencia, independencia soberana y de ayuda solidaria desinteresada) levantar a los pueblos de la región que están dando la batalla por la verdadera independencia que soñaron Bolívar, O¨Higgins, San Martín, Martí.

La desesperación de la Casa Blanca se incrementa al poseer Venezuela la mayor reserva de petróleo en el mundo; haber recuperado esa fuente de riqueza que antes era extraída por las transnacionales y llevada principalmente hacia Estados Unidos; impulsar con esos dividendos numerosos programas sociales que han bajado abruptamente la pobreza en el país, y a la par ofrecer a la población educación, salud y otros servicios gratuitos.

Contra Caracas se han utilizado las más disímiles acciones que van desde impulsar la oposición derechista interna, el fallido golpe de Estado y el intento de colapsar la producción petrolera, hasta las acusaciones sobre supuesta violación de los derechos humanos o de falta de democracia.

En sus planes, la Casa Blanca acusa a Venezuela de ser un país "terrorista", participar en el "narcotráfico", apoyar a las guerrillas colombianas y de todo cuanto pueda tratar de desprestigiar internacionalmente al gobierno bolivariano.

Con motivos de crear un malestar general dentro de la población, las fuerzas de derecha en concordancia con empresarios privados y contrabandistas pagados, han lanzado desde hace meses una fuerte ofensiva para crear desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad dentro del país, pese a las grandes sumas de dinero que el gobierno dedica a la compra de mercancías.

El contrabando de alimentos y derivados del petróleo venezolano hacia Colombia se acrecentó con la actuación de mafias que las sacaban por los disímiles pasos existentes a lo largo de la frontera. El gobierno lanzó una fuerte ofensiva y muchas de esas acciones fueron controladas.

Ahora el desabastecimiento de productos se realiza por empresas distribuidoras privadas que los acaparan en grandes cantidades para crear malestar en la población.

En línea directa con esa política desestabilizadora, en diciembre de 2014, Estados Unidos decretó medidas económico-financieras contra la República Bolivariana, y a principios de febrero de este año impuso otras para ir cerrando el cerco económico contra el gobierno de Maduro.

La justificación de Washington fue la presuntamente violación de los derechos humanos por parte de Caracas durante las protestas violentas registradas en el país en el primer semestre de 2014. Estas fueron convocadas por la oposición nacional dejando un saldo de 43 fallecidos y más de 800 lesionados y según denuncias del gobierno, los sectores ultraderechistas que las protagonizaron recibieron financiamiento por parte del Departamento de Estado norteamericano.

Resulta completamente contraproducente que Estados Unidos, luego de comprender que su política de sanciones y bloqueo llevada a cabo contra Cuba durante más de 50 años, ahora emprenda nuevas sanciones económicas contra Rusia y Venezuela simplemente porque esos países no aceptan las presiones y la política de Washington.

Ante estas acciones desestabilizadoras, las organizaciones progresistas recién surgidas en la región como Unasur y Celac, y otras internacionales como la de los Países No Alineados han dado pleno apoyo a la Revolución bolivariana.

Recientemente, Maduro proporcionó al secretario general de Unasur, Ernesto Samper "datos e información, alguna muy confidencial" de "elementos muy preocupantes" y pronunciamientos de portavoces del Pentágono y del vicepresidente de la nación norteña, Joseph Biden, relacionadas con el decursar de la Revolución Bolivariana.

En este contexto, se conoció que el Strategic Studies Institute, (SSI), un órgano del Pentágono, indicó que Venezuela ocupa un lugar central en el control estratégico de América del Sur y la parte sur del Caribe. El petróleo, su ubicación geográfica privilegiada, sus recursos humanos y físicos, y su posición equidistante de las potencias transatlánticas, han convertido a Venezuela en un eje trascendental de la política exterior de Estados Unidos.

Una reciente encuesta realizada por la firma privada Hinterlaces señaló que el 84 por ciento de los venezolanos responsabiliza al empresariado local de la situación de acaparamiento, especulación y contrabando impuesta al país y considera que el Gobierno debe poner mano dura contra los culpables de la crisis generada por la guerra económica impuesta por la extrema derecha.

Lo que no pueden aceptar la oligarquía nacional y el gobierno estadounidense es que Venezuela forme parte de los nuevos cambios progresistas que han tenido lugar en América Latina, que ya ha dejado de ser el patrio trasero de Washington.