Cada día que pasa, apruebo más el estado de excepción en la frontera con Colombia, en concreto, con Cúcuta, cuando descifro cómo funciona la economía en esta zona, donde la legalidad del contrabando de extracción es muestra del neoliberalismo en su etapa de destrucción.
Con el amparo de la Constitución de 1991, los departamentos y alcaldías de Colombia pueden dirigir sus territorios sin importar la manera según sus intereses. Por ello, el departamento Norte de Santander, específicamente en la Alcaldía de Cúcuta, tiene "luz verde" para legalizar los productos venezolanos que entran por vía del contrabando mientras se benefician con sus impuestos.
De igual manera, con el amparo de una resolución promulgada en el año 2000, bajo la presidencia de Andrés Pastrana, en su artículo 70, referido a la compra y venta de divisas, las casas de cambio también tienen "luz verde" para devaluar el bolívar.
Para entender esta praxis de la economía colombiana hay que advertir que opera desde el más obstinado neoliberalismo cuya premisa es que todos tienen igual oportunidad de acción, entiéndase libertad económica. Sin embargo, la supervivencia es de quien resista, y esa resistencia se mide por la legalidad de la corrupción, de las mafias, y hasta la misma muerte, representada en los falsos positivos.
Es claro que el Gobierno colombiano no produce. Su economía responde a la última fase del sistema neoliberal, identificada por la destrucción del aparato económico que desencadena la generación de un Estado incapaz de garantizar condiciones mínimas de subsistencia para un individuo.
En definitiva, una política de la depredación, representada en la figura de Uribe Vélez, el discurso guabinoso de Santos y las acusaciones del alcalde de Cúcuta, además de la manipulación de medios al estilo Caracol, para justificar la ilegalidad hasta legalizarla.
