Soy de los que cree que una Asamblea Nacional con la configuración actual era necesaria, ante el nivel de "desnalgue" que tiene la corrupción y la falta de políticas acertadas en diversos aspectos del ámbito nacional. Considero que habíamos llegado a un punto donde casi podíamos declarar un desgobierno por el nivel de corrupción campante, la especulación desatada en las calles y la producción en agonía, mientras las bandas delictivas parecen generar su propia ley, "por suerte" sin llegar aún a atrocidades como las que sufren México y otros países centroamericanos.

Siempre me ha apasionado el debate político y creo que es muy poco lo que he dejado de seguir de los acontecimientos de la primera semana legislativa del período 2016-2021, con los nuevos diputados y la nueva distribución de los partidos. Esto me ha llevado a evaluar -desde mi humilde ejercicio de mi derecho a opinar- el comportamiento de los distintos componentes de nuestro nuevo parlamento, sin encontrar mayores diferencias, a excepción de la nueva correlación de fuerzas, frente al período anterior: Seguimos siendo testigo de la dinámica de los aplausos de la mayoría por cualquier expresión y los gritos de otros sin mayor razón, algo a lo que, lamentablemente, ya estábamos acostumbrados a notar en ese espacio. Da a notar que, pese a las esperanzas que tenemos puestas de que algo mejore, no estamos ante una situación de garantía. Posiblemente estemos ante una situación de radicalización del conflicto y un contrapunteo, ya no entre líderes o grupos, sino entre Poderes Públicos.

Nuestros políticos no piensan como nación, piensan como aglomerados ideológicos, es la verdad. Quienes aún poseen el Poder Ejecutivo se han destinado a torpedear el ascenso de la oposición en el Poder Legislativo, en lugar de generar espacios de diálogo para evitar que siga el juego trancado -porque no hubo mucho avance cuando poseían la mayoría en el parlamento-. Por su parte, quienes ahora poseen el Poder Legislativo han planteado una agenda legislativa que presenta elementos que se consideran necesarios ante la situación actual, pero incorporando otros que corresponden a elementos más individuales si comparamos el número de afectados/beneficiados por las medidas, y que parecieran tener en este momento prioridad superior.

Si la grave situación del país radica en problemas socioeconómicos, ¿cómo es que la primera ley que debe entrar en consideración es la de Amnistía? ¿Es que acaso la consideración -no es mi propósito evaluar su condición- de irregular de ciertos procesos judiciales ante un conjunto de venezolanos (creo que no alcanzan a mil entre los considerados exiliados y presos políticos) es lo que va a cambiar los problemas de nuestro país?

Hagamos un ejercicio

(El análisis que deseo realizar no prevé emitir opiniones sobre el contenido de las leyes anunciadas en la agenda legislativa, sino un ejercicio netamente matemático, considerando que mientras a más personas afecte una ley más importancia o relevancia esta adquiere. El punto que aspiro abordar es la toma de decisiones según la cantidad de población que puede beneficiar o perjudicar una ley. Procedo entonces.)

Una Ley de Amnistía tendría un efecto sobre menos del 0,0033% de la población de nuestro país, si asumiésemos que son 1.000 las personas beneficiadas. ¿Es esto lo mejor para nuestra nación? O es sólo lo necesario para un proyecto político particular. ¿No tendría más impacto la ley que plantea la entrega de títulos de propiedad al millón de personas que se han beneficiado por la Gran Misión Vivienda Venezuela, o la de Pensionados, o la de Producción Nacional? Veamos

La ley de títulos de propiedad de la GMVV incidiría sobre un millón de familias, según las informaciones difundidas en los medios. Si llevamos cada familia a un sólo individuo, representaría un 3,33% de la población, mil veces más personas que las beneficiadas por una Ley de Amnistía. Este número es evidentemente mayor si llevamos que una familia promedio tiene 4 personas, 4 millones de personas que representarían un 13,3%.

La ley para los pensionados beneficiaría a 3 millones de personas (según lo especificado en el discurso del Diputado Julio Borges), 10% de la población y la Ley de Producción Nacional, que afectaría a unas 4 millones de hectáreas del campo y unas 1200 fábricas, podría incidir en unos 5 a 10 millones de personas directa o indirectamente, entre 16% y 33% de la población.

A qué quiero llegar

Nuestros políticos, independientemente del cambio generado a raíz de las los resultados electorales del 6 de diciembre, continúan pensando, principalmente, en torno a los intereses de sus coaliciones, por encima de los intereses nacionales y de los beneficios reales que requiere la población. Mientras no logremos un cambio en este pensamiento y que se piense más allá de los sectores políticos, que se piense como nación, difícilmente veremos verdaderos cambios en el corto y mediano plazo. Al final, ellos (todos) llegan por el voto popular pero persiguen objetivos propios, en gran medida.

No esperemos mucho cambio, pero ojalá que esto mejore...