El problema hoy día en Venezuela es, en primer lugar, político y ahí, equidistante, por efecto inmediato, económico. La evolución de la economía en Venezuela, desde el advenimiento de la democracia representativa (mal llamada estabilización democrática del país, lo menos que hubo fue estabilidad), hasta el presente, donde se debate entre un modelo socio-productivo colectivista y un modelo de producción capitalista, ha ido acentuado la dependencia en relación con la actividad petrolera, a pesar de los diversos esfuerzos realizados por distintos gobiernos, en esa tarea heroica de diversificar la actividad económica e invertir el excedente del petróleo, o la ganancia petrolera, en fortalecer otras estrategias de negocio. La economía venezolana ha mantenido su carácter monoproductor, aunque en los últimos años se ha desarrollado, progresivamente, coqueteos e iniciativas por el sector industrial y, en menor medida, el sector agrícola, con todo el potencial que evidentemente se tiene en este rubro.
Desde la caída de la experiencia autoritaria del General Marco Pérez Jiménez, en 1958, se intentó reorientar a la economía hacia un proceso de industrialización sustitutiva de importaciones; el esfuerzo arrojó, de 1958 a 1973, que el Producto territorial bruto (PTB), creciera en un promedio anual de 5,4%, consecuencia del relativo estancamiento de los ingresos por exportaciones, los cuales se mantuvieron en unos US $ 2.550.000.000, en virtud de la debilidad del mercado petrolero mundial; en éste período, la economía del país continuó descansando en la explotación de sus recursos naturales (petróleo y hierro), que generaba, en 1973, un 23,2% del PTB, un 70% de los ingresos ordinarios del Estado y un 93% de los ingresos por exportación. La "Ley de Reforma Agraria", promulgada en 1960, cuya aplicación nunca se dio formalmente y no se alcanzó impulsar un crecimiento dinámico del sector agrícola, apenas fue del 6% del producto territorial bruto, hice evidente grandes debilidades en el Estado en cuanto al trabajo de promoción y venta del incentivo agrícola para sumar al sector productivo nacional.
La década del setenta aceleró el proceso de urbanización de la población, llegando a un 75% del total, y para 1972, el sector primario de la economía empleaba un 20% de la población activa, el secundario un 28% y el terciario el 52% restante. Fue un período que sentó las bases de una renovada modernización del país, y se reanudó el sector público y sus intentos de participación en la actividad productiva, principalmente a través de SIDOR, de la Corporación Venezolana del Petróleo y de la industria petroquímica en sus plantas de Morón y El Tablazo; pero ello, sin embargo, tomando de referencia la estructura del gasto público, había alcanzado un 74% para 1973 y que, aunque aumentó en términos absolutos, el gasto de inversión por parte del sector público se mantuvo en tan solamente un 30% del total, lo que significaba muy poco para impulsar un cambio en las reglas del juego económico rentista. Ya para finales de 1973, y como efecto de la recién creada Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), donde Venezuela jugó papel estelar, se da el "boom" petrolero que no fue otra cosa que el sinceramiento de los precios del petróleo y el manejo de estrategias comunes para mantener precios competitivos en el mercado internacional. Aumentaron los precios mundiales del barril petrolero, y creándose una burbuja de confort que en vez de alimentar proyectos de sustitución de productos de exportación, se alimentó las arcas personalísimas de los grandes corruptos del país y se comenzó a articular una economía miserable, liberal y de francos vicios en la administración pública nacional.
Se llegaría a la década de los ochenta del siglo XX, con un Presidente Social-demócrata que dijo en 1979, que recibía un "país hipotecado", pero fue incapaz de solucionar esa realidad y alimentó y aumentó esa hipoteca, al punto que para 1983, tuvo de que devaluar la modera (viernes negro) y con ello inaugurar el tiempo de las "vacas flacas". El alza del petróleo ayudó a mantener vivas las esperanzas de mejorar la economía, dando lugar a una expansión considerable y sostenida del ingreso fiscal en Venezuela, así como permitiendo la reducción de la producción de crudo en un 40%; la expansión fiscal, entre 1973 y 1982, fue del orden de 600%, parte de ese ingreso fue ahorrado a través del Fondo de Inversiones de Venezuela, pero la mayor parte fue gastada, ocasionándose así una expansión acelerada de las magnitudes económicas, financieras y monetarias, y también el resurgimiento de presiones inflacionarias.
