El Art. 318 de la CRBV establece que “El objetivo fundamental del BCV es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria”. A su vez, el Art. 320 señala que “El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social”.

Desde que entró en vigencia la Reconversión Monetaria, la inflación acumulada es de 739,5%. Solo en los dos últimos años (2013-2014) la inflación asciende a 163,3 %. La tasa de cambio que en 1999 equivalía a 0,577 Bs/$, en 2015 es de 199,46 Bs/$ según Simadi, lo que representa una depreciación del bolívar de 34.469 %. Hoy en día, el bolívar fuerte es apenas una fracción del que comenzó a circular en enero de 2008:nadie se molesta en recoger un bolívar del piso.

Estos datos revelan que los mandatos constitucionales no están siendo cumplidos.

¿Qué pasó con el bolívar fuerte?

No bastaba con quitar tres ceros. Al no corregir el desequilibrio fiscal y monetario el bolívar fuerte tenía sus días contados. Cuando los bancos centrales pueden crear dinero, los gobiernos en déficit suelen buscar financiamiento a través de la emisión de bonos que la autoridad monetaria compra. Si el financiamiento del déficit fiscal por parte del BCV se convierte en una práctica reiterada, las consecuencias son nefastas, toda vez que se genera un desequilibrio entre el mercado monetario y el mercado de bienes y servicios que tiende a deteriorar cada vez más el poder de compra de la moneda.

Y esto no es nada nuevo, el propio Libertador Simón Bolívar -el 15 de diciembre de 1812 en el Manifiesto de Cartagena-, explicó que:

 “La disipación de las rentas públicas en objetos frívolos y perjudiciales, y particularmente en sueldos de infinidad de oficinistas, secretarios, jueces, magistrados, legisladores provinciales y federales, dio un golpe mortal a la República, porque la obligó a recurrir al peligroso expediente de establecer el papel moneda, sin otras garantías que las fuerzas y rentas imaginarias de la Confederación” .

Sin embargo, el financiamiento monetario del déficit de Pdvsa supera el monto de 925 mil millones de bolívares y esto inunda la economía de dinero sin respaldo en la producción, lo cual desborda la inflación. Solo en el último año la expansión monetaria fue de 69%, en una economía con crecientes índices de escasez. Mucho dinero en busca de pocos productos se traduce en un aumento de los precios, en más y más inflación.

El financiamiento del BCV al gobierno ha provocado un crecimiento desmesurado de la liquidez monetaria y ésta es una de las causas de la acelerada pérdida del poder de compra del bolívar, lo cual se expresa en una creciente inflación. En la práctica se trata de un impuesto inflacionario que recae con más peso sobre la capacidad de compra de los sectores que viven de un ingreso fijo. Y si no se erradica esta perversa práctica de emitir dinero base y de expandir la liquidez monetaria sin el debido respaldo en el aumento de la producción, inexorablemente estaremos condenados a sufrir una inflación cada vez mayor.

Restablecer los equilibrios

El control de cambios inmediatamente activa un mercado paralelo al cual se traslada la demanda insatisfecha. Al realizar frecuentes emisiones de dinero para financiar el déficit fiscal, buena parte de éste se dirige a la compra de dólares, elevando su cotización. En gran medida esto es lo que explica que no se haya podido pulverizar el dólar paralelo y que estemos a las puertas de la inflación más alta en los 16 años de Revolución Bolivariana.

Las desviaciones y errores de las políticas fiscales, cambiarias y monetarias han contribuido a la pulverización del bolívar. Los hechos han demostrado que la estabilidad cambiaria es incompatible con el financiamiento monetario del déficit fiscal. Al no respetar esta regla, el control de cambios queda anulado como instrumento de política antiinflacionaria. Y, ante el colapso de los precios del petróleo, la escasez de divisas hace insostenible el régimen de cambios múltiples, el cual termina cayendo por el propio peso de los desequilibrios fiscales y monetarios.

El creciente déficit fiscal y su financiamiento a través de continuas emisiones de dinero sin respaldo por parte del BCV, han pulverizado el bolívar y vuelto sal y agua los salarios reales. La acelerada pérdida del poder de compra de la moneda nacional le impide cumplir sus funciones de unidad de cuenta, medio de cambio y depósito de valor. Esto trae como consecuencia la dolarización que -aunque no sea una política oficial-, se convierte en una práctica espontánea cada vez más extendida. En efecto, para contrarrestar el deterioro del poder de compra del bolívar y proteger el valor de sus activos, las personas naturales y jurídicas tienden a fijar y transar en dólares el precio y las operaciones de compra-venta. No hay ingreso ni salario que se sostenga con la inflación actual. Actualmente se requieren 4 salarios mínimos para adquirir la canasta alimentaria y 6,8 salarios para comprar la cesta básica. Hoy son pocos los que creen en la capacidad de compra futura de la moneda nacional y por eso la mayoría busca desesperadamente dólares, al precio que sea. Hasta los trabajadores que sufren la disolución de su capacidad adquisitiva empiezan a exigir que se les congele el salario pero que sea en dólares.

Comprender y respetar las leyes que rigen la economía deviene en un asunto elemental para reestablecer los equilibrios económicos. Preservar la fortaleza de la moneda nacional sigue siendo uno de los grandes retos del BCV y del Ejecutivo Nacional. Ambos tienen tienen la obligación de armonizar las políticas fiscales, cambiarias y monetarias para crear un sistema monetario creíble. Tanto el gobierno -a través de una rigurosa disciplina fiscal-, como el BCV -a través del control de la liquidez monetaria-, están emplazados a cumplir con el mandato constitucional de defender y preservar el valor del bolívar. Solo así se podrá salvaguardar uno de los logros más importantes de la Revolución Bolivariana: la recuperación de la capacidad adquisitiva y bienestar de los trabajadores que viven de un ingreso fijo.