Por los días que corren se viene planteando con mucha insistencia la necesidad de resolver los gravísimos problemas del país y de los venezolanos que, como almas comunes y corrientes, caminamos por nuestras rutas y veredas. Adelantar soluciones es un hecho inaplazable que no admite demoras. Hay quienes piensan que sólo la salida del Presidente Maduro y los administradores del estado que lo rodean, pudiera ser el principio para resolver la profunda crisis. Otros exploran alternativas diferentes.
El tema del Revocatorio está a la orden del día en todas las conversaciones, desde las que se verifican en la esquina del barrio, pasando por las calles campesinas, hasta en el derredor de cualquier mesa de una casa sencilla del pueblo. Por mi parte, creo que la activación del Referéndum Revocatorio es constitucionalmente inobjetable, y ejercible por los ciudadanos, salvo que se practique una obstrucción oficial contumaz, que impida la realización de un acto constitucional oportuno y necesario, además de ser significativamente muy importante, para la paz de la República.
La semana pasada se me consultó, sobre las diferentes vías que válidamente podrían ser transitadas para la evaluación de la gestión del Presidente Maduro, y las consecuencias que se derivarían en cada caso. Ofrecí una opinión que después, por diferentes medios, además de las observaciones siempre pertinentes, se me hizo saber que fue ampliamente aceptada.
Comenté que no tenía ningún sentido plantear la renuncia del Presidente, toda vez que se trata de un acto exclusivo de su voluntad, y no de los grupos, o personas naturales o jurídicas que pudieran aspirar una iniciativa como esa. Claro está, en el supuesto de que un pronunciamiento de esa naturaleza se presentara, la Carta Magna contiene las normas aplicables en un caso como ese. Por otra parte, se habla de una acción por abandono del cargo en la que pudiera haber incurrido el Presidente. Creo que sería una acción descabellada, cuando es evidente, a ojos vista, el ejercicio eficaz o ineficaz, malo o bueno de la gestión, pero ella como tal existe y que, en tal sentido, no es posible ver ninguna posibilidad de éxito de que algo así pudiera prosperar.
También se ha venido extendiendo, pero con menor fuerza, la tesis de una enmienda. Debo decir que, quienes tomamos la Asamblea Constituyente en serio, no concebimos este medio de protección a la constitución para atacar una crisis de la envergadura de la que estamos viviendo. Fue plasmada con el propósito de añadir o modificar artículos que no movieran el andamiaje esencial de nuestro Pacto Social. Por ello, no creo que los expedientes de enmiendas o reformas tengan pertinencia en este momento de la República.
En cambio, el Referéndum Revocatorio, que a estos efectos lo voy a calificar como evaluatorio, como habría que llamarlo en sentido amplio, está dispuesto en la Constitución, y durante estos días está corriendo la oportunidad para ser convocado. Sería muy cuestionable que sea enmarañado con formalidades innecesarias, excepto que se quieran recorrer trochas y caminos sinuosos que ninguno conduce al tránsito por caminos reales, y sí, a abismos insondables. En otras palabras, diferentes poderes del estado estarían andando por el camino de los hechos y no del derecho, y al establecimiento de un estado de facto muy alejado del ordenamiento jurídico.
Intérpretes de toda laya han surgido. Exégetas que se creen los únicos con capacidad de leer con propiedad las sagradas escrituras, y con mayor razón la Constitución. Se trata de abogados que han crecido en extensión, pero no así en profundidad. Que han devenido en orates que hacen exégesis a quienes mejores dádivas reales o aparentes le ofrecen. Tienen dos bolas de cristal que revelan el destino al gusto del cliente. Verdaderos sofistas que intentan mediante juegos de palabras, vaciar la realidad consistente de los hechos, y sustituirla con monserga de frases que no se sostienen en el decurso de los minutos. Invocadores de la hermenéutica, que dicen cuándo y cómo puede verificarse una consulta o referéndum. Son como leedores de cartas, adivinadores del futuro, y personajes que sin pena desprecian las opiniones de los campesinos de la comarca.
Pues bien, el mejor intérprete es la gente en marcha que manifestó su voluntad para aprobar el Acuerdo Social que tendría y tiene la rectoría de los destinos de la República. Claro está, que esta sociedad no ve aún con claridad por la neblina andina que está en el medio, el destino al que se dirige, aun cuando entre sombras lo vislumbra; pero si sabe que no puede seguir en un barco al garete que no se dirige al este o al oeste, al norte o al sur, y así como anda hacia delante, pone parte de sus motores para que marche hacia atrás, trabando cualquier avance, girando sobre si mismo, y poniendo a los pasajeros en vértigo enfermizo y agotador.
Los venezolanos tenemos el derecho constitucional a evaluar la gestión administrativa y política. Se trata de una urgencia. Si la sociedad venezolana hace una evaluación positiva de los gestores actuales del estado dirigidos por el Presidente de la República, será una aprobación de sus actos y el referéndum sería confirmatorio, pero si la gestión la imprueba, sería un acto revocatorio que obligaría a la búsqueda de unos dirigentes idóneos que tendrían que tener los mayores compromisos con la patria lesionada, que además tendrían por igual que entristecerse cuando se hiere o mata a un compatriota, o alegrarse como cualquier vecino de la barriada cuando un compañero o camarada recibe la solidaridad de su prójimo, o vive el regocijo porque se tiene el plato de comida encima de la mesa. Finalmente, es una tarea común y compartida, reanimar al venezolano de hoy, exhausto y fatigado, y reconstruir nuestra República, hoy inaceptablemente postrada.
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