La medida tomada por el presidente Maduro de cerrar la frontera con Colombia en el estado Táchira la respaldamos completamente. La misma apunta en el sentido de las soluciones que desde el mismo inicio de su gobierno hemos venido proponiendo para el abordaje de los graves problemas fronterizos.

Pero el cierre de frontera debe ejecutarse también en los estados Zulia, Apure y Amazonas, si se desea efectividad en el combate al contrabando de gasolina y alimentos hacia Colombia. De nada servirá si se cierra la frontera sólo en el Táchira, pues eso simplemente llevará a fortalecer las vías de contrabando en los otros tres estados mencionados.

Además, hay otras medidas complementarias que deben ejecutarse, para que se pueda avanzar en la superación del enorme sabotaje económico que vive la nación.

1. Investigar los bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias y niveles de vida de todos los mandos militares que han pasado por el control de la frontera en los últimos diez años. Insistir en la búsqueda del uso de testaferros para adquirir viviendas, terrenos y otras propiedades, y empresas que se hayan fundado con el dinero obtenido de las coimas cobradas por permitir el paso de contrabando hacia el vecino país.

2. Cuando hayan evidencias de enriquecimiento no demostrable, los culpables deben ser destituidos de las FANB y sometidos a los juicios correspondientes por corrupción y traición a la patria. Hacer públicos los nombres de estas personas, una vez que se compruebe su culpabilidad.

3. Igual práctica debe hacerse con todos los responsables de las cadenas de Mercal y Pdval desde que las mismas existen. Sabemos de fuentes directas que el contrabando de alimentos hacia Colombia se instauró desde los propios responsables de Mercal desde el comienzo de esta misión bolivariana.

4. Proceder con igual energía contra los propietarios de las redes privadas de distribución y mercadeo de alimentos y otros productos, los cuales han estafado a la nación al solicitar dólares para importar alimentos, utilizar sólo una pequeña fracción de esos dólares para importar, apropiarse del resto de dólares preferenciales para insertarlos en el mercado negro especulativo, y además utilizar los alimentos y otros bienes importados para contrabandearlos hacia Colombia y culminar así un negocio redondo.

5. Declarar al bachaqueo como un delito de lesa patria y proceder a desarticular a las redes mafiosas que financian a los compradores-revendedores al detal. Para ello se requiere una labor de inteligencia para lo cual el gobierno se puede apoyar en la propia estructura de las UBCH y otros movimientos sociales.

6. Incautar todos los vehículos, galpones y cualquier otra propiedad que sea utilizada para favorecer el bachaqueo y acaparamiento de productos básicos. Establecer penas de cárcel significativas para quienes aparezcan como responsables de las redes mafiosas de contrabando y acaparamiento.

7. Realizar una gran campaña de concientización a través de los medios públicos y comunitarios, para explicar lo negativo del bachaqueo para la estabilidad económica y política del país. Esto implica modificar radicalmente lo que ha venido siendo la política comunicacional del gobierno, regresando a los numerosos comunicadores que han sido botados y execrados por sus posiciones críticas (Vladimir Acosta, Nicmer Evans, Vanessa Davies, Luis Guillermo García, etc.).

Estas medidas puntuales para enfrentar la crisis de escasez y desabastecimiento, deben ir acompañadas de medidas económicas que apunten a resolver los problemas centrales que nos han llevado a esta debacle:

• No al pago de la deuda ilegal. Moratoria unilateral de los pagos previstos en el resto del año. Utilización de esos recursos para revitalizar la actividad productiva nacional. Auditoría pública e independiente de la deuda, con participación ciudadana.

• Control centralizado de las importaciones y nacionalización de la banca. Creación de la Central Única de Importaciones.

• Defensa de la Ley Orgánica del Trabajo y la Lopcymat, preservando las conquistas fundamentales de la clase trabajadora: estabilidad laboral, reducción de jornada, retroactividad de prestaciones sociales, eliminación de la tercerización.

• Llevar el salario mínimo y las pensiones al valor de la cesta de alimentos. Indexación salarial cada tres meses de acuerdo al aumento de la inflación.

• Cese a la impunidad y aplicación de la justicia hacia todas las formas de corrupción. Embargar bienes y prohibir trabajar en el sector público o contratar con el Estado a empresas o personas naturales incursas en el fraude cambiario. Expropiación de bienes y penas de cárcel a todos aquellos funcionarios y particulares involucrados en fraudes cambiarios y acciones de contrabando.

• Una revolución productiva que relance la industria y la agricultura nacionales a partir de una autocrítica profunda sobre los planes y políticas aplicadas por la revolución e implementando una política industrial enfocada en impulsar el proceso de acumulación hacia el desarrollo endógeno sustentable, rompiendo con el modelo desarrollista depredador. Por la defensa de las empresas estratégicas en manos del estado con nuevas inversiones, con control social de los trabajadores.

• Sólo en este marco, puede pensarse en un ajuste del precio de la gasolina para uso familiar. Que la eliminación del actual subsidio debe ser parte de un plan gradual de al menos 5 años de duración. Igualmente, solo en el marco anterior se debe plantear una reforma cambiaria orientada a estabilizar el tipo de cambio, manteniendo un control en la asignación de las divisas según las prioridades del Plan de la Patria.

El retardo en tomar estas medidas, que muchos sectores revolucionarios en todo el país hemos venido proponiendo desde hace más de dos años, obliga ahora a que las mismas sean mucho más radicales, pues de lo contrario no podrán enfrentar y derrotar a las fuerzas conspirativas que han hundido la economía venezolana y derrumbado el nivel de vida de los trabajadores y sus familias.

El gobierno de Nicolás Maduro enfrenta su prueba de fuego en estas medidas que toma en la frontera con Colombia. Las decisiones deben ser completas e integrales. De nada sirve amagar y no terminar de dar los golpes certeros contra las mafias de contrabandistas (integradas incluso por personeros gubernamentales del ministerio de alimentación, de PDVSA y de las FANB). Sin dejar de mencionar el núcleo de la conspiración económica, ubicado en los mecanismos de entrega fraudulenta de divisas a empresarios inescrupulosos. Una red mafiosa de empresarios y funcionarios boliburgueses, unidos a fuerzas contrarrevolucionarias extranjeras (Uribe Vélez, Dolar Today, departamento de estado USA), que han quebrado la fortaleza del bolívar.

En Venezuela ha ocurrido un desfalco monumental, y pareciera haber llegado la hora de enderezar las cosas. Tal vez la revolución bolivariana tenga todavía una posibilidad de continuar su camino de transformaciones iniciado por el comandante Chávez.

Para ello, el golpe de timón dentro del mismo gobierno sigue siendo una condición previa. Si no se depura de corruptos al estado bolivariano, difícilmente se podrá recuperar nuestra economía.

Nuestro deseo, y disposición de colaborar como ciudadano y revolucionario de toda la vida, es que estas medidas vayan más allá de un procedimiento efectista por razones electorales, y que realmente se proceda a corregir el rumbo bastante equivocado que ha transitado este gobierno desde abril de 2013.

Maracaibo, Tierra del Sol Amada. 25 de agosto de 2015.