Lo que ha comenzado en el estado Tachira es un proceso de saneamiento integral de las relaciones comerciales y el intercambio financiero que se desarrolla en esa frontera con Colombia. Las fronteras "Vivas o de Acumulación", como suelen llamarlas los expertos, requieren frecuentes intervenciones porque en ellas se expresan contradicciones vinculadas al territorio, la población, factores culturales y la economía. Este ataque colombiano va más allá. Tiene su origen en los propósitos estratégicos del "Plan Colombia".

El "Plan Colombia" se inicia en 1999 como un instrumento de los EEUU para reordenar la conquista económica de América Latina con la excusa de atacar el narcotráfico, fortalecer el Estado colombiano y alcanzar la paz en la región. Se articuló con el "Plan Panamá Puebla" que contemplaba la construcción de oleoductos entre Panamá – Puebla y Caño Limón – Caveñas cubriendo la cuenca petrolera del Orinoco (caño limón) hasta el Arauca colombiano (Caveñas) en la frontera con Panamá. Expresaba la estrategia geopolítica del ALCA como mecanismo de neocolonización de nuestros pueblos.

El "Plan Colombia" recibió 3.500 millones de dólares de EEUU, 4.500 de Colombia, 1.000 de la Unión Europea y 900 millones de organismos multilaterales. El 93,4% de esos recursos estaban dirigidos a gastos de guerra (armamentos) que dio impulso al paramilitarismo. Contemplaba 3 fases de ejecución y las dos últimas se concentraban en el Arauca y el Norte de Santander donde Cúcuta aparece como centro poblado más importante al concentrar 629.000 habitantes y ser la frontera viva más activa de Colombia.

En este contexto geopolítico, es necesario interpretar la promulgación de la Resolución Externa N° 8 del Banco de la República mediante la cual se regula la actividad cambiaria tanto al interior de Colombia como en sus distintas fronteras. Esta normativa legaliza la actuación de las Casas de Cambio o intermediarios cambiarios en la frontera y, diariamente, emite un boletín con una tasa de cambio distinta a la que rige para el país.

La Resolución Externa N° 8 está dirigida a desestabilizar la moneda venezolana. Es un instrumento para destruir el bolívar y autorizar la actividad especulativa con el peso colombiano y con el dólar estadounidense. Se postula como instrumento legal aplicable en todas las fronteras de Colombia. Sin embargo, no afecta a la moneda de Ecuador y Panamá porque éstas funcionan con un esquema dolarizado. Con Brasil y Perú tampoco hay problemas porque son fronteras sin actividad comercial. No están pobladas, solo hay selva y montañas.

La dualidad cambiaria que propicia la Resolución Externa N° 8 del Banco de la República hace que el día 26 de agosto un BOLIVAR en Bogotá tenga un valor de 250,57 pesos y en Cúcuta 4,85 pesos. Este mecanismo perverso se convierte en un estimulo al contrabando y a la especulación financiera. Cúcuta se ha convertido en el epicentro de las acciones contra nuestra moneda nacional porque el valor del BOLÍVAR en Cúcuta es una referencia para calcular en dólar paralelo o guarimbero que utiliza FEDECAMARAS y los banqueros para justificar precios especulativos.

Más allá de los problemas típicos de una frontera viva que van desde la trata de blancas con propósito de explotación sexual hasta el contrabando menor; en Cúcuta se ha establecido, impulsado y desarrollado una estrategia desestabilizadora de nuestra economía que concentra poderosos grupos económicos que sustentan su actividad especulativa con la Resolución Externa N° 8 que fue concebida en el marco de los verdaderos propósitos del "Plan Colombia".

Lo que hoy vemos en las contradictorias imágenes que proyectan los medios de comunicación es una consecuencia que afecta la vida de muchas familias y tiene como mayor responsable a gobernantes colombianos que se convirtieron en instrumentos de la oligarquía más rancia, atrasada e inhumana de América Latina y utilizan a Colombia como un enclave para la injerencia y la intervención norteamericana.

¿Qué hacer ante esta realidad? Lo que el Gobierno Nacional ha iniciado debe profundizarlo. El saneamiento integral de la frontera y la defensa de nuestra moneda nacional. La batalla contra el contrabando y la violencia de un paramilitarismo que se ha convertido en delincuencia cotidiana. Esa política tiene que profundizarse hasta alcanzar la comprensión y el apoyo popular sin crear falsas expectativas sobre la solución de una crisis que tiene muchas vertientes y esta es sólo una de ellas.

Sin embargo, lo que Venezuela pueda hacer sólo tendrá efectos plenos cuando Colombia derogue la Resolución Externa N° 8 y, con ello, frene el ataque a nuestra moneda nacional. Ese es un reto que exige pericia política y mucha audacia diplomática para enfrentar el verdadero ataque colombiano.