El pasado martes la Asamblea Nacional aprobó eliminar el voto directo para elegir a los diputados al Parlamento Latinoamericano. Queremos resaltar que la Asamblea Nacional Constituyente, la cual significó desde el punto de vista institucional el punto de arranque de este proceso revolucionario bolivariano, decretó el 4 de abril del año 2000 el "Estatuto Electoral del Poder Público", el cual en sus considerandos estableció de manera clara "que los representantes de Venezuela en los parlamentos Latinoamericano y Andino, respectivamente, deben ser elegidos en forma democrática, de manera directa y transparente por el pueblo".
En las tres elecciones parlamentarias realizadas desde ese entonces, los venezolanos hemos elegido de manera universal, directa y secreta a nuestros representantes ante el Parlamento Latinoamericano (años 2000, 2005 y 2010). Esa conquista democrática de la cual el presidente Chávez se ufanó en múltiples oportunidades, se acaba de perder gracias a la iniciativa de Diosdado Cabello y el lamentable voto de la fraccción parlamentaria del PSUV.
No hay argumento alguno que pueda esgrimirse para justificar esta medida. La supresión del voto universal y directo por un mecanismo de votación en segundo grado es regresar a la época de López Contreras, es retroceder a etapas que creíamos ampliamente superadas por la madurez democrática del pueblo venezolano.
La decisión de Diosdado implica volver a las prácticas de la vieja partidocracia adeco-copeyana, regresar al cogollerismo de los partidos que en conciliábulos secretos toman decisiones sin consultar con el pueblo. Ni más ni menos. Estamos de regreso en esta revolución.
Pensamos que el Tribunal Supremo de Justicia debería pronunciarse en este caso (la Sala Constitucional), para determinar si la Asamblea Nacional puede suprimir un derecho político que ya se ha ejercido por más de una década.
Proponemos que el mecanismo al cual debería recurrirse es la realización de una consulta o referendo de carácter nacional para que sea el mismo pueblo venezolano el que decida democráticamente si se restringen o mantienen sus derechos políticos.
Las conquistas revolucionarias del pueblo venezolano no deben suprimirse, ni siquiera por la necesidad aparente de la burocracia chavista de evitar contarse en un único circuito nacional. Por cierto, con esa decisión hacen ver ante el país que se ven como derrotados en una posible elección de carácter nacional. Aquí nadie es gafo ni se chupa el dedo. No tiene lógica que inmediatamente después de haber reunido más de diez millones de firmas, el PSUV tome ahora una decisión en la que descubre su falta de confianza en el respaldo popular y su temor a salir derrotado electoralmente.
