A contrapelo respecto de la política gubernamental de sanear el problema habitacional del venezolano con la construcción de viviendas marcha la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI). Claro, la SUNAVI no construye viviendas como el gobierno, quien, a propósito, hace poco en el estado Vargas entregó la número 700 mil. La SUNAVI encaja en la problemática integral de carencia de techo desde otro ángulo, enfocándose en regular la justa relación que debe privar entre el que alquila (arrendatario) y el que arrienda (arrendador), levantar la información sobre el hecho habitacional en el país, entre otras funciones detalladas más abajo.
Hay el que no tiene casa y podría estar en la calle, viviendo arrimado o nómadamente; hay el que está viviendo bajo un techo que no es suyo, arrendándolo; hay el que lo tiene precisamente, por esfuerzo propio o por auxilio gubernamental; y hay el que tiene muchos techos y se dedica a vivir de ellos, arrendándolos. Una generalidad de la situación que en varios de sus aspectos presenta un perfil inquietante, de larga data en el país y que, justicieramente, la política gubernamental ha incluido dentro de sus lineamientos para subsanarlo, combatiendo matices perturbadores que abarcan al sin-techo que lo busca como al negociante de muchos techos que se aprovecha de la necesidad de otros para lucrarse.
Dentro de este cuadro oneroso del problema habitacional, el margen que ocupa la realidad de los que arriendan (arrendatarios) no es menos pesaroso: una significativa tajada del problema general si se considera que de 2 millones de familia sin vivienda, 1,4 arriendan, según cifras del año 2010 dadas por un directivo de una organización en la materia (José Acuña: "Vivienda y desalojo en Venezuela" [en línea]. En: Aporrea. 16 Oct. 2010. [ca. 17 pantallas]. http://www.aporrea.org/ddhh/a108131.html. [Consulta: 6 Mayo 2015]. Tal porción significativa de la realidad (seguramente menor al presente) es a la que está llamada a cubrir la SUNAVI, de manera que huelga a la vista su importancia y rol institucional en la mitigación del problema. Su misión, en palabras claves, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, que contempla su creación, es: velar por el cumplimiento de los deberes y derechos observados en la ley tanto para arrendatarios como para arrendadores, fijar el canon de arrendamiento, realizar inspecciones y fiscalizaciones de los inmuebles, efectuar procedimientos para la determinación de ilícitos, imponer sanciones, determinar indemnizaciones, proveer refugios, levantar información en la materia para el Ejecutivo Nacional, trabajar con las organizaciones sociales para fomentar el acceso a la vivienda, crear el Registro Nacional de Arrendamiento de Vivienda, controlar los contratos de arrendamiento de vivienda, etc.
Pero la SUNAVI, probablemente avasallada por la dimensión del fenómeno arrendatario en el país, prácticamente no se ha dado abasto para contribuir de manera efectiva en el alivio de la situación habitacional en general; por el contrario, la ha complicándola porque suma al hecho de carestía la carga que viene a significar la inoperancia burocrática, piedra de tranca temible que en su disfuncionalidad lo que ha hecho es amparar a los abusadores de siempre, esto es, los que desalojan. Un ejemplo: no responden a tiempo con el servicio SAVIL (Sistema de Arrendamiento de Vivienda en Línea), adonde lo usuarios arrendatarios acuden para consignar sus pagos al tener desavenencias con los arrendadores; resultado: que los arrendadores se valen de tal tardanza de la institución para practicar desalojos al acusar a los arrendadores con que no pagan. Sin ir muy lejos: quien escribe (expediente FI-1473-14) lleva siete meses esperando una inspección a la edificación donde vive. El asunto, kafkiano de plano, ya va recreando el ambiente reflejado por el escritor Franz Kafka en su novela El proceso.
¿Qué está ocurriendo? La SUNAVI prácticamente está inoperativa, sea ya porque su misión la rebasó, no tiene personal, la tarea es demasiado magna para la cortedad de una sarta de burócratas que la gestionan. Lo que ha hecho es registrar y registrar casos, problemas, quejas, lamentos que se quedan grabados como en una cinta magnetofónica para una historia olvidada, sin respuesta. No sale a la calle, no es operativa, no tiene alguaciles que cubran la geografía para el mínimo cometido de entregar una notificación o convocatoria, no conecta con las bases populares, donde podría estar su salvación como institución dado que ella trabaja y se debe al pueblo. En su record ha de tener, abrumadoramente, más registro de lamentos que de sonrisas generadas en el rostro de los usuarios por la resolución de algún inconveniente.
En su expediente institucional, a modo de karma que arrastra sin resolución, pesan en la SUNAVI los siguientes retos con los que no ha podido:
(1) el tema de los cien edificios (punto de cuenta que Hugo Chávez dejó pagado para adquirir estos inmuebles)
(2) la providencia administrativa 00042 (edificios de vieja data), con la que os dueños se han limpiado el trasero, vendiendo los inmuebles como nuevos porque la SUNAVI no inspecciona, no calcula el canon a tiempo, sólo registra lamentos, como se ha dicho.
(3) el tema de los refugios
(4) la discapacidad para afrontar a los poderosos ─ ley en mano─ frente a los oprimidos y desalojados de siempre, a los que está llamada a proteger por principio, por ética, por legalidad y justicia, según dicta el mandamiento socialista del legado de Hugo Chávez, ese que provee y salda la deuda histórica con el pueblo.
¿Qué hacer con la SUNAVI? O es intervenida, o es reestructurada aumentando su personal y capacidad de atención o es convertido en un ministerio tal vez transitorio con perfil real de poder popular.
