El presidente Nicolás Maduro anunció que no aprobará más dólares para las empresas de Fedecámaras, al acusarlas de formar parte de la guerra económica. Días después, Miguel Pérez Abad, presidente de Fedeindustria, afirmó que "se acabaron los dólares baratos" para el sector productivo y habrá que ajustarse al Simadi que ronda los 200 Bs/$, dejando atrás las tasas de cambio preferenciales de Cencoex de 6.30 Bs/$ y Sicad de 12 Bs/$.

El anuncio del Simadi puede ser el primer paso de una revisión integral de la estrategia económica. Esta ha sido una decisión largamente esperada en función de transformar la economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo exportador. Ciertamente, la tasa Simadi encarecerá las importaciones y hará más competitivas las exportaciones venezolanas. Para que sus efectos positivos puedan verse potenciados, la misma debe ser reforzada con otras decisiones en materia de políticas macroeconómicas (fiscal, monetaria, financiera y de precios) y de políticas sectoriales (agrícola, industrial y tecnológica).

La sobrevaluación fue peor que el ALCA

La sobrevaluación se origina cuando la inflación que sufre un país es mayor que la de sus principales socios comerciales. Al no ajustarse el tipo de cambio oficial para corregir este diferencial inflacionario, el poder de compra interno de la moneda nacional se desvanece, a la vez que se incrementa el poder de compra en el extranjero, donde el alza de los precios ha sido mucho menor. A pesar de la persistente inflación, el dólar oficial se mantiene congelado por varios años. Gracias a un dólar barato, el gran negocio importador florece y prospera a expensas de la actividad agrícola e industrial.

Para resistir el impacto de una política cambiaria favorable a las importaciones, los productores venezolanos tienden a transformarse en importadores y disputarse con los comerciantes el papel de representantes de las grandes corporaciones transnacionales, acentuando así los rasgos de una economía de puertos cada vez más dependiente de las importaciones. Por eso, el anclaje cambiario en un contexto inflacionario termina arruinando la producción nacional.

La integración neoliberal se enfoca en la liberalización del comercio y de las inversiones. Poca importancia se le otorga a la libre circulación de las personas y a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. En su momento, el Gobierno Bolivariano se opuso resueltamente a la desgravación del arancel, toda vez que representaba un instrumento de política para proteger la producción nacional.

En las negociaciones del ALCA nos opusimos a la eliminación de los aranceles y otras medidas necesarias para proteger la producción nacional. Pero lo que no hizo el ALCA lo logró la sobrevaluación de las tasas de Cadivi y Cencoex, al permitir un deslave de importaciones baratas que barrió con el precario aparato productivo nacional. La sobrevaluación de la tasa de cambio oficial anuló los mecanismos y medidas que defendimos para estimular la producción nacional y ésta nunca pudo levantar cabeza ante la ruinosa competencia de las importaciones subsidiadas con un dólar barato.

La sobrevaluación potenció las nefastas consecuencias de la libre competencia entre desiguales y finalmente condujo al fortalecimiento de los más fuertes y a un debilitamiento aún mayor de los más débiles. Con la sobrevaluación ganaron el mercado nacional los países que destinan anualmente miles de millones de dólares a subsidiar sus exportaciones.

Los subsidios de otros países, aunado al efecto de la sobrevaluación, originaron graves distorsiones en los precios relativos que dejaron en desventaja a los productos nacionales versus los importados. Pero los instrumentos de política para paliar los efectos perversos de las distorsiones de los precios internacionales, terminaron siendo mediatizados y anulados por la política cambiaria.

La ruina de la producción nacional

En definitiva, no hizo falta que se aprobara el ALCA para impedir que las importaciones baratas arruinaran la producción nacional. Las tasas oficiales de Cadivi y Cencoex facilitaron toda clase de importaciones agrícolas e industriales, mucho más de lo que lo hubiese permitido la eliminación de los aranceles y el desmantelamiento de las medidas de protección y estímulo a la producción nacional. De hecho, la sobrevaluación de la tasa de cambio oficial dejó sin efecto la amplia gama de medidas de política agrícola e industrial que se pudieron en práctica en los primeros años de la Revolución Bolivariana para reactivar la producción nacional. En efecto, los incentivos financieros, las compras gubernamentales, el suministro de insumos básicos al sector transformador, los incentivos fiscales a la innovación tecnológica, la capacitación de mano de obra, la regularización de la tenencia y uso de la tierra, la promoción de Fundos Zamoranos, Núcleos de Desarrollo Endógeno y Empresas de Producción Social, todo ese enorme esfuerzo terminó siendo dinamitado por la propia política cambiaria del Gobierno Bolivariano.

La verdadera guerra económica que dinamitó el aparato productivo nacional ha sido la derivada de una prolongada sobrevaluación que ha generado graves consecuencias en materia de caída de la producción, escasez, acaparamiento y especulación. El aporte de la actividad agropecuaria al PIB cayó por debajo del 4%, cuando debería ser al menos de 12% si se quiere alcanzar la soberanía alimentaria.

En materia de desindustrialización los efectos han sido aún más desastrosos, a lo largo del anclaje cambiario el número de industrias cayó de 14.000 mil a 7.000 y la contribución del sector manufacturero al PIB se redujo de 18% en 1999 a menos de 14% en 2014, bastante lejos del 20% mínimo que se requiere para ser considerado un país industrializado. Los propios datos oficiales revelan que la sobrevaluación de la tasa de cambio oficial generó efectos totalmente contradictorios con los principios que animaron la lucha contra el ALCA y los TLC.

El anclaje no solo facilitó las importaciones baratas, sino que penalizó la competitividad cambiaria de las exportaciones no petroleras e impidió el acceso a otros mercados, incluso en el marco de los acuerdos de la Alba y el Mercosur.