El efecto esperado, a todas estas, de la nacionalización de la industria petrolera, 1974 y 1975, donde se decretó que la reserva al Estado de la industria petrolera y de la minería de hierro, hasta entonces explotadas por capital extranjero, sería explotada por el Estado, no dio sus frutos esperados. Dio dinero, pero la distribución de ese dinero no llegó a mejorar las condiciones de vida de los venezolanos. Ni las expropiaciones de los activos reales de las compañías concesionarias en el país, lograron mejorar las condiciones laborales del sector petrolero que, gracias al imperio de las leyes que le dio operatividad ilimitada, terminó por ser un Estado dentro de otro Estado, sin posibilidades de utilizar los excedentes en políticas sociales fundamentales, la industria petrolera lo invirtió en su burocracia y generó una generación de pequeños burgueses, privilegiados y dogmatizados por el capital extranjero de los países desarrollados. La explotación de hidrocarburos en todas sus fases, desde la exploración hasta la venta de crudos y productos en los mercados interno e internacional, pasó a ser potestad exclusiva de un grupo de tecnócratas del Estado, que la realiza a través de un conjunto de empresas operadoras con una casa matriz denominada Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Las ex concesionarias mantuvieron, por algún tiempo, su vinculación con la actividad petrolera venezolana mediante convenios de comercialización internacional y de suministros tecnológicos, los cuales se modificaron paulatinamente para reducir la dependencia con respecto a aquéllas, y desarrollar con autonomía las operaciones convencionales así como las de investigación tecnológica; el fin del "boom" petrolero llegó hasta finales de la década de los ochenta y encontró su máximo esplendor en el despilfarro y la corrupción, que llevaron al Gobierno, segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez, al fatídico 27 y 28 de febrero de 1989, cuando el aumento de los precios del pasaje urbano en Caracas, implosionó en una manifestación espontánea que terminó en saqueos y violencia y miles y miles de muertos y desaparecidos. Estos hechos marcaron el surgimiento de movimientos políticos en los cuarteles y en los sectores radicales de la sociedad civil, que luego tendrían su escenario en el 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992.
Es importante destacar que el mercado interno de hidrocarburos estuvo ampliándose durante los años de crisis económica, porque lo que había era despilfarro no malos negocios; el mercado estaba fulgurante, la inversión era la que no llegaba, no había espacio para invertir en el pueblo, en su educación, en su salud en brindarle estabilidad y calidad de vida. El dinero robado y malgastado por la tecno burocracia tuvo que ser restituido por los préstamos al Fondo Monetario Internacional, el cual, a cambio, exigía la aplicación de sendos programas de ajuste que no iban en consonancia con la idiosincrasia y la necesidad local del pueblo. No obstante, el ingreso petrolero nacional mostró aumentos significativos y la actividad de la económica interna se mantuvo, aunque notablemente débil; la rama más deprimida fue la de la construcción, lo que afectó desfavorablemente a otras ramas vinculadas con ésta.
Si algo se debe destacar de la etapa comprendida entre 1989 y 1993, es que se dieron cambios importantes en la política económica oficial, en el sentido de la promoción de una economía liberal de mercado: se liberan los mercados de divisas, bienes, dinero y factores productivos; el Gobierno suprime numerosos controles y mecanismos de regulación e intervención en la actividad económica, reduce subsidios, implanta un programa de reducción arancelaria aduanera, se decide la privatización de empresas del Estado, con la excepción de las consideradas básicas y estratégicas, como la del petróleo y la electrificación del Caroní; todo esto se orienta al desarrollo de las fuerzas económicas privadas con la menor intervención oficial, buscando disminuir la ingerencia del Estado en la economía y creando una figura de Estado Gerente que complaciera los programas de avance del Fondo Monetario Internacional. Se quiso fortalecer la balanza de pagos y las reservas monetarias del país, así como también para propiciar un nuevo refinanciamiento de la deuda externa con los acreedores, comprometiendo al Gobierno, con una carta de intención, a efectuar las medidas necesarias para el ajuste macroeconómico, la estabilización monetaria cambiaria y de precios y la conversión de la economía mixta o intervenida en una economía abierta del mercado. Es decir, un modelo de avanzada en un mundo global en franca expansión. ¿Y cuál era la realidad del pueblo venezolano? Su pérdida de poder adquisitivo y su exclusión de las políticas públicas como principal referente de atención.
En un sentido particular, y producto también de los movimientos sociales nacidos del 27 y 28 de febrero de 1989, el liderazgo de Rafael Caldera se fortalece y viene de nuevo a regentar el erario público entre 1994-1999. Este período estuvo marcado por la existencia de una difícil situación económica, que se agravó por la crisis bancaria originando quiebra de varias instituciones financieras, todo en medio de esa delicada situación económica. El gobierno buscó adoptar programas sociales para tratar de aliviar un poco la situación de pobreza extrema en la que ya se encontraban amplios sectores de la población, pero la corrupción siguió consumiendo los trapos tibios y la esperanza de éxito quedó en un tratado de buenas intenciones que se conoció como la "Agenda Venezuela", plan económico que contó con el aval del Fondo Monetario Internacional, pero cuya aplicación aceleró el rompimiento institucional de la democracia representativa con sus partidos políticos y todo. Es importante destacar que la "Agenda Venezuela" reflejaba un plan de privatizaciones en todos los sectores productivos del país, se planeó privatizar SIDOR y otras empresas básicas, aunque en la práctica se pudo solamente llevar adelante la venta de VENALUM, que fue adquirida por un importante consorcio empresarial extranjero, y PDVSA aceleró el proceso de apertura petrolera, que tenía como objetivo primordial, la búsqueda de nuevos capitales para llevar a cabo un vasto programa de inversiones.
Todo este escenario, y el discurso del Teniente Coronel del 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez, trajo consigo su llegada al Poder en las elecciones de 1998, y con él un cambio profundo en las relaciones económicas de Venezuela con las políticas de reajuste económico del Fondo Monetario Internacional. El anterior modelo económico heredado, producto de prácticas viciadas como la especulación y devaluación monetaria, conllevó a la escasez, desabastecimiento, inflación galopante, dependencia económica exterior excesiva y pérdida de poder adquisitivo en la población.
El nuevo modelo económico presentado por Hugo Chávez, rompió con las políticas neoliberales, e inició un proceso de reconquista del sector productivo nacional (puede decirse que se invirtió buena parte del excedente petrolero), y el fortalecimiento del Estado haciéndolo más interventor del sector económico y propiciando una economía de producción social, donde la distribución equitativa de los recursos económicos (traducidos en bienes y servicios), se ha vuelto una política de Estado que sustituye el interés de lo económico-financiero, por una política social activa.
Las fallas de los últimos diecisiete años, ha estado en tres situaciones puntuales: el gran costo que enfrentó el Gobierno de turno para reconquistar los espacios productivos privatizados por la "Agenda Venezuela"; la confrontación política entre oposición y grupo político ostentador del Poder, que causó grandes daños a la economía nacional; y la baja de los precios del petróleo (de $ 100 a $ 24, en el último registro). Estas tres realidades hoy por hoy han bloqueado la articulación de una economía social productiva y tiene en franco vilo las posibilidades de levantar la brecha de una economía sin reglas de juego claras, sin inversión foránea que la fortalezca, minimizando día a día la capacidad de respuesta de un Gobierno que necesita abolir la corrupción, neutralizar la barbarie (bachaqueo, delincuencia, grupos violentos, entre otros), e imponer el imperio de la Ley para sanear la vida política nacional.
En concreto, tomando palabras del nuevo ministro de Economía Productiva, Luis Salas, el Gobierno está interesado en restablecer la normalidad en la distribución de productos: "Nos interesa muchísimo restablecer la normalidad y estamos dispuestos a reunirnos y trabajar con quien haya que trabajar para eso…La economía productiva pasa por democratizar la producción, agregar más actores a nivel de la producción, comercialización y distribución porque eso es lo que ayudará a dar soluciones estructurales". Hoy día la preocupación del Gobierno es cómo acercar a los consumidores con los productores, lo cual pasa por reducir en muchos casos ciertas distorsiones de la cadena de distribución que tienen un efecto muy importante sobre la distorsión en precios. El ministro sentencia: "Estamos actuando coordinadamente, de hecho, hay una propuesta para que los compañeros de la economía popular formen parte de la Vicepresidencia...Hemos acordado mecanismos para trabajar conjuntamente con todos los sectores por el bien del país".
Vele leer un fragmento de un artículo de Luis Vicente León, escrito en abril del 2015, donde él dice: "Analizar hoy en día la economía venezolana resulta particularmente complejo, no sólo por la falta de información oficial -el Banco Central de Venezuela y otros organismos públicos mantienen su postura de ocultar la data como si eso eliminara el hecho concreto de que el país tiene la inflación más alta del mundo y la escasez es penosa comparándonos incluso con los países más pobres de la región-,sino porque nos encontramos bajo las fuerzas de un modelo controlador, cuyas políticas y acciones en los diferentes ámbitos responden principalmente a intereses políticos o particulares, en lugar de estar regidas por la lógica y la racionalidad económica…" Parto de la idea de que es necesario mostrar las cifras, sean cual sean, no podemos ofertar un modelo sino sinceramos los datos que nos indican que estamos en crisis, estamos en inflación y nos proyectamos hacia condiciones que empeoraran la calidad de vida de los ciudadanos. No se trata de dar cifras para satisfacer exigencias neoliberales, se trata de confrontar, con la realidad, el impacto que esas cifras tienen y la respuesta del pueblo a las inmensas dificultades por las cuales les ha tocado transitar en la economía doméstica interna.
La tarea de la revolución es escuchar, revisar, rectificar y reimpulsar, repolitizando la sociedad y acabando con los vicios que corrompen el modelo anhelado del proceso rolucionario que es de una sociedad igualitaria, autogestionada e independiente de cualquier acción o interés de los grupos transnacionales del capitalismo global. Apostamos a una economía socialista en un contexto capitalista, interactuando con las reglas de juego del mercado, pero priorizando en invertir en la gente y no en los grupos de poder que se creen dueños del capital. El Estado debe ser fuerte, con el control total del capital para distribuirlo igualitariamente y brindar la satisfacción de las necesidades básicas del pueblo, pero no se puede hacer eso sin un plan que fortalezca la inversión y la multiplicación de ese capital, debemos enseñar a pescar y coadyuvar a que esa habilidad aprendida se transforme en pequeñas cooperativas de producción social. ¡Si se puede! Voluntad política es lo que necesitamos. Venimos de la economía miserable del neoliberalismo, en cuya influencia aún nadamos, pasando por la miseria de la economía global que nos juzga, encaminados a la economía de producción social que nos salvará. *.
