Se habla mucho y con razón, de que la Asamblea Nacional, presidida por un aliado y protector del narcotráfico, al desacatar de manera continua y reiterada las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y colocarse por tanto al margen de la Constitución, perdió por completo su legitimidad; se convirtió, sin atenuantes, en un ente absolutamente espurio. Desde luego, que quienes sustentan esta tesis no podrían estar más acertados. Sin embargo, esa no es la única causal en virtud de la cual la Asamblea Nacional haya perdido los atributos, incluso ético y morales, que la califiquen para ejercer sus funciones con la dignidad y decoro inherentes a los poderes del estado; que la acrediten, ante la opinión pública, como un organismo capaz de desempeñar sus delicadas funciones con estricto apego a los valores y virtudes republicanos. Lo cual no es el caso, precisamente, del actual presidente de la Asamblea Nacional, o sea, de Ramos Allup, sobre quien recae fuertes sospechas, muy bien fundadas, de estar ligado al narcotráfico.
Y esto no es una acusación gratuita, producto de la pasión política. Y no lo es, porque, en primer lugar, quien escribe estas líneas no es político, no pertenece a ninguna organización de este tipo. Y en segundo término, porque ahí está la foto del crápula del Ramos Allup en la que aparece estrechamente abrazado con un narcotraficante, miembro, para más señas, de su partido Acción Democrática. Este sujeto, por si no se sabe, lo que es muy probable porque nadie en chvismo se ha encargado de hacerlo conocer, se encuentra preso en Rusia por el delito del narcotráfico. Ahora bien, si hemos de tomar en cuenta el proverbio que dice "dime con quien andas y te diré quien eres", entonces Ramos Allup es el capo supremo de esa mafia de bandidos que es AD y en general toda la oposición de este país.
Pero con lo dicho no se agotan de ninguna manera las causales que determinan la ilegitimidad de ese antro en el que se ha convertido la Asamblea Nacional. La verdad es que esas causales son infinitas. Entre las mismas figuran dos de particular importancia. En efecto, cuando un delincuente cae preso, de inmediato grupos de personas salen no sólo a proclamar su inocencia sino también a exigir en términos perentorios su inmediata libertad. ¿Quienes son esas personas? Por lo general son sus familiares y compañeros de fechorías los que hacen esa vehemente solicitud. Aparte de este grupo de personas, difícilmente se pueda encontrar a nadie más que se muestre dispuesto a pedir la libertad del malandro. Esto es algo de mucha importancia, por cuanto permite identificar a quienes comparten con el delincuente preso sus actividades delictivas. Y esto es justamente lo que ha sucedido con quienes integran la mayoría de la Asamblea Nacional. Estos sujetos califican a quienes han cometido crímenes atroces de "presos políticos". Con ello, en el colmo de la desvergüenza, tratan de justificar sus bárbaras acciones que le han costado la vida a muchos venezolanos. Y lo hacen para luego, a partir de allí, de esa justificación, aprobar una ley que disponga la liberación de esos asesinos. Con lo cual no hacen sino proclamar a voces las afinidades que existen entre los delincuentes presos y los parlamentarios de la oposición. Es decir, que con la aprobación de esa ley esos diputados se están delatando a sí mismos, están diciendo lo que en realidad ellos son: como mínimo unos sujetos tolerantes y cómplices de la delincuencia.
Ahora, ¿se debe permitir que individuos tan descalificados como estos continúen vulnerando con su sola presencia la majestad de un poder del estado tan importante como es la Asamblea Nacional? ¿Un poder que debía ser un guardián insomne de los valores más eximios de la democracia? La respuesta es obvia. De allí que propongamos que tan pronto se resuelva el revocatorio contra el presidente Maduro, el oficialismo, como una medida de profilaxia política, solicite una consulta refrendaria contra quienes integran la mayoría del parlamento venezolano.
P/S: Como Maduro inevitablemente completará su período presidencial y habrá nuevas elecciones presidenciales en el 2019, quien esto escribe propone de una vez que el candidato del chavismo y de las otras fuerzas progresistas para tal ocasión sea ese eminente venezolano que es el Dr. Herman Escarrá. Con él llegará al gobierno no sólo una persona suficientemente preparada para asumir ese reto, sino asumirlo también con indudable acierto y eficiencia. Por otra parte, se trata de un ilustre venezolano con la ponderación y sindéresis necesarias para devolverle al país la tranquilidad y sociego que tanto necesita para su recuperación económica y su desarrollo. Venezuela está cansada de tantos conflictos y rivalidades, conflictos y rivalidades que no han hecho otra cosa que consumir en pugnacidades y confrontaciones estériles lo mejor de sus energías creadoras.
En la legislación venezolana no aparece por ninguna parte la figura del "paro". De allí que todo acto de esta naturaleza sea completamente ilegal. Y si se trata de un paro como el que acaba de decretar la MUD , pues con mayor razón, pues se trató de una acción subversiva destinada a provocar la alteración del orden público y la interrupción de actividades esenciales para la buena marcha del país. Por lo tanto, los responsables de ese hecho que atentaba contra el país y su gente, incurrieron en un delito grave que debió ser sancionado penalmente. Cuando una persona asume la presidencia de la República jura cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. De manera que sancionar a los delincuentes no es opcional, una cuestión de buen corazón, sino una obligación ineludible de las autoridades. Si Chávez hubiera cumplido con su deber y hubiera hecho preso a Carmona y a Carlos Ortega cuando llamaron a un paro indefinido, hoy no estaríamos presenciando como la oposición se encuentra en rebeldía contumaz contra el ordenamiento jurídico del país. La lenidad es una incitación al delito.
