En el capitalismo todo tiene precio. Cuando es alto, lo ofertado es más codiciado. La Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) escapa de ese precepto porque es un proyecto de propiedad social.
La GMVV nace cuando el presidente Chávez, después de la vaguada del 2011, ofrece una solución habitacional a los damnificados, como a quienes trabajan toda su vida pero no pueden optar por un techo donde vivir.
Antes de la Constitución del 1999, la vivienda era un negocio. En la IV República, a esos ahora diputados no le importaban las cuotas balón ni los créditos indexados que afectaban a los que no tenían dinero para pagar un inmueble de contado.
A pesar de lo anterior, esa nueva AN, conformada por PJ, AD, CR, entre otros, en el presente, mayoría, aprobó en primera discusión la Ley de Títulos de Propiedad de la GMVV, que no es otra cosa que privatizar las viviendas.
Un beneficiario de esta Misión es quien, como no tiene opción de comprar una casa en el mercado especulativo; después someterse a un proceso de selección, la adquiere a precio subsidiado. Por ende, la garantía de tener donde vivir indefinidamente es lo relevante y no la titularidad.
A pesar de lo anterior, esta nueva AN ataca la propiedad social, y con ello al Poder Popular pues el pueblo pierde capacidad de acción frente al capital que se concentra en pocas manos y favorece la exclusión.
Además, quién confiaría en Ramos Allup que en los ochenta y noventa se lucró favoreciendo al padre de su esposa, Franco D’ Agostini, en varios proyectos construcción para el Estado venezolano; o en un Julio Borges que la calificó como Misión Maqueta pero ahora quiere venderlas al mejor postor.
Definitivamente, esa derecha pretende seguir aprovechándose de la clase trabajadora, negándole el derecho constitucional a la vivienda, una vez que la somete a las leyes del libre mercado.
