Ya ha transcurrido un mes desde que se inició el cierre de fronteras con Colombia y el primer Decreto de Estado de Excepción en Cuatro Municipios del Táchira, medida que paulatinamente fue extendiéndose hacia las otras Entidades fronterizas, faltando solamente el tramo del territorio amazonense, que va desde la confluencia del Meta con el Orinoco hasta Piedra del Cocuy, exactamente donde está el punto trifinio de la frontera entre Venezuela, Colombia y Brasil.
En estos días pasados luego de las medidas decretadas en frontera, los resultados han sido bastante importantes y se pudo descarnar hacia la opinión pública nacional e internacional muchos aspectos de las realidades que allí suceden y afectan muy negativamente el bienestar de los venezolanos domiciliados a lo largo de los 2.219 kilómetros del límite binacional. Obviamente que esas realidades son hartas conocidas por los habitantes de la zona, pues ello es un problema de muy larga data y son quienes la sufren en mayor medida. Sin embargo, las decisiones del Presidente son descalificadas y severamente detractadas por quienes se lucran o aprovechan del diferencial cambiario monetario y el contrabando de extracción, así como por los que coexisten entre el inframundo delictual y narco-paramilitar que se había establecido y enraizado allí notoriamente.
En este nuevo escenario el onanismo detractor se estrella contra realidades espantosas mostradas recientemente hacia lo interno del territorio venezolano, como el descuartizamiento de seres humanos el cual se conocía como práctica paramilitar común del lado neogranadino pero no en Venezuela. También quedó palpable como nuestro gobierno soportaba la carga de mantener con trabajo, alimentación, combustibles y otras necesidades al 80% de la población fronteriza del lado colombiano. Se develó el desleal y rentable negocio de la empresa petrolera Ecopetrol vendiendo en Colombia combustibles y lubricantes que habían obtenido mediante el contrabando desde Venezuela, además del beneficio impositivo que financiaba los presupuestos de las municipalidades de aquel país. En fin, mientras el gobierno de Juan Manuel Santos se hacía el ignorante y no atendía a sus connacionales en los Departamentos fronterizos con Venezuela, el Gobierno de Nicolás Maduro se reventaba por resolver las demandas y necesidades más apremiantes para la vida de nuestros compatriotas en Zulia, Táchira, Apure y Amazonas.
Sin duda que la democracia permite a todos la libertad de expresión, de comercio, de asociación y muchos otros derechos sociales e individuales, establecidos en el texto constitucional de cada República: sin embargo, el Estado también tiene sus elementos jurídicos de control para regular situaciones cuando éstas se salen del curso legal y natural por donde deberían transitar para el bienestar general. Ninguna individualidad puede pretender legitimar un delito porque su práctica le beneficie solamente a él o un grupo cualquiera. Por ejemplo, es verdaderamente una vulgaridad que algunos comerciantes apureños pretendan descalificar, bajo el pretexto de la "libertad de comercio", las medidas adoptadas mediante los Decretos 2.015 y 2.016 que cierran fronteras en los territorios de los Municipios José Antonio Páez, Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del Estado Apure. Hay que ser tan inocente como un niño o tan exageradamente idiota y obtuso como un maniático para creerse tal argumento.
Los Decretos emitidos han dado resultados palpables, la importante cantidad de alimentos, víveres, medicinas y mercancías diversas confiscadas a los contrabandistas, así como las ahora desoladas estaciones de combustibles a todo lo largo de la frontera, además de los lupanares, alijos de droga y arsenales encontrados, son un hilo de la madeja que en frontera se creó en todos estos años. También es cierto que todo este problema no es imputable en exclusividad a los que tienen la nacionalidad colombiana, pues desde hace años muchas han sido las denuncias contra venezolanos implicados en ese mundo nefasto de la corrupción; incuso en el año 2004 un senador izquierdista de Colombia presentó grabaciones demostrativas del contubernio entre los cabecillas paramilitares de Colombia e importantes funcionarios venezolanos, más recientemente está el caso de Dos barcos de PDVSA retenidos con millares de litros de combustibles que serían llevados por el contrabando de extracción, donde funcionarios civiles y militares fueron descubiertos. Pero todas esas verdades no deben tamizarse de acuerdo a los intereses de uno u otro lado para tratar de obtener provechos económicos particulares o beneficios político-electorales ante la coyuntura actual de elecciones el 25 de Octubre en Colombia y el 6 de Diciembre en Venezuela. La gran mayoría del pueblo, militantes de todas las vertientes ideológicas deseamos que se resuelva el problema fronterizo para asegurar el bienestar y la Paz general en las Dos Naciones que tienen una misma Madre continental y un mismo Padre Libertador.
