Los comerciantes finales no fijan precios especulativos porque estos le espantan su clientela

Pareciera que el enfrentamiento actual para el día 6D 2015 no es a nivel superestructural, entre políticos, sino entre los amos jurídicos de la producción nacional e internacional no petrolera-la burguesía criolla y estadounidense-, y los gobernantes populares designados por el pueblo trabajador-proletariado-, principal dueño difuso del subsuelo que es la principal fuente de la riqueza nacional natural o silvestre de Venezuela, y de donde deriva la riqueza de aquellos "amos". Digamos que estamos ante una contradicción antagónica entre la clase dominante de la base o estructura del Estado, y los gobernantes que ya dejaron de ser incondicionales "administradores del patrimonio de la burguesía", en el mejor sentido recogido en El Manifiesto Comunista.

Actualmente se está traficando con unas mercancías de tercera calidad que en depresiones y guerra también se encarecen, y "como si nada". La conserva llamada mortadela, por ejemplo, especialmente procesada para los más pobres del proletariado, es el sucedáneo más expedito de las carnes vacunas, pescados, pollos, huevos y afines, mercancías estas que hoy tienen sus precios por las nubes. Esta mercancía sigue costando realmente lo mismo que costó hace unos 70 años[1], y sin embargo se está vendiendo con la misma tasa relativa de incremento de precio que experimentan sus correspondientes mercancías sustituibles por ella.

Se trata de una especulación acelerada con mercancías cuyos precios se alejan cada vez más de sus costes de fabricación y venta. Son los llamados precios de oportunidad o precios reflejos[2] que aparecen cuando los bienes de consumo regular desaparecen por alguna razón natural, económica o política.

En ese escenario, beligerante de un lado, y pacifista por del otro, de nada valen las leyes y decretos debidamente aprobados en la Asamblea Nacional en estricta concordancia y respeto con la Ley Magna. La validez de dicha legislación y derecho positivo es unilateral, sólo los respeta y a ellos se acoge uno sólo de los contendientes, mientras el otro hasta se ha defecado obre dichas leyes.

Los dueños del poder jurídico, los dominantes de la base económica, es decir, la burguesía y sus capitalistas en funciones, sólo respetan las leyes que ellos mismos hayan aprobado según su conveniencia. Así piensan y así actúan mientras el sistema burgués siga su marcha. Esto es una perogrullada ya que en régimen clasista el enfrentamiento actual no se entabla entre políticos, sino entre los amos de la producción nacional e internacional no petrolera, y los gobernantes populares designados por el pueblo, único dueño difuso del subsuelo que es la principal fuente de la riqueza nacional natural o silvestre.

Digamos que nuestras elecciones son Transdemocráticas al permitirse candidatos que no son expresión del pueblo, sino de la clase burguesa.

Tenemos, pues, unas elecciones atípicas porque uno de los querellantes no es un contendiente político democrático, sino un representante directo y personal del capitalismo cuyos capitales, por agigantados que sean e independientemente de cómo hayan sido adquiridas durante más de 200 años años de máximo y absoluto control sobre las riquezas nacionales, s. las mejores tierras, etc., o sea, un representante de la burguesía que sigue considerado que el gobierno actual es el usurpador, el "ladrón", como tan irrespetuosamente fue tildado el Presidente precedente, a pesar de que se trata de un representante democráticamente electo por la clase popular o proletaria por excelencia.

Es por eso que, además de irse a la contienda electoral convencional con los candidatos que representen, unos, al pueblo, y los otros al capital, prevista para el día 6D2015, debe regularse in situ la fijación de los precios de cada semana. Basta actuar y regular las lista de nuevos precios que cada semana entrega un representante de las fábricas y de los grandes importadores a cada bodega, a cada abasto y supermercado privados, cual mensajero de malas noticias, Son estos agentes vendedores quienes al margen de la ley reciben esas listas basadas en una paridad exótica que por ahora no termina de inaceptar nuestro Banco Central de Venezuela. Los precios al detal, pues, no los fija el bodeguero, sino los principales importadores e intermediarios.

La coyuntura actual no es sólo democrática, sino que se enfrenta un pueblo, con sus representantes populares, contra una oposición que actúa más como comerciante y capitalista que como político al saber que ya su ejercicio político es inaplicable con probabilidades de triunfo ya que perdieron el apoyo mayoritario del pueblo.

[1] Los desperdicios no cambian su valor y la materia prima de ese embutido es poco menos que un desecho, salvedad hecha de algunas variantes de mejor calidad, particularmente cuando la supervisión de calidad alimentaria ha corrido a cargo de un Ministerio de salud propio de la 4ta. república cundo en ella imperó la matraca que juega al garrote.

[2] Son precios autonomizados que se alejan en mucho de sus costes reales de fabricación y venta; inclusive, un ladrón, a quien obviamente nada le cuesta esa mercancía, puede ponerle precio de oro y conseguirá aquí o allá quién le pague por ello y a ese precio evidentemente especulativo